Conflicto. Intereses locales y foráneos se mueven en la marcha. El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) es apenas el 1% del territorio nacional, pero allí se juegan intereses locales y foráneos en un tablero de estrategia que tiene al menos seis actores.
El Gobierno, los indígenas de tierras bajas apoyados por los aimaras del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq), los campesinos colonizadores y cocaleros, los intereses brasileños, las Organizaciones No Gubernamentales y la Iniciativa de Integración Regional de Sudamérica (Iirsa) mueven sus fichas en este conflicto. Eso aseguraron Carlos Romero, ministro de la Presidencia; Bienvenido Zacu, diputado indígena; Gustavo Pedraza, exministro de Desarrollo Sostenible; Raúl Prada, asambleísta constituyente del MAS; Alcides Vadillo, director regional de la Fundación Tierra, y Óscar Vega, de Comuna.
Prada ve a un Gobierno que ha cambiado sus alianzas, que se ha apegado a los campesinos, cocaleros, colonizadores, agroindustriales y banqueros en detrimento del movimiento indígena. “Se prueba esto fácilmente por la incorporación de los transgénicos en la Ley de Revolución Productiva”, dice Prada.
Pedraza ve en el Gobierno un afán geopolítico, casi militar, para demostrar quién manda sobre el territorio, quién decide qué se hace sobre él.
Del otro lado están los indígenas y Zacu explica que si se construye la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari, no solo el Tipnis estará en riesgo. La vía pasa muy cerca del Territorio Indígena Multiétnico y del Territorio Indígena Moxeño Ignaciano.
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Vadillo considera que con la defensa del Tipnis los indígenas se están jugando la existencia de todos sus territorios. Los campesinos y colonizadores se encuentran a las puertas de las Tierras Comunitarias de Origen de todo el país.
Romero ve componentes políticos entre los indígenas. Escucha discursos subidos de tono, como vincular la carretera al narcotráfico y la inclusión de otros actores que ahora se muestran como defensores de los derechos indígenas y del medioambiente (gobernaciones y comités cívicos).
Zacu introduce otro actor: los campesinos y colonizadores. Asegura que Evo Morales prometió a los cocaleros que están dentro del Tipnis legalizar los asentamientos con títulos de propiedad. Pedraza ve que Morales busca satisfacer las demandas de su núcleo de poder: los campesinos y colonizadores aimaras y quechuas. Cree que la carretera es el acceso a los territorios amazónicos, ya que los cruceños están saturados.
Romero dice que esto no tiene sentido y es fruto de discursos de dirigentes que intentan reproducir las contradicciones entre oriente y occidente a través de los indígenas.
Las Organizaciones No Gubernamentales han sido sindicadas por el Gobierno de ser promotoras y sostén de la marcha. Vadillo recuerda que antes de la movilización por la Defensa del Tipnis hubo siete marchas y en todas ellas participó el Cejis, incluso cuando Romero era director. Prada considera la acusación como una demostración de paranoia y asegura que hay muchas que apoyan al actual Gobierno e incluso tienen financiamiento estadounidense a través de Usaid.
Vadillo recuerda que la carretera no comienza en Villa Tunari ni termina en San Ignacio de Moxos. Ve que Brasil sacará por ahí la producción de soya del estado de Rondonia hacia el Pacífico.
“Los intereses de Brasil son naturales. Es el ‘imperio’ en nuestra región y nosotros somos su territorio de paso”, dice Pedraza y Prada añade: “El Gobierno se ha supeditado al proyecto hegemónico de la potencia emergente, que es Brasil”.
Romero lo tilda de descabellado. La carretera es un proyecto de hace décadas y no encuentra pruebas de un longevo plan maquiavélico de Brasil.
Vega pasa de Brasil y habla de la Iirsa. Se trata de una matriz de megaproyectos en todo el continente que incluye corredores bioceánicos, hidroeléctricas, hidrovías y aeropuertos. “Fue constituida hace dos décadas como una lectura de cuáles son los recursos estratégicos de la región, cómo deben ser intercomunicados y cómo responden a los intereses del sistema económico mundial. El Tipnis es apenas un apéndice de esta matriz”, dice.
La carretera quedará a menos de 100 kilómetros del corredor Guayaramerín-La Paz, que pasa por Yucumo. Sería una alternativa para desviar la carga brasileña a los puertos del Pacífico y evitaría que pase por los peligrosos caminos de Yungas.
“Esto va más allá de los intereses brasileños y tiene que ver con la crisis del sistema económico mundial y cómo se están precautelando los recursos estratégicos de Sudamérica. Quizá estemos en un escenario mucho más grande del que nos imaginamos”, dijo Vega.
