Víctor Hugo Velasco*
Desde que se inició con este entramado caso, relativo a Eduardo Rozsa y la supuesta confabulación de los cruceños para tratar de derrocar al gobierno de Evo Morales mediante una imposible tentativa separatista, con un ejército imaginario compuesto de apenas 5 personas supuestamente armadas con trastes viejos fabricados a inicios del siglo pasado pertenecientes a alguna “colección privada”, se han observado tantos vaivenes que complican el análisis objetivo de cualquiera que trate de descifrar qué es lo que verdaderamente ocurrió.
Pues aquí develaremos algunos aspectos que es necesario tomar en cuenta antes de continuar con conjeturas equivocadas, que siguen la línea de la conjura gubernamental para instaurar un régimen que hoy gobierna en base al sometimiento asentado en la práctica cotidiana del terrorismo de Estado.
Rozsa Flores no necesitaba ser patrocinado por ningún grupo de cruceños para su arribo a su ciudad natal o a Bolivia, ya que desde hace más de una década, según sus propios registros y fotografías de sus variados blogs, en años anteriores estuvo de paseo por diversos lugares del país. Sin embargo, es conveniente hacer hincapié que esas visitas y viajes se multiplicaron cuando se efectuó el concienzudo análisis del flujo migratorio de la segunda identidad que Rozsa usaba, Jorge Hurtado Flores, donde figuraban una serie de pasajes pagados por la embajada venezolana.
Por ello, no es casual que las últimas horas de su polémica existencia las hubiera pasado compartiendo unos momentos en el mismo hotel donde horas antes a su ingreso estaban ya alojados tanto militares venezolanos como un miembro de jerarquía del Ministerio de Gobierno. No podemos pensar que fue una “triste casualidad” que horas después del aparente atentado al Cardenal Terrazas, a un experiente ex combatiente balcánico se le ocurrió efectuar un riesgoso movimiento de hotel y “justo” va y se aloja un piso arriba de los pilotos presidenciales venezolanos y un cuarto al lado de Luis Norberto Clavijo Castro, pieza clave de la ejecución sumaria ocurrida a posteriori.
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El sesgado análisis del fiscal Marcelo Soza y su inoperancia han sido objeto de una infinidad de observaciones, puesto que no ha respetado ningún principio jurídico en su parcializada investigación, convirtiéndose en un simple agente de represión de la “KGB” boliviana; y en vista de que su trabajo no sirvió para nada, puesto que fue devuelto por el juez que trató instalar la audiencia conclusiva, quien ante el aluvión de nulidades no pudo avanzar y no le quedó otra que ordenar la devolución de la acusación para que fuera redactada de nuevo, porque era incongruente.
Después de más de 2 años de abusos y contradicciones sólo tenemos una acusación calificada judicialmente como incongruente, es por eso que Soza no hace otra cosa que acudir a los medios de prensa para espetar nuevamente acusaciones infundadas a los cuatro vientos; avalancha de infundios desmedida que sólo la efectúa para seguir amedrentando a los bolivianos, pero a la que ingenuamente algunos medios de prensa continúan dándole cobertura para que siga derramando inmundicia, convirtiéndose todos los partícipes en una caja de resonancia de esta nueva tentativa mediática por retoñar un caso que nació muerto por sus falsedades, arbitrariedades y nulidades.
Con la única finalidad de someterlos a un análisis concienzudo del lector, pasaremos a detallar algunos capítulos y escenas de la novela Rozsa-Soza, aspectos que seguramente merecerán más de un calificativo. Para ello simplemente utilizaremos detalles relevantes de las actuales normas en vigencia, además de algunos hechos que han salido a la luz a lo largo de este tiempo.
En la sangrienta Constitución Política del Estado aprobada en La Calancha, se tienen incorporados varios principios que debieron haberse respetado en esta historieta de pésimo gusto: el primero de ellos es que aún rige en nuestro país la presunción de inocencia (art. 116); sin embargo, se ha tratado a los acusados como si ya fueren culpables de los delitos por los cuales se los investiga. Asimismo, en consonancia con los tratados internacionales al respecto, en Bolivia también están constitucionalmente prohibidas la tortura, la violencia física o moral, así como la obtención de declaraciones empleando la tortura, coacción o exacción (art. 114); a pesar de ello, ha habido claras muestras (entre sobrevivientes, fallecidos y detenidos) de que este execrable método ha sido repetidamente utilizado.
