La “Banda de Ovando” en campaña

OVANDO CHAPARE Si quedaba algún resabio de duda sobre la parcialidad política de los actuales titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la campaña iniciada por la cabeza de ese Órgano junto al presidente Morales despeja toda incertidumbre.

En efecto, Wilfredo Ovando concurrió junto al primer mandatario a un mitin con las bases cocaleras del Chapare, núcleo duro del partido de gobierno, donde dio instrucciones de cómo votar en las elecciones judiciales de octubre.

No contento con haber amenazado durante meses con promover sanciones contra los impulsores del voto nulo, ahora el presidente del TSE encabeza una campaña que habla de “votar por uno u otro candidato”, soslayando las demás posibilidades legales del sufragio, como son el voto en blanco y la anulación.

Jurídicamente, el Órgano Electoral está obligado a fomentar la concurrencia a la votación, pero esto no debe confundirse con una información sesgada que sólo indique la necesidad de elegir entre los distintos postulantes, sin incluir las restantes alternativas.

La “Banda de Ovando”, ha bautizado el columnista Puka Reyesvilla al grupo actualmente a cargo del TSE, donde se encuentra también el ex camarada del vicepresidente García Linera en el terrorista EGTK, Juan Carlos Pinto, ahora a cargo nada menos que de la educación ciudadana en la institución.

En estas condiciones, ¿puede decirse que esté garantizada la transparencia del proceso electoral de octubre?

La sentencia y los militares

El proceso judicial por los hechos de “octubre negro” ya tiene sus primeros sentenciados y la polémica no se ha hecho esperar. Se trata de dos ex ministros del segundo gobierno de Sánchez de Lozada, que estuvieron a cargo de carteras muy alejadas de las responsabilidades en materia de seguridad interna (desarrollo sostenible y trabajo), junto a 15 militares.

Esto último abre una interesante pregunta: ¿ante el precedente sentado los militares volverán a participar en la represión a protestas políticas o sociales?

Todo apunta a que no.

Recordemos que, tras la derogación del decreto del “gasolinazo”, existieron fuertes versiones sobre un previo desmarque militar de las intenciones represivas del gobierno de Evo Morales, que obligó a la revisión de la medida.

El fenómeno puede volver a repetirse en el futuro, reforzado por esta sentencia judicial…

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