Existen más de 300 solicitudes de concesión de licencia para radio y televisión que están a la espera de la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones. Diputados aprobaron hasta ayer 69 de 110 artículos de la ley.
Asambleístas durante una sesión en el hemiciclo.
Página Siete / La Paz – 21/07/2011
Más de 300 gobiernos municipales y las gobernaciones administradas por el MAS pretenden adjudicarse frecuencias de radio y televisión una vez que se apruebe la Ley de Telecomunicaciones en la Asamblea.
El presidente de la Comisión de Planificación y Política Económica en Diputados, Marcelo Elío, informó que “son varias gobernaciones en el oriente y en el occidente que están solicitando implementar canales y estaciones de radio, son casi la totalidad de los municipios que están en afanes de implementar medios de comunicación”.
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El Estado boliviano cuenta con 337 gobiernos municipales, de esta cantidad el MAS controla más de 230, mientras que de las nueve gobernaciones, el partido oficialista tiene a su cargo siete.
El diputado Elío dijo que las frecuencias que se dotarán tanto a municipios como a gobernaciones saldrá de la cuota que le corresponde al Estado, según la nueva Ley de Telecomunicaciones, es decir 33%.
Ese 33% está constituido por el Gobierno central, subgobiernos nacionales y las universidades. En este porcentaje también están las frecuencias concedidas a Bolivia TV, radio Patria Nueva, las radios comunitarias del Gobierno, los canales de televisión y radios de las universidades públicas. A éstos se sumarán las alcaldías y gobernaciones.
Según la red UNO hay al menos 347 solicitudes de licencia que están esperando la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones que hasta ayer alcanzó una aprobación parcial.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó 69 de los 110 de la norma y el tratamiento se retoma hoy, a partir de las 9:00.
El presidente de la Cámara Baja, Héctor Arce (MAS), destacó que la construcción de la propuesta se haya realizado de manera conjunta con los sectores involucrados en el tema en diversas reuniones, donde se hicieron aportes en el marco del derecho a la protección de la propiedad privada, tal como lo establece la Constitución Política.
“Sobre esta Ley de Telecomunicaciones hemos tenido reuniones con la Confederación de Empresarios Privados, con los sectores de las empresas, con el Viceministerio de Telecomunicaciones, ellos entienden que la lógica es diferente, nosotros no vamos a afectar nunca la propiedad privada, pero sí la propiedad privada tiene que convivir con una lógica fundamental, queremos socios y no patrones”.
La oposición, no obstante, tiene sus observaciones a la distribución de frecuencias, pues si bien el Estado se queda con un 33% de las frecuencias -la empresa privada también tiene un 33% de participación- a esto se suma el 17% de frecuencias asignadas para pueblos indígenas y otro 17% a sindicatos o radios comunitarias que en criterio de la diputada opositora Elizabeth Reyes formarán parte del MAS.
La diputada Marcelo Revollo (MSM), por su parte, dijo que el MAS se rehusó a aprobar una reglamentación para el uso de frecuencias con base en la tabla de distribución definida en la ley.
Apuntes para destacar
Distribución. Según el proyecto de ley que está en proceso de aprobación, el Estado se queda con 33% de las frecuencias, la empresa privada con otros 33%, los sindicatos y organizaciones sociales con un 17% y los pueblos indígena originarios campesinos con otros 17%.
Sospecha. La oposición considera que si el Estado tiene un 33%, también implica que tomará el control de las frecuencias asignadas a los pueblos indígenas y organizaciones sociales porque muchas de ellas son afines al Gobierno.
Justificación. El MAS dice que la norma fue consensuada con organizaciones, empresarios privados y que se están realizando ajustes al proyecto de ley.