María Cristina Viscarra*
En el contenido de la esta ley se habla de tecnificar la producción del agro a través de créditos que permitan acceder a maquinarias y tecnología, se mencionan sistemas de riego, de seguros contra mala cosecha y otros, pero no se especifica cómo se van a distribuir estos recursos puesto que no se aclara qué se pretende con esta ley, si se trata de iniciar un proceso de producción a gran escala ni de cómo se organizará para ese fin a la “economía comunitaria”, conformada mayoritariamente por pequeños parcelarios minifundistas y asentados en la parte andina de Bolivia.
Los trescientos mil dólares que ha ofrecido el gobierno nacional para tecnificar el cultivo con sistemas de riesgo sólo alcanza para -dependiendo del tipo de terreno, nivel y composición- 150 o 375 hectáreas, lo que significa que la contraparte subnacional (municipio, gobernación, gobierno indígena) tendrá que invertir exponencialmente la suma aportada por el Estado. Conclusión: el aporte real del Estado no será determinante en la introducción de sistemas de riego en Bolivia.
¿Y qué hay del Seguro Agrario Universal “Pachamama”? Es un arma de doble filo, ya que si bien desde el punto de vista del agricultor es beneficioso que ante inundaciones, sequías u otros fenómenos el gobierno devuelva hasta el 70% de la inversión, también eso genera una suerte de “adormecimiento”, ya que muchos descuidarán sus cosechas y no tendrán la voluntad para aprender los conocimientos que necesitan para sus cultivos.
No olvidemos que Bolivia no es sólo los ayllus y otras comunidades andinas, que mantienen sus “conocimientos ancestrales” con cultivos que no necesitan de tanto “detalle” de suelo, humedad y otros como en las tierras bajas del oriente boliviano, donde esos “conocimientos ancestrales” no funcionan justamente por ser “originarios de otros lares”.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Tenemos que recordar que los pueblos o comunidades orientales que aciertan en el imaginario “indígena-campesino-originario” no eran agricultores sino recolectores y que por ende no cuentan con “conocimientos ancestrales” agropecuarios, que fueron adquiridos con el mestizaje.
Además, por los cambios climáticos que sufre nuestra tierra, basarse únicamente en los “conocimientos ancestrales” para el oriente boliviano es burlesco e insultante por ser colonizante. El que quiere cultivar en gran escala debe manejar tecnología de punta que mida la humedad en el suelo para saber el preciso momento de poner la semilla y vive pendiente, casi esclavo, de los pronósticos climáticos que dan los sitios especializados de Internet.
Eso es hacer agricultura en serio y no lo que expresa esta ley “revolucionaria”, que sólo lo es para los demagogos que conocen del tema en teoría y no tienen la más remota idea de lo que es, en especial en el oriente boliviano, ser agropecuario.
El pulpo estatal se expande
Si de algo servirá esta ley es para generar nuevas prebendas. Esta ley crea tres empresas estatales: una agroquímica, una de acopio de semillas y una EMAPA SAM para la comercialización interna y la exportación de productos agropecuarios.
Todos sabemos que el negocio de insumos, maquinarias y servicios agropecuarios es multimillonario y sustenta a gran parte de los “ricos” u "oligarcas" del departamento de Santa Cruz. El gobierno ha asestado un golpe certero, aunque aún no se hayan dado cuenta las futuras víctimas, para robarles el negocio a estos visionarios y emprendedores bolivianos que apostaron al agro cruceño invirtiendo su capital en representaciones y servicios, que apoyen y faciliten el desarrollo de este sector.
Al crear estas empresas estatales, el gobierno iniciará una competencia desleal con todos los empresarios dedicados a proveer insumos al sector agropecuario, con lo cual poco a poco irá ahogando y debilitando a la locomotora económica de la región más opositora a su gobierno. Esto sin mencionar que también perjudicará al sector productor pequeño y mediano, que actualmente recibe asesoramiento técnico gratuito en los cultivos y usos de productos con seguimiento profesional, cosa que dudo que consiga hacer el gobierno, ya que antes de ayudar y ver las tierras con ojo técnico las verán con ojos confiscadores.
Así también, con la creación de una empresa acopiadora de semillas y EMAPA SAM se irán desarticulando instituciones o asociaciones fuertes que aglutinaban a sectores económicos muy importantes del oriente boliviano, instituciones que también han sido una fortaleza para la oposición, principalmente durante las luchas autonómicas.
En vez de promover asociaciones, cooperativas u otro tipo de instituciones comunitarias indígenas-campesinas-originarias y tomar como modelo la organización de pequeños y medianos agropecuarios del oriente boliviano, quienes con gran esfuerzo y éxito consiguieron desarrollar el sector y buscar mercados externos dónde colocar sus excedentes productivos, este gobierno nacional lo que hace es crear competencia desleal de empresas estatales para ir ahorcando y controlando cada paso de las privadas, cada centavo que llegue a manos “oligárquicas” y “separatistas”.
El sector agropecuario del oriente tiene un poder similar al que tiene la minería en el occidente. ¿Sin embargo, usted cree que el gobierno se animaría a elaborar ley alguna que genere competencia económica desleal para que la minería pierda empoderamiento político y económico? ¡Claro que no!
Esta ley no está hecha para construir un nuevo agro o sacar de la pobreza a la población rural, sino para destruir el agro ya organizado y empoderado del oriente boliviano.
*Diputada nacional