LAS FRASES
«Se está tratando de reproducir la contradicción entre el oriente y el occidente del país a través de los indígenas »
Carlos Romero | Min. Presidencia
«Evo prometió en la campaña presidencial dar derecho propietario a los colonos cacaleros dentro del Tipnis»
Bienvenido Zacu | Diputado indígena
«El Gobierno del MAS ha demostrado su lealtad con las bases y su deslealtad con los pueblos indígenas del oriente»
Gustavo Pedraza| Exministro
««El Gobierno de Evo se ha supeditado al proyecto hegemónico de la potencia regional emergente, que es Brasil»
Raúl Prada | Exconstituyente
Los actores
– El Gobierno. Firmó convenios con Brasil para el financiamiento de la carretera San Ignacio de Moxos – Villa Tunari en 2008 sin hacer la consulta entre los pueblos que habitan el Tipnis (yuracaré, moxeño y chimanes). Tilda la marcha indígena como politizada, con influencia de EEUU y políticos de oposición. Hará consultas a las 69 comunidades indígenas, sin respetar las instituciones indígenas, las centrales del Tipnis y la Cidob. También se ha hablado del interés de exploración petrolera en el territorio y es un área de exploración, aunque Romero aclaró que no hay ningún proyecto de exploración activo.
– Indígenas de tierras bajas. No se oponen a la carretera, sino a que pase por su territorio, dividiéndolo en dos. Analistas e indígenas coinciden en que se fijaría un precedente funesto si se construye una infraestructura en un territorio indígena sin haber realizado la consulta informada que exige la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y la Carta de Derechos Indígenas de la ONU. El Gobierno acusa a los dirigentes de buscar protagonismo político. Pedraza considera que están más fuera que dentro del proyecto político, aunque no hay ningún indicio que indique que están creando uno propio.
– Campesinos, colonizadores y cocaleros. Los campesinos, según Pedraza y Vadillo, han hecho un anteproyecto de ley para abrir la posibilidad de asentamientos de colonos en las Tierras Comunitarias de Origen, conceptuándolas como los nuevos latifundios improductivos. El líder de los campesinos, Ricardo Coraite, calificó a los habitantes del Tipnis como “salvajes”. Los colonos que están más cerca al Tipnis son los cocaleros, que tienen sindicatos dentro del área protegida. Bienvenido Zacu, diputado indígena guarayo, asegura que Evo Morales les prometió legalizar la tenencia de esas tierras a través de títulos.
– ONG. Se ha señalado a Cejis, Fobomade y Lidema como instigadoras de la marcha. La primera ha trabajado con indígenas desde los años 80 y apoyó casi todas las marchas indígenas. Además, fue un semillero de ministros y viceministros del Gobierno del MAS (Romero, Rada y Almaraz, entre otras autoridades, pasaron por sus filas). Las otras dos son ambientalistas.
– Brasil. Es el financiador de la carretera San Ignacio – Villa Turani. La construirá la empresa OAS, cuestionada en su país por sus impactos ambientales y responsable de la construcción de la ruta Tarija-Potosí, que lleva siete años sin acabarse. Además, la ruta abrirá un nuevo corredor bioceánico que permitirá sacar por allí la soya de Rondonia. Lula y algunos de sus operadores políticos han estado en Bolivia en medio de este conflicto.
– Iirsa. La Iniciativa de Integración Regional Sudamericana nació en los 80 y es una enorme matriz de proyectos por miles de millones de dólares. En 2000 se convirtió en una institución refrendada por 15 países y tiene como principales financiadores a la CAF y el BID. Las carreteras Santa Cruz-Puerto Suárez, Tarija-Potosí, Cobija-Riberalta, Guayaramerín-La Paz, entre muchas otras, son proyectos Iirsa. También las dos represas sobre el Madre de Dios de Porto Belho, la que se debe construir cerca de Guayaramerín y la de Cachuela Esperanza, son proyectos Iirsa. Óscar Vega cuestiona por qué este Gobierno ha asumido plenamente esta agenda y cree que amerita ser debatida por los bolivianos.
Sigue el proceso constituyente
Raúl Prada, Óscar Vega y Gustavo Pedraza coinciden en que el conflicto es un síntoma de los actores del proceso de cambio. Prada divide el actual proyecto político en dos grandes bloques: el de las luchas de los movimientos sociales (2000-2005) y el de los dos periodos de Gobierno del MAS. En el primero sitúa un profundo ejercicio de la democracia directa y de la movilización que consiguió la realización de la Asamblea Constituyente. El segundo lo caracteriza como “el de una política pragmática de constante retroceso que termina poniéndose al otro lado de la vereda y enfrenta al pueblo con el ‘gasolinazo’”.
Vega acota que luego de la aprobación de la Constitución, se vive otro estadio del proceso constituyente, que es la aplicación, la construcción del Estado Plurinacional. Lo que el vicepresidente denomina como ‘tensiones creativas’, Vega define como la fórmula para trazar los intereses comunes sobre los particulares. Considera que el Estado Plurinacional exige que los intereses particulares se articulen para formar el colectivo, que no puede haber imposición. Plantea incluso postergar la construcción de la carretera hasta que se tenga una respuesta a los intereses particulares (el reclamo de los indígenas del Tipnis) y ve que cuando se dice ‘Estado’ en realidad se está hablando de ‘Gobierno’.
Pedraza añade que el sujeto del proceso de cambio, los indígenas, campesinos y colonizadores, se desintegra y se separa a los indígenas de tierras bajas de él.
Para Romero, el Tipnis es una oportunidad de aprender cómo encarar este tipo de demandas y su solución trazará la ruta para resolver conflictos análogos. Es así que cree que la solución vendrá a través de la realización de la consulta, que no será si debe construirse la carretera, sino que incluirá variables sociales, de conservación y técnicas.
Pablo Ortiz, El Deber