Carmen Beatriz Ruiz
Dicen que preguntar es el método infalible para llegar con precisión al lugar hacia donde una se dirige. Sirve para las personas de a pie y debería servir también para quienes gobiernan. El Derecho a la Consulta es un ejemplo eficaz de buenas prácticas para la acción estatal. Proviene del derecho internacional y en la mayoría de los países ya está incluido en leyes, generalmente las vinculadas a la explotación de recursos naturales e incluso tiene legislación específica, como la que por estos días se está discutiendo en Perú.
En Canadá se llama Deber de Consulta, en una clara alusión a que es principalmente una responsabilidad estatal consultar a los pueblos indígenas, primeras naciones o naciones originarias, como se quiera llamarlas, cualquier proyecto o ley que les afectará directamente en sus condiciones de vida y en el ejercicio de autonomía de sus territorios. En el caso boliviano, la autonomía y el Derecho a la Consulta están específicamente reconocidos por la nueva Constitución.
Según Daniel Ricard, director general de la Dirección de Políticas, Estrategias, Litigación, Manejo y Resolución de Conflictos en los Asuntos Aborígenes y Desarrollo del Norte de Canadá, hay varias lecciones auto aprendidas por la experiencia de ese país en la aplicación del Deber de Consulta. La primera es que se trata de una forma de relación con enfoque de largo plazo. Debe establecerse con y creando confianza entre las partes. Es un proceso frágil, que requiere diálogo continuo y cuidado mutuo. Por lo mismo, requiere reglas y procedimiento transparentes, justos, acordados de común acuerdo entre el Estado y las poblaciones y ejecutados de forma equitativa. Cada consulta es importante para la población, sin importar cuán reducida o local sea y cuán pequeño pueda parecer su tema.
No es asunto de un grupo específico sino de toda la población. Participan varios sujetos y cada uno tiene un papel que cumplir así como sus propios derechos y obligaciones, entre las cuales las principales son el respeto hacia el otro y tener la mente abierta para escuchar. Porque una relación es negociación. De nada vale preguntar si sólo queremos oír lo que nos gusta o no estamos dispuestos a cumplir lo que resulte de la consulta. Es inútil si se espera que la población consultada oficie, como se decía antes, “de sacristanes de amén”, es decir, respondiendo siempre que sí, como un inútil coro de validación de la voluntad imperial, divina o caudillista. El Deber de Consulta implica conciliación, parte del reconocimiento de que trata de compatibilizar distintos intereses y distintos puntos de vista.
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Finalmente, en la Consulta, como en muchos otros casos de ejercicio de Estado, las instituciones tienen una enorme importancia, su solvencia, continuidad y respeto a las leyes son fundamentales para proveer la confianza y legitimidad al mecanismo. La autoridad del Estado se gana con responsabilidad, no con bravuconería.
La Razón – La Paz