El TIPNIS no es el primer ni único caso de avasallamiento promovido desde el Estado de un área protegida habitada por pueblos originarios.
Desde el 2008 y hasta la fecha, el pueblo isoceño mantiene un reclamo contra el gobierno de Evo Morales, por haberle quitado la administración del Parque Kaa-Iya y entregarlo en concesión a una empresa minera.
Durante años, la Capitanía del Alto y Bajo Izozog (CABI) luchó por la titulación de la TCO (Tierra Comunitaria de Origen) de la zona, promoviendo su inmovilización en julio de 1997 y el saneamiento en agosto de 1998.
Mediante un convenio con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), la CABI se convirtió en administradora del parque durante 10 años, hasta que en el 2008 esa instancia administrativa revocó dicho acuerdo, entregando la tuición del área a una entidad paralela durante la gestión del ex viceministro de tierras, Alejandro Almaraz.
Lo más grave del asunto es que esta entidad paralela de carácter pro-oficialista (“Capitanía del Alto Izozog”) habría suscrito un convenio con la empresa minera Kaa-Iya, por el cual esta última explotará los yacimientos de piedra caliza al interior del parque, con las previsibles consecuencias ecológicas.
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Al mismo tiempo, se ha verificado el ingreso de cocaleros en el Kaa-Iya, por la zona de Tucavaca.
Todo lo cual reafirma la existencia de un patrón durante el gobierno de Evo Morales, consistente en la incursión anti-ambientalista en las áreas protegidas.
En buena medida, puede concluirse que la mutación constitucional de las TCOs en “Tierras Comunitarias Indígena-Campesinas-Originarias” obedece al proyecto de colonizar amplias regiones de las tierras bajas con cultivadores de hoja de coca procedentes del occidente del país.
Enésima confirmación de que no estamos frente al “primer gobierno indígena de América” sino ante el primer régimen cocalero del planeta…