Uno de muchos casos: Lleva encerrado 22 años y aún espera su condena. La mora procesal genera múltiples problemas en cárceles saturadas, donde abundan los cobros irregulares.
El Deber, Paura Rodríguez Leytón
Lleva encerrado 22 años y aún espera su condena
Justicia. La mora procesal sigue siendo el mayor problema en Bolivia. Esto genera múltiples problemas que se hacen visibles en cárceles saturadas, donde abundan los cobros irregulares
Palmasola es una isla, un barrio sin salida”, piensa en voz alta Sacarías Navia, mientras camina por una de las calles de la cárcel donde está recluido desde hace 22 años. Es el preso que más tiempo lleva esperando su sentencia en este penal, donde más del 85% de los reclusos sufre las consecuencias de la mora procesal. Sacarías no sabe cuándo saldrá, su caso está paralizado desde que su expediente se perdió a principios de los 90.
Fue apresado cuando tenía 21 años, acusado de la muerte de su esposa. Admite su culpa y dice que fue resultado de un accidente en una discusión conyugal. Recuerda que todo ocurrió un lunes por la madrugada. Había salido el día anterior después de discutir con su esposa y se fue a jugar fútbol con sus amigos. “Cuando retorné, ella me esperaba enojada y me amenazó con un cuchillo. La empujé y cayó contra un tronco. Se golpeó la cabeza y murió instantáneamente”, relata este hombre de mediana estatura y de hablar pausado, al que sus compañeros de encierro llaman ‘Don Navia’.
Recuerda que cuando entró a Palmasola, la cárcel era un monte. Hoy viven allí más de 3.200 personas en un lugar hecho para 1.400.
El problema de Navia comenzó cuando sus papeles se perdieron, a principios de la década de los 90 y no pudo continuar con su proceso. El caso de Navia no es el único. En los 18 pisos de altura del Palacio de