Ratifican movilizaciones para el 15 de agosto: los indígenas del TIPNIS, Fejuve de El Alto, los cívicos de Potosí y oriente cruceño insiste en renuncia de ministra Achacollo.
La Razón – Paulo Cuiza – La Paz
RATIFICAN PROTESTAS Y EL GOBIERNO INSISTE EN DIALOGAR
Tres sectores ratificaron movilizaciones para el lunes 15 de agosto: los indígenas del TIPNIS, juntas vecinales de El Alto y los cívicos de Potosí. El Ejecutivo insiste en negociar.
Ante la ola de protestas sociales que acecha al Gobierno, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, se declaró extrañado por la confluencia de las movilizaciones ratificadas para el lunes 15 de agosto e insistió en la convocatoria al diálogo con los distintos sectores.
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Reunión. El presidente en ejercicio, Álvaro García Linera (der. al medio), se reunió ayer con dirigentes de la COR de El Alto. Fue en Palacio.
“Es una extraña confluencia de movilizaciones”, sostuvo a La Razón la autoridad al ser consultado sobre si las movilizaciones responden a intereses políticos de algunos sectores.
El próximo lunes, tres sectores iniciarán movilizaciones en contra del Gobierno: los indígenas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que pretende parar un proyecto vial, comenzarán una marcha desde Trinidad; los cívicos de Potosí se movilizarán debido al incumplimiento gubernamental a los acuerdos firmados el 2010; y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) cumplirá un paro en reclamo por la realización el 2011 del Censo de Población anunciado para mediados del próximo año.
“Si no hay intereses políticos, no hay cosas de trasfondo, seguramente la línea del diálogo se va a imponer y las movilizaciones serán innecesarias”, insistió Romero.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Eugenio Rojas afirmó que “sospecha” de un plan desestabilizador del Gobierno en las protestas. “Ahí estarían Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), Carlos Sánchez Berzaín (ministro de Defensa de Sánchez de Lozada) y algunos países que estarían financiando (las movilizaciones)”.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, señaló el jueves que “intereses de la derecha” están detrás de las movilizaciones.
Al respecto, la diputada de Convergencia Nacional (CN) Adriana Gil sostuvo que los grupos que buscan perjudicar al Gobierno están dentro del propio Órgano Ejecutivo. La legisladora pidió al Gobierno sentarse a dialogar con los sectores en conflicto porque, dijo, “se trata de grupos afines al MAS” .
Romero reiteró que el diálogo está abierto. Precisó que en el caso del TIPNIS la administración de Evo Morales convocó a una consulta indígena que fue rechazada y que se atendió a Potosí. En el caso del Censo, afirmó que se requiere de diversos elementos para su desarrollo. “Se perjudican ellos mismos”, dijo la autoridad.
Efectos de problemas sociales
TIPNIS
La marcha de los indígenas en el TIPNIS estará encabezada por la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y partirá del Chapare a la ciudad de La Paz el lunes.
Cívicos
El lunes, pobladores de Coroma marcharán a Potosí y en la tarde se citará a un cabildo para ver si se toman otras medidas de presión. Potosí reclama el cumplimiento de seis puntos fijados el 2010.
Los indígenas alistan marcha
A dos días de iniciar una marcha de 600 kilómetros, los dirigentes indígenas del oriente boliviano empezaron a concentrarse en la ciudad de Trinidad (Beni), de donde saldrá la caminata.
Los indígenas de la Subcentral TIPNIS, que encabezarán la marcha, ratificaron que llegarán a la sede de Gobierno para dialogar sólo con el Presidente sobre la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
“Esta marcha arranca el (próximo lunes) 15. La fecha queda inamovible, eso se confirma y se ratifica”, expresó el diputado y líder indígena de la Amazonía, Pedro Nuni (MAS), según informó la agencia AFP. Nuni descartó acudir a cualquier diálogo convocado por los ministros del presidente Evo Morales.
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, pidió anoche a los líderes indígenas que éstos “no sacrifiquen en la marcha a las mujeres y niños” de las poblaciones del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
“Lo importante es que existan propuestas” alternativas para la construcción del segundo tramo de la carretera. “El Gobierno está dispuesto a conversar sobre este tema con la agenda abierta, pero sin ningún tipo de condicionamiento”, manifestó.
De su parte, el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, remarcó que la obra establecerá la presencia del Estado en un territorio que es “depredado” por algunos grupos que explotan los recursos naturales del parque de forma ilegal.
