
Bolivia celebra el 186 aniversario de su independencia en medio de discursos prometedores, de paradas militares y de movimientos sociales, pero también de acentuadas tensiones regionales, municipales, de quiebres sociales. No es la primera vez que en el Día de la Patria los brillantes anuncios de cambios radicales intentan opacar el pasado. Antes fue vista como una nación empeñada en conjunto por construir un futuro mejor, ahora, como una pluralidad de pueblos cada uno construyendo o reconstruyendo su identidad para llegar al bienestar colectivo, transitando de una fase calificada de individualismo neoliberal hacia un comunitarismo.
Ya escuchamos muchos repiques, pero qué esperamos hoy una significativa masa ciudadana, que no confunde la solidaridad, el respeto recíproco, la confianza, pilares de la sociedad moderna, con el comunitarismo de algunos ideólogos: un Estado inteligente, capaz de promover la convivencia democrática, de atender e impulsar en un marco justo y eficiente los empeños personales y colectivos para conseguir una vida digna. Un Estado cuyas instituciones y funcionarios se alejen del ritualismo, que miren más a los fines de la norma que a sus formalidades. Cortemos ya con un Estado distanciado, desconfiado de la sociedad y de sus miembros, parapetado detrás de una enmarañada muralla de disposiciones legales que tornan inaplicable los derechos constitucionales reconocidos. El Estado boliviano sigue desperdiciando con indiferencia el valioso tiempo de la gente de a pie, forzándola a hacer interminables colas para recabar con cualquier pretexto datos que por lo general ya los tiene. Extiende documentos oficiales que luego desconoce, exigiendo otros correteos para conseguir una legalización por terceros.
Es un tópico afirmar que vivimos en un mundo de información y conocimiento, que empero no asegura la felicidad o por lo menos el bienestar que para los filósofos procuraba el saber. La administración pública también se ha equipado con instrumentos de computación con los que maneja una cuantiosa información de sus usuarios y contribuyentes. Pero la relación con éstos no da pruebas de volverse más ágil, más eficiente, menos prepotente. No hay correspondencia en el servidor público entre leer los datos y hacer uso de su capacidad de razonamiento, de creatividad, de criterio para tratar la información así recibida. Al contrario, al igual que en el pasado, se cultivan las rigideces, el formalismo, con la mirada complaciente de las autoridades. El funcionario carece de toda iniciativa, forzado a retomar cuadros de aplicación de antaño, suerte de códigos, al margen de la novedad u originalidad de la situación. La información y el conocimiento en la administración no parecen haber traído cambios positivos para nadie y quizá ocurre lo opuesto.
Todas las dependencias estatales exhiben carteles señalando su intención de dar al público un buen servicio, equitativo, que por lo visto no incluye el tratamiento inteligente del caso sometido a su consideración, que no es raro provenga de fallas o negligencias de la propia administración imputadas al usuario, que ahora el recurso a la computación permitiría superar.
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Sin duda ha sido un avance la centralización computarizada del registro civil, mas no se ve por qué el ciudadano que se identificó con un solo nombre de los muchos que sus padres le pusieron para pagar deudas al santoral, a los parientes o amigos, tenga que seguir un alambicado juicio para acreditar nuevamente en Derechos Reales la propiedad adquirida con el nombre usual. Con voluntad y la computadora se podría salvar el problema en todo el sistema de Derechos Reales. El Estado tiene derecho de verificar las declaraciones de impuestos, pero cómo no lamentar que éste, cuando modificó el tratamiento de las facturas conjuntas, no advirtió a los contribuyentes oportunamente y con mayor publicidad del cambio, para caerles años después con multas e intereses. Cierto, la ley rige desde su publicación, qué ingenuidad. ¿Hasta qué aniversario esperaremos por un Estado inteligente?
Fuente: www.la-razon.com