En los artículos 115 y 117 se garantiza el derecho al debido proceso, a ser juzgado por tribunales competentes y a la protección oportuna de los derechos e intereses del procesado; pero el gobierno y sus obedientes operadores jurídicos están tratando de que sean juzgados en un lugar distinto de donde supuestamente ocurrieron los hechos, irrespetando su derecho a ser juzgados por el juez natural. En sendos fallos, tanto de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz (Auto de Vista 121/2009) como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Auto Supremo 267/2009), se ordena que este proceso se ventile en tribunales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en aplicación del art. 120 de la misma CPE; sin embargo, ello no ha sido acatado aplicando con ilegal retroactividad el Decreto Supremo N°138, en flagrante atentado a lo dispuesto por estos fallos y por su propia CPE (art. 116 y 117).
Se han ido develando a lo largo de esta pesadilla tantos abusos vividos por un grupo de inocentes y sus familias que a veces resulta increíble ordenarlos en un solo relato, porque si con este conjunto de violaciones no fuera suficiente, encima de todo las pruebas sobre las que basa su acusación el representante del Ministerio Público se encuentran todas viciadas según denuncias y reclamos de los abogados de la defensa, ya que durante el desordenado accionar de la persecución política cometida por su intermedio se recogieron pruebas sobre las que pesan observaciones insubsanables por ser nulas de pleno derecho (art. 114-II). Encima de ello, algunas pruebas han sido destruidas por el fiscal Soza sin autorización judicial alguna y sin anoticiar a los procesados.
Nos preguntamos entonces, ¿con todo esto, dónde quedaría el acatamiento del “ama llulla” -no seas mentiroso- y el ivimarei -tierra sin mal- propugnados por el artículo 8 de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional?
Basta de darle cabida a toda esta sarta de mentiras, infundios, calumnias y difamaciones. Dejemos de ser instrumento o portavoces funcionales de todo este desdeñable comportamiento. Algunos medios de prensa, al prestarse a publicar infundios carentes de pruebas de sostén, están pecando en tornarse funcionales a los fines del gobierno, que en su intento desesperado de resucitar la telenovela Rozsa-Soza continua dándole largas a este nulo proceso judicial. Este caso sólo sirve como cortina de humo que lo usa para distraer la atención del país de los permanentes escándalos de corrupción y narcotráfico en el gobierno.
Esta misma Constitución Política del Estado que juraron respetar y defender los ostentadores del poder político actual, indica en su artículo 118 (I) que está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento. ¿No es acaso eso lo que está sucediendo en esta novela? Se ha expuesto a los procesados a una condena mediática previa, al desfile nacional de la vergüenza llevándolos esposados de un lugar a otro del país, se los tiene indebidamente detenidos en San Pedro cual si fuera un nuevo campo de concentración, especialmente concebido para cruceños autonomistas.
No se ha comprobado la culpabilidad de los encausados pero se los trata como culpables, se ventila sus nombres a los cuatro vientos atropellando dignidades, reputaciones y el buen nombre de familias trabajadoras y honestas. La lista de encausados está compuesta, a excepción de Villa Vargas, de ciudadanos que no poseen antecedente criminal alguno, porque son profesionales dedicados a su familia y trabajo, cuyo pecado fue tener en mayor o menor grado algún contacto con Rozsa Flores. Y que sin embargo no les han demostrado haber participado en el atentado o atentados que se le imputan al difunto ni peor en algún intento de alzamiento armado, puesto que tampoco existió alguno. Gracias a Dios, sólo tratan de alterar las evidencias procesales y no pueden manipular nuestra memoria. A pesar de todo, ¡no han podido probar nada! Porque los delitos acusados no existieron.
Es increíble que en pleno siglo XXI agentes gubernamentales hubieran procedido a una cavernaria ejecución sumaria. Recordemos que la CPE protege la vida (art. 15). Propios y extraños -peritos incluidos- dudan de la veracidad del enfrentamiento con la policía. Si así hubiera ocurrido por qué ninguno de los efectivos de la UTARC fue herido y en cambio los supuestos expertos en combate urbano fueron abatidos fácilmente.
