Bolivia. El proyecto de Ley de Telecomunicaciones aprueba las escuchas en caso de que esté en riesgo la seguridad interna o externa del Estado.
DIFUSIÓN. Antenas empleadas para la estatal Entel – La Prensa
Por Gabriela Imaña – La Prensa
El Gobierno podrá “pinchar” llamadas
El Órgano Ejecutivo podrá hacerlo en caso de que se considere que está en riesgo la seguridad interna o externa del Estado.
Atentados al país, peligro para la seguridad del Estado, amenazas externas, conmoción interna o desastres son los justificativos para que el Ejecutivo pueda intervenir el sistema de telefonía sin restricción, según indica el proyecto de Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación en su artículo 111.
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“En caso de peligro para la seguridad del Estado (…), los operadores y proveedores de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación estarán obligados a cooperar y poner a disposición de las autoridades públicas legítima y legalmente constituidas, de manera gratuita y oportuna, las redes y servicios, así como la emisión, transmisión y recepción de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación que les sean requeridas”.
Según fuentes allegadas a la Asamblea, si el Gobierno siente amenazas contra el Estado o su mandato de parte de alguna persona o institución, tendrá la libertad de intervenir las líneas telefónicas y servicios de telecomunicaciones. “Con esto, ya no tendremos la libertad de pensar a oposición del Ejecutivo”.
En el mencionado anteproyecto se modificó el artículo que disponía la condonación de la deuda de Entel. La disposición fue eliminada por no tener consenso dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Esta fuente explicó que “la deuda que Entel adquirió con la capitalización no puede absorberla el Estado porque genera mayor gasto y hubiera representado alrededor del 40 por ciento de lo que costó su nacionalización”.
No se descarta modificaciones. Una de las primeras tareas que se realizarán en el marco del tratamiento de esta norma es la revisión de la correspondencia respecto de las solicitudes que los diferentes sectores de la población hagan llegar a la Comisión, adelantó el senador del MAS David Sánchez.
En ese sentido, Sánchez aseguró que el Senado no estará “cerrado” a las propuestas que puedan llegar en relación con esta norma. “Tenemos dos semanas para recibir audiencias, recibir preocupaciones respecto a esta Ley de Telecomunicaciones, antes de pasarla al pleno de la Cámara de Senadores”, señaló, también dijo que esperan aprobar la norma antes de las fiestas patrias.
Sánchez, quien sostuvo que en el pasado las licencias fueron concedidas a favor de ciertos políticos, por lo que pudieron asumir funciones de orden periodístico, aseguró que son declaraciones generalizadas y peligrosas, puesto que ello debe ser demostrado, ya que algunas estaciones de radio han desempeñado un rol de servicio a la comunidad por ser de servicio para el pueblo.
15 cooperativas de serán perjudicadas con la Ley de Telecomunicación si es que no es modificada.
La frase
"Veremos cómo se absorberá el costo de la deuda de Entel, en qué medida va a generar una distorsión en el mercado de las telecomunicaciones, hay varias dudas”.
David Sánchez / SENADOR DEL MAS
Hugo Franco, presidente de la Federación de Cooperativas Telefónicas de Bolivia (Fecotel), dijo que la Ley de Telecomunicaciones perjudicará a su sector, lo que repercutirá en el bolsillo de los bolivianos porque no se modifica para favorecer a los ciudadanos. “Nos están cercenando los ingresos por cargos de interconexión, por llamadas de larga distancia, por no dejarnos la movilidad restringida que recomienda la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por incrementarnos al dos por ciento de ese fondo para desarrollo social”. Dijo también que “si el Gobierno nos otorgara una frecuencia para dar telefonía móvil, las tarifas bajarían cuando menos a un 50 por ciento”.
La permanencia de 14 medios locales peligra con nueva ley
Norma. Se verán afectados por la distribución porcentual del espectro.
Disposición. La normativa establece una distribución del 33% de la frecuencia para los medios del Estado. Varios trabajadores de radio y TV la califican de excesiva
El Deber, Marcelo Suárez
Santa Cruz. En caso de promulgarse la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, el panorama para los medios cambiaría sustancialmente, según lo vislumbra la gente de radio y TV que se vería afectada por la redistribución de frecuencias que establece un 33% para el Estado; otro 33% para privados; el 17% para el sector social comunitario y otro 17% a los pueblos indígenas originarios y campesinos.
Con respecto a las televisoras locales, tendrían que desparecer siete (dos en VHF y cinco en UHF) de las 21 que actualmente transmiten en los dos sistemas. Por su parte, de las 49 estaciones de radio FM desaparecerían siete estaciones privadas, sin tomar en cuenta las emisoras religiosas, cuya figura aún no es clara dentro del nuevo proyecto de ley, que se discute actualmente en el Senado.