“La construcción de la carretera salvará al parque”, dijo ayer a medios locales. “La (marcha de) protesta es contra este Gobierno insensible, caprichoso y soberbio que no quiere entender el derecho de los pueblos indígenas” a preservar su territorio, afirmó a su vez Nuni.
El secretario general de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Antonio Mullisaca, recordó que al igual que en la construcción de otras obras de infraestructura, los habitantes del TIPNIS tendrán una “indemnización económica” que estará en función al estudio ambiental.
Asimismo, anunció que en las próximas horas se hará conocer en detalle cinco alternativas que contempla la ABC para la construcción del segundo tramo de la carretera. Las opciones, agregó, contemplan el menor daño ambiental en su trazado.
La Subcentral del TIPNIS decidió el miércoles suspender cualquier posibilidad de diálogo durante la marcha a La Paz y dialogar solamente con el Primer Mandatario.
“Los compañeros del TIPNIS han comunicado que no habrá ningún diálogo antes ni durante la marcha. Esa posibilidad se dará sólo en La Paz y es ahí cuando se esperará la propuesta alternativa del Gobierno”, remarcó el dirigente Pedro Vare.
Gobierno neutraliza conflicto en Yapacaní
Las medidas de presión en la zona de Yapacaní fueron levantadas ayer tras un acuerdo entre el Gobierno y dirigentes de los productores de la zona que, entre otros aspectos, refiere gestiones para que las Fuerzas Armadas y otras instancias públicas compren arroz.
El documento firmado entre las partes señala que se establecerá una estructura de costos de producción de arroz para definir precio y volúmenes de compra. El Gobierno gestionará ante la institución armada la compra de 31.000 quintales del producto, sin dejar de lado similares gestiones en la Policía, sindicatos de empresas públicas y cooperativas.
Los productores de Yapacaní exigían la conservación de la reserva el Choré y el Parque Nacional Amboró, saneamiento de tierras, producción agropecuaria y financiamiento de proyectos de electrificación.
El documento prevé que se procesará denuncias sobre extracción ilegal de madera de las reservas naturales y que se agendará reuniones para saneamiento de tierras y diseño de proyectos como la construcción de centros de acopio, una planta procesadora de frutas y electrificación rural. Los productores levantaron las movilizaciones que estaban en un cuarto intermedio a la espera de los resultados del diálogo.
Productores insisten en renuncia de Achacollo
Tensión. Solo en San Matías sigue el bloqueo. En Pailón y Yapacaní la medida se suspendió. En La Paz, se analizará este pedido sectorial. Los exportadores reportan pérdidas millonarias.
Medida. En Pailón, unos cien policías procedieron a desbloquear la vía de comunicación con Beni y vigilaron el lugar
El Deber, Juan Carlos Salinas Cortez
La reunión, hasta la madrugada de ayer, entre el Gobierno y los representantes de la Federación Intercultural de Yapacaní, abrió un espacio de diálogo y aseguró que los piquetes de bloqueo en Pailón y Yapacaní se suspendan hasta el 16 cuando en La Paz se realice el ampliado nacional donde los indígenas y campesinos van a debatir la situación de la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo.
Iver Campero, presidente del comité de bloqueo de Yapacaní, que participó en la reunión con los ministros de la Presidencia, Desarrollo Rural y Tierras y Desarrollo Productivo, Carlos Romero, Nemesia Achacollo y Teresa Morales, respectivamente, explicó que de los puntos planteados al Ejecutivo solo uno no fue atendido y es que pide la renuncia de Achacollo.
Campero indicó que para destrabar la situación se optó por aceptar un cuarto intermedio y suspender todas las medidas de presión. El dirigente señaló que en el encuentro, que duró unas siete horas, se acordó que las FFAA compren a los productores de arroz 31.500 quintales, a Bs 250 el quintal. Se estableció hacer un análisis sobre el rol de Emapa.
En la reunión, según Campero, el Ejecutivo se comprometió a trabajar en mejorar la electrificación y la infraestructura vial de las zonas demandantes y en acelerar los proyectos productivos, mientras el viceministro de Tierras, Manuel Pinto, tomó nota del pedido de los productores que reclaman más celeridad en el saneamiento y titulación de las tierras productivas del lugar.
Heber Justiniano, principal representante de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz, subrayó que también optaron por suspender provisionalmente el bloqueo de vías en Pailón.
“Estaremos presentes en el ampliado nacional donde se va a reiterar que la ministra Achacollo deje su cargo. La principal observación que se le hace es que ella cuando elabora y pone en marcha sus programas productivos no toma en cuenta a los verdaderos actores del campo, que son los indígenas y los campesinos, que son la base de este Gobierno. Por eso, si no escuchan nuestra demanda volveremos a los bloqueos”, amenazó Justiniano.