Detalles publicados recientemente nos muestran que el arma que supuestamente pertenecía a Magyarosi estaba descargada y envuelta en una bolsa; demuestran también que Dwyer murió de un balazo calibre 45 en el corazón disparado de corta distancia. Calibre del que no se encontró ningún otro disparo en la pericia balística. ¡Qué casualidad que el único tiro de ese calibre acabara en el pecho del irlandés!
Mientras las otras muestras de proyectiles alojados en paredes y puertas provenían de las armas de la UTARC, quienes usaban otros calibres reglamentarios. Existen pruebas forenses que en las necropsias se observan señales de torturas. Los otros dos sobrevivientes (Tadic y Tóásó) también fueron torturados, el testigo sobornado Villa Vargas también fue objeto de torturas, los ex unionistas Gueder y Mendoza luego de ser secuestrados violentamente fueron sometidos a vejámenes y torturas. Además, la necropsia del rumano demostró que se dejó agonizar a Magyarosi por horas hasta que murió ahogado en su propia sangre, a pesar de estar a un par de cuadras de dos grandes hospitales como la Caja Petrolera de Salud y el Hospital San Juan de Dios. ¡Qué forma de respetar el derecho a la vida!
Han tratado de configurar un delito imposible y transformarlo en un delito real, no se dan cuenta que no se puede matar ni un pajarito con una pistola de agua. Al igual que con esos trastes viejos del famosísimo “arsenal” incautado no se podría armar un ejército, ni por calidad peor por cantidad. Con ese “arsenal de museo” lo peor que podría pasar es que alguien le diera tétano, porque con esos fierros viejos no se podría haber enfrentado ni a la custodia policial asignada a los clásicos de fútbol. ¡Qué aberración!
En Santa Cruz se cultiva la paz porque el cruceño no es una persona violenta, prueba de ello es que con el cerco de septiembre de 2008 el pueblo no reaccionó ante la evidente provocación de las hordas masistas armadas y violentas. El activismo cívico es democrático y no violento. Acaso no desfilaba toda la institucionalidad cruceña de blanco y verde, flameando banderas, prendiendo calcomanías y vistiendo poleras con mensajes autonómicos. Orondos y orgullosos de los resultados victoriosos obtenidos en las todas gestas democráticas por la autonomía. Hoy toda esa institucionalidad se encuentra perseguida y acallada, sólo se escucha el apoyo solitario del Comité pro Santa Cruz y de los familiares de los detenidos y perseguidos políticos. El liderazgo institucional está temeroso del poder político y de ser judicializado, ya sea por supuestos terroristas-separatistas o como financiadores de los mismos.
Es verdad que en Santa Cruz ocurrieron una serie de delitos; sin embargo, no fueron cometidos por los autonomistas hoy detenidos, procesados y en el exilio forzado; en Santa Cruz se ajustició a tres ciudadanos europeos, se alteró dolosamente los escenarios del crimen, se modificaron criminalmente los contenidos de las computadoras, se acusó falsamente la comisión de imposibles delitos a gente inocente, se extorsionó a más de un centenar de empresarios para acallar sus voces de protesta, se compró el testimonio de testigos falsos por parte de funcionarios gubernamentales y encima se judicializó la política para evitar el surgimiento de líderes que continúen dirigiendo la oposición al régimen autocrático de Evo Morales. Esos son los verdaderos delitos cometidos; sin embargo, no existe un solo procesado a pesar de las abundantes pruebas en audios, videos y fotografías que son de conocimiento público.
Estos 27 meses transcurridos se han regado con la sangre de los ajusticiados y las lágrimas de muchas familias, que están sufriendo la detención y la persecución injustificada de sus seres queridos. Esta pequeña pero funesta parte de la historia cruceña está consolidando la desaparición del sentido ético cruceño. Nos robaron la dignidad, nos extirparon el alma y nos acallaron la voz. Hoy reina el hastío y la indiferencia. Los atropellos gubernamentales son parte de nuestro diario vivir y seguimos con la cola entre las piernas. ¿Hasta cuándo?
*Presidente de la Asamblea Boliviana de Derechos Humanos