Esta no es la única duda que ronda entre los radialistas, que han observado una serie de ambigüedades en la norma y las han dado a conocer a través de un documento emitido por la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora) en el cual señalan que la ley presenta vacíos jurídicos. Una de las observaciones se refiere a la función que desempeñan las radiodifusoras, ya que sus objetivos están basados en la orientación a la ciudadanía, de servicio, de información, entretenimiento, educación y enseñanza.
“Esta ley puede tener algunas cosas positivas, pero hay que ver cuando se realicen los contratos con las emisoras. En lo referido a la transmisión obligatoria del discurso presidencial sigue siendo ambiguo, a pesar de que nos dijeron que serán solo dos transmisiones al año. Asimismo, no aclara la diferencia entre las radios comunitarias y las indígenas originarias”, señaló el vicepresidente de Asbora, Enrique López
Al respecto, el diputado Marcelo Elío, responsable de los cambios del proyecto de ley, dijo que se le está dando una interpretación errónea a la normativa, sobre la cual asegura que garantiza el trabajo de los medios y su permanencia en el éter con la posibilidad de renovar las licencias de 15 años una sola vez. “Un medio podrá conservar su licencia hasta 30 años; hemos incrementado su permanencia de manera automática”, expresó Elío.
El proyecto de ley original, redactado por el órgano Ejecutivo, señalaba que la licencia iba a ser de 10 años y se podría renovar una sola vez.
Por su parte, la senadora Centa Reck, advirtió sobre el riesgo de que los medios sean cerrados a partir de las atribuciones que tendrá la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), entidad a la que deberán migrar los nuevos contratos suscritos con los medios. “Es una intervención total en la comunicación. Esa redistribución porcentual es para que el Gobierno tenga cada vez más medios de comunicación en sus manos. Está en el espíritu de esta nueva ley”, mencionó la asambleísta.
El gerente general de PAT, Sergio Weise, lamentó que los medios no hubiesen sido convocados para participar de la elaboración de la ley e indicó no estar de acuerdo con la distribución de las frecuencias porque el “Estado no es capaz ni de de montar un canal de TV que sea autosustentable”.
De criterio similar es el comunicador Max Torres, que considera el Gobierno pretende contar con la mayor cantidad de medios solo con subvenciones, pues no tiene recursos para realizar producción nacional. “En el caso de las radios comunitarias, lo que ha hecho es darle transmisores y antenas para que funcionen, pero los comunitarios nos han sido capacitados, lo que hacen es repetir lo que se emite en radio Patria Nueva”, aseguró Torres.
Para el MAS son recursos universales
La asambleísta por el MAS Gabriela Montaño afirmó que el punto más importante de la propuesta de esta ley que se estima sea aprobada esta semana para su promulgación a cargo del presidente Evo Morales, es que las telecomunicaciones son un derecho humano y universal.
Montaño, dijo que el proyecto fue pasado el viernes a una comisión del Senado antes de ser debatido por el plenario para la etapa final de su aprobación en el Legislativo. “Las telecomunicaciones, vale decir la telefonía fija y móvil, Internet y los medios de comunicación que ocupan el espectro electromagnético radioeléctrico deben estar al servicio de los ciudadanos para el desarrollo económico y social", anotó. Agregó que “el espectro electromagnético y el espectro radioeléctrico son un recurso natural que debe ser administrado democrática y equitativamente”.
El diputado oficialista Marcelo Elío secundó a la senadora al indicar que “se trata de recursos estratégicos reconocidos por la Constitución Política del Estado, por lo que son derecho de todos los bolivianos”.
Al respecto, el coordinador general de radio Santa Cruz, Carlos Salazar, dijo que desde ese punto de vista la ley es positiva, pero cuestionó la asignación del porcentaje de frecuencia que se ha establecido a los medios estatales, el cual, según su parecer, no debiera ser más del 10%. “Hay que democratizar los servicios. La Internet de Bolivia es la más cara del mundo, se debe privilegiar a los medios educativos antes que a los del Estado”, afirmó Salazar.
Pormenores
Cambios. Mientras el proyecto original enviado por el Ejecutivo señalaba un 80% de las frecuencias para el sector privado y un 20% para para los medios del Estado, el documento aprobado el viernes en la cámara de Diputados dispone un 33% para el Estado; otro 33% para privados; el 17% para el sector social comunitario y otro 17% a los pueblos indígenas originarios y campesinos.
Ambigüedad. El proyecto de ley no deja en claro la definición y naturaleza jurídica de los medios comerciales y los del sector social comunitario, especialmente en lo que concierne a las formas de financiación de ambos.
Licencia. Los medios de comunicación tienen un periodo de renovación cada 15 años y con la posibilidad de ampliarlo ante el cumplimiento de requisitos.
Decomiso. La Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones (ATT) podrá disponer el decomiso de los equipos de generación de señales y antenas de transmisión utilizadas sin licencia por los medios.