Noticias. Documento se aparta de la constitucionalidad y debería ser reconocido como un error, señala.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, aseveró este lunes que el contrato realizado entre el Gobierno boliviano y la empresa brasilera OAS, para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, es ilegal porque se aparta de la constitucionalidad al no haber cumplido con el derecho a la consulta previa.
Ante la pregunta de los periodistas, sobre la ilegalidad del contrato, para la construcción de la carretera Beni-Cochabamba, Villena respondió:
“Desde un punto de vista jurídico no está dentro de la normativa que el mismo texto constitucional lo establece, y los procedimientos, el derecho a la consulta previa, al haberse firmado un documento de esta naturaleza se aparta de la constitucionalidad, y creemos que esto debería ser reconocido como un error y pensamos que también debería ser enmendado lo más pronto posible, porque este es un tema que esta sin lugar a dudas entrampando las relaciones y creando una situación de mucha incertidumbre”, sostuvo.
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El gobierno boliviano firmó el contrato con la empresa constructora OAS en agosto de 2008, para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Según los planes del gobierno, el tramo II de la mencionada carretera debe atravesar el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) pero hasta el momento no se realizó la consulta previa a los originarios, situación que derivó en el conflicto con los indígenas del lugar. (Erbol)