Un miembro de la comisión calificadora revela algunos detalles.
Fiscalía. En su declaración, Ramiro Chávez reveló que la compra se hizo sobre la base del precio referencial. Respecto al valor catastral, la diferencia es de Bs 2 millones.
La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya.
Página Siete / La Paz – 10/08/2011
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) adquirió sin avalúo un inmueble en Oruro, con una diferencia de dos millones de bolivianos respecto al informe de valor catastral de 935.000 bolivianos emitido por el gobierno municipal.
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Así lo revela la resolución de imputación formal de la Fiscalía a Marlene Ardaya, presidenta de la ANB, y otros implicados, tras la declaración informativa prestada el 25 de julio por Ramiro Chávez Gallardo, miembro de la comisión de calificación de la Aduana para la compra.
El informe detalla “que su actuación como miembro de la comisión de calificación se enmarcó dentro de las leyes vigentes y que no está incluido ningún avalúo previo a la contratación, y que tampoco hubo el tiempo suficiente para ello y sólo se basaron en el avalúo del vendedor, también se basaron en el precio referencial, que era de 4.769.000 bolivianos, y como la proponente ofrecía un monto más bajo lo calificaron”, detalla el documento de la Fiscalía.
Por su parte, la Oficina de Catastro Urbano del gobierno municipal de Oruro informó que el inmueble en cuestión tiene un valor catastral estimado en 935.788,75 bolivianos, “según certificación de fecha 22 de junio de 2011, de lo que se evidencia un sobreprecio de aproximadamente dos millones de bolivianos”, señala la Fiscalía.
A pesar del valor del inmueble estimado por el gobierno municipal de Oruro, los ejecutivos de la Aduana adquirieron la propiedad al precio inflado de 3.216.850 bolivianos, añade el informe.
“Asimismo, se tiene el informe de 19 mayo de 2011 del Departamento de Control de Concesiones de la ANB, que concluye que existe una diferencia en la compra en el monto de $us 74.144,68”, precisa la imputación.
Por ello, la fiscal Marlene Taboada imputó a Marlene Ardaya, Julia Quino (gerente de ANB 2010), a los cinco miembros de la comisión calificadora, además del dueño del inmueble, Adolphe Bullickx.
Sobre los implicados recaen denuncias de contratos lesivos para el Estado y conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, a excepción de Bullickx, a quien la Fiscalía acusa de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
Marlene Ardaya es acusada de incumplimiento de sus labores; “en su calidad de máxima autoridad ejecutiva, debía y estaba obligada, en dicha calidad, a dirigir y velar por la administración de los recursos de la ANB y el Estado boliviano”.
Empero, en una declaración registrada en el documento el 16 de junio de 2011, Ardaya manifestó que en una a visita protocolar al inmueble, “en fecha 8 de diciembre de 2010, sólo fue para dar cumplimiento a lo establecido por ley, no sabía el precio ni estaba en su atribución, y que una vez terminada la operación de adquisición con la firma del contrato por parte del responsable del proceso de contratación, (Julia) Quino, se instruyó por minuta que se realice auditoría sobre éste”.
Por el momento, la fiscal Taboada desestimó la necesidad de presentar una audiencia cautelar contra los imputados.
Imputaciones
Implicados. La fiscal anticorrupción Nelly Marlene Taboada citó a los posibles autores de los delitos, a los cinco miembros de la Comisión de Certificación de la Aduana: Ramiro Chávez Gallardo, Luis Uvaldo Jiménez Suárez, Hilda Ventura Fernández, Ernesto Zaconeta Quintana y Amílcar Pérez Hurtado.
Denunciantes. L os integrantes titulares del directorio de la Aduana Nacional de Bolivia, Elia Rosario Murillo Guzmán de Cabrera, Magalí Eliana Ángulo Vaca, Silvano Arancibia Colque y Freddy Cruz Franco Escalera, además del abogado Carlos Antonio Ávila Morales, presentaron la demanda en contra de la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, y Julia Eva Quino Valdez, gerente general de esa institución.