En El Alto, Rubén Paz, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), reiteró que el 15 de agosto van a realizar un paro con bloqueo en demanda de que se realice el censo 2011, se aumente la partida presupuestaria y se otorgue plena autonomía a esta ciudad.
Ante la posibilidad de una división dentro de la Fejuve, Paz sostuvo que no existe pues la demanda de esta institución es compartida por todos los alteños.
Sobre los conflictos en marcha (El Alto, Potosí, San Matías y la Chiquitania), Carlos Romero, ministro de la Presidencia, señaló que el Gobierno está abierto al diálogo y a escuchar todas las demandas que sean justificadas y que no sólo tengan un interés sectorial o que sean pedidos injustificados. “Los alteños, la población de Potosí o de San Matías, con seguridad que tienen el derecho a demandar y a pedir que el Gobierno tome en cuenta sus necesidades y lo vamos hacer, pero de ninguna manera podemos entablar un acercamiento en un escenario de conflictos y amenazas. Ya se avanzó con las Seis Federaciones Interculturales de Santa Cruz, lo mismo se hará con los demás reclamos”, precisó.
También volvió a reiterar que el Gobierno se caracteriza por escuchar a todos los sectores sociales y atender sus demandas cuando son justificadas.
Para Víctor Hugo Vázquez, viceministro Desarrollo Rural y Agropecuario, las demandas técnicas y económicas de cualquier sector siempre van a ser atendidas por el Gobierno, pero aquellas que solo son políticas e interesadas no van a tener cabida en la agenda que maneja el Ejecutivo que no va a aceptar que prime las medidas de presión.
Se pierde $us 1,3 millones por día de bloqueo
Al menos 56 bloqueos originados por conflictos sociales han paralizado las operaciones de comercio exterior en lo que va del año, situación que preocupa a los exportadores dada la incidencia negativa en el desarrollo efectivo de las ventas internacionales del país y las importaciones.
Según Ramiro Monje, presidente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), estas medidas de presión asfixian la economía nacional, puesto que no solo ocasionan demoras en el cumplimiento de contratos para los exportadores, sino también afectan el efectivo abastecimiento de los mercados locales repercutiendo en la elevación de los índices inflacionarios.
“Cuando se bloquea una vía de exportación, los bolivianos dejamos de vender hasta 1,3 millones de dólares por día”, señaló Monje.
Además, resaltó que se pierde la confianza de compradores y se pagan multas por incumplimientos de contratos.
Ante esta situación, Monje instó a los sectores involucrados al diálogo para la resolución de conflictos y a los gobernantes cultivar una “cultura de la producción” en beneficio de los bolivianos.
En detalle
Chiquitania. Dirigentes del bloque cívico y transportistas indicaron que el 17 irán al bloqueo de las rutas que vinculan a las provincias chiquitanas con Santa Cruz. En vista de que el Gobierno no mandó a nadie a la reunión en Roboré, que exige celeridad en la nacionalización de los autos ‘chutos’ y la eliminación de las multas por parte de la Aduana a los dueños de motorizados
San Matías. Va por su tercer día de bloqueo en el paso fronterizo con Brasil en demanda de un mejor trato de las autoridades del vecino país.
Potosí. Autoridades de Coroma convocaron a los ciudadanos de la Villa Imperial a participar en la marcha de protesta el 15 para recordar el año del paro de los 19 días en demanda de seis puntos del pliego regional. Los potosinos piden la construcción de un aeropuerto, el funcionamiento de la planta de Karachipampa, la construcción de una fábrica de cemento, la concreción del plan vial (Bella Vista-Cotagaita), preservación del cerro Rico de Potosí y la solución al diferendo de límites con Oruro (por la disputa del cerro Pahua) en el municipio de Coroma, rica en yacimientos de piedra caliza para la fabricación de cemento.
La Fejuve El Alto aumenta sus pedidos y va al paro indefinido
La organización vecinal demanda la realización inmediata del Censo de Población con la finalidad de incrementar los recursos monetarios que recibe la Alcaldía alteña.
La Razón – Miguel A. Melendres – La Paz
La Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) determinó anoche un paro indefinido de actividades a partir del lunes 15. Además, a la demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda en esta gestión, decidieron agregar el cumplimiento de un pliego petitorio de 13 puntos.
Hasta antes del ampliado de anoche, la convocatoria era para un paro de 24 horas en demanda de la realización del censo este año. “En el ampliado de presidentes de juntas vecinales, por unanimidad, se ha consensuado un paro indefinido que comenzará el lunes”, informó a La Razón el vicepresidente de la Fejuve de El Alto, Claudio Luna.
Dijo además que a la demanda de la realización del Censo para este año, las juntas vecinales añadieron un pliego de 12 puntos, entre ellos la mejora del presupuesto para la ciudad de El Alto, la descentralización del Servicio Departamental de Salud (Sedes), la nacionalización de la empresa Electropaz, la ejecución de obras de la avenida Periférica y el incremento de ítems para salud y educación.
No obstante, la protesta vecinal no contará con el respaldo de la Central Obrera Regional (COR), cuyos dirigentes se reunieron la mañana de ayer con autoridades gubernamentales en el Palacio de Gobierno, tras lo cual anunciaron que no existe razón para protestar porque el Censo se realizará el 2012.
“Ésta es una determinación de la Central Obrera Regional, ente sindical de los trabajadores alteños, queremos aclarar al pueblo que no se confunda porque realmente (el paro) es una decisión de una organización cívica”, explicó Remigio Condori, ejecutivo del organismo sindical alteño.
Por el contrario, el Sindicato Regional de Trabajadores de la Educación Urbana de El Alto, a través de su representante, Severo Apaza, anunció que participará de la movilización porque considera que el Censo debe realizarse en esta gestión y los resultados deben beneficiar al sector educativo.
Las Juntas Escolares de la urbe alteña, pese a que están de acuerdo con la demanda de la Fejuve, no participarán de las movilizaciones, informó el presidente de la junta escolar del Distrito 2, Ruddy Llampa.
Antes del ampliado de anoche, el presidente de la organización vecinal, Rubén Paz, criticó “la falta de eficiencia” de la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, porque, según su criterio, no planificó la realización del conteo nacional desde que asumió esa cartera de Estado.
También indicó que la demanda de autonomía plena busca agilizar la ejecución de obras, porque el Gobierno nacional “burocratizó” el trámite al añadir dos pasos a los tres existentes.
El oficial mayor Administrativo Financiero de la Alcaldía alteña, Henry Alcón, detalló que se añadió la necesidad de enviar las obras del POA, luego de ser aprobadas por el Comité de Vigilancia y el Concejo Municipal, al Ministerio de Economía y Finanzas, para que lo incluya en el POA nacional y lo haga aprobar por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El fin de semana, Caro criticó a la Alcaldía alteña por la falta de ejecución presupuestaria, pues a junio habría alcanzado sólo el ocho por ciento.
La polémica por nivel de ejecución
Pugna
El Ministerio de Planificación señaló que la Alcaldía alteña ejecutó sólo 8 por ciento de su presupuesto hasta junio. Las autoridades ediles señalaron que la ejecución de inversión es del 18 por ciento.
Potosí irá al diálogo luego de la movilización
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) confirmó la realización el lunes 15 de una marcha de protesta contra el Gobierno nacional, al que exigen el cumplimiento de un pliego de peticiones de seis puntos planteado el 2010.
La dirigencia cívica no cerró la puerta a una negociación, que se daría, sin embargo, sólo después de que se cumpla la movilización callejera y tras un consejo consultivo el lunes que definirá el curso del conflicto. “La movilización del lunes ya está en fase de preparación y ejecución; y no existe posibilidad de paralizar”, dijo Celestino Condori, presidente de Comcipo.
Ayer, los ministros de la Presidencia, Carlos Romero, y de Autonomías, Claudia Peña, extremaron esfuerzos para desactivar la protesta. El primero, según contó Condori, se comunicó con la dirigencia cívica y adelantó que enviará una propuesta del Gobierno para iniciar el diálogo.
“El ministro (Romero) nos ha hecho conocer que su propuesta llegará en las siguientes horas. Si el documento llega, éste va a ser considerado en el consejo consultivo que se tiene previsto para el lunes en la tarde, luego de la movilización”, contó.
La Ministra de Autonomías, por su parte, arribó hasta la capital potosina este viernes para explicar a la opinión pública y a las autoridades locales el trabajo que realiza ese despacho para solucionar el conflicto de límites que existe con el departamento de Oruro. El pliego incluye la delimitación entre las comunidades de Quillacas (Oruro) y Coroma (Potosí); la instalación de la fábrica de cemento en Coroma; la puesta en marcha de Karachipampa; la preservación del Cerro Rico; la construcción de un aeropuerto internacional y la atención a proyectos viales. “Más que la movilización, lo que nos preocupa es que pueda seguir el conflicto entre Coroma (Potosí) y Quillacas (Oruro)”.