El gobierno de Evo Morales está en proceso de aprobar la denominada Ley de Revolución Productiva, mecanismo por el cual se busca implementar una agresiva intervención estatal en el agro.
“Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”, dice el refrán popular que también puede aplicarse en este caso. Porque lo cierto es que, bajo el manto de una supuesta “ayuda a la producción”, se busca generar una frondosa burocracia creando múltiples empresas agro-estatales, que controlarán desde la exportación hasta la asignación de créditos, pasando por el acopio de semillas y la distribución de insumos.
“Crear una, dos, tres Emapas” podría ser la consigna, ya que la norma habilita al Estado a impulsar múltiples empresas agrarias públicas y mixtas, que presumiblemente correrán la misma suerte de recientes iniciativas estatales en rubros como el papel, el cartón, la leche y el azúcar: poca producción y mucho déficit.
Lo peor de todo es que se reincide con creces en la receta que ha provocado una importante contracción agroalimentaria, con el consecuente desabastecimiento. Nada menos que un 40% es lo que habría caído la producción de alimentos durante los últimos años, a raíz de la aplicación de políticas estatistas hacia el agro, desde los cupos de exportación y los precios obligatorios (“justos”) hasta el giro colectivista y coercitivo de la reforma agraria, generador de inseguridad jurídica y por lo tanto desincentivador de la inversión.
A más Estado, menos alimentos, parece ser la ecuación que se busca profundizar, algo confirmado no sólo por la experiencia nacional reciente sino también por los experimentos estatistas de Hugo Chávez.
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De yapa, la mentada Ley de la “Revolución Productiva” incluye el traspaso de la competencia de regulación de uso de suelos de los municipios al gobierno central, e instituye consejos económico-productivos donde los sectores agrícolas modernos tendrán una pobre representación en comparación a las delegaciones “indígena-campesinas”, en realidad conformadas por las bases rurales del MAS.
Por su parte, las organizaciones agropecuarias de Santa Cruz no dicen ni pío, atrapadas entre redes de intereses particulares cooptados o presionados por el poder, y una errada concepción política de “no hacer olas” para no granjearse mayores hostigamientos gubernamentales…