Aldo Ruiz Rivero*
Hace unas semanas se recibió con alivio la noticia de la decisión de América Textil (Ametex) de dejar en suspenso el despido de 200 trabajadores por la caída de sus ventas en el mercado venezolano. Según la información, una gestión del sindicado de la empresa ante las autoridades gubernamentales habría propiciado la intervención de estas últimas para destrabar con éxito las exportaciones al hermano país bolivariano.
Para quienes siguen con atención la evolución del comercio exterior boliviano, estas dificultades a las que se enfrentan los exportadores nacionales en Venezuela no son nuevas ni mucho menos. Se ha convertido en un problema crónico la inestabilidad de las ventas bolivianas en el mercado llanero, aun a pesar de las reiteradas intervenciones de nuestras autoridades en pro de un comercio más fluido y sostenido.
Venezuela abandonó la Comunidad Andina (CAN) en 2006 y desde entonces ha enfocado sus esfuerzos en crear otros mecanismos que faciliten su comercio con los países miembros que permanecen en aquel acuerdo de integración, entre ellos Bolivia. Concretamente, con nuestro país se firmaron en el marco del ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos) varios acuerdos orientados a reemplazar los comprometidos en la CAN.
Si bien, según las estadísticas oficiales, las exportaciones bolivianas a Venezuela han experimentado un aumento desde 2006, es notoria la inestabilidad a las que han estado sometidas, en especial las relacionadas con productos textiles. Aumentos y disminuciones drásticas en los montos exportados imposibilitan a las empresas textileras a hacer una planificación a futuro en virtud de sus ventas al mercado bolivariano, hecho por de más importante dado que aquél se ha convertido en una alternativa al estadounidense, una vez que se suspendieran los beneficios arancelarios del ATPDEA.
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Es innegable que existe voluntad política en ambos gobiernos para procurar un comercio fluido entre ambos países. Lamentablemente, la institucionalidad del ALBA-TCP no es lo suficientemente robusta como para sostener dicha voluntad y, por tanto, esta última se pierde en los meandros burocráticos venezolanos, donde funcionarios de tercera y cuarta línea obstaculizan y traban los intercambios comerciales. Por ello, ministros y viceministros bolivianos encargados del área comercial se ven constantemente obligados a intervenir cuando las obstrucciones se tornan insostenibles.
La lección es bastante obvia. La voluntad política no es suficiente para posibilitar un comercio fluido y creciente. Es necesaria una institucionalidad inter nacional que apoye dicha voluntad y le proporcione a los agentes económicos y comerciales seguridad jurídica y previsibilidad. En tal sentido, la Comunidad Andina sigue siendo un marco jurídico comercial mucho más atractivo para los exportadores bolivianos, ya que en tal contexto cuentan con una serie de instituciones técnicas que están dedicadas a facilitar y mejorar el comercio interandino.
Acuerdos profundos de integración, que no solamente consulten la voluntad política de los miembros, sino también que establezcan una normativa clara que facilite y promueva el comercio entre ellos, son la mayor garantía de un crecimiento sostenible del sector exportador boliviano.
Está muy bien que los acuerdos de integración del siglo XXI abarquen mucho más que lo comercial y no descuiden los aspectos sociales que tienen igual o mayor importancia. Sin embargo, el comercio seguirá siendo un motor fundamental de las relaciones entre las naciones y por tanto necesariamente debe estar apoyado por una institucionalidad fuerte y comprometida que le permita fluir con facilidad en función de reglas claras y previsibles. Los acuerdos de integración del siglo XX han desarrollado una gran experiencia en este campo, que no debiera ser desechada sino más bien aprovechada al máximo.
Página Siete – La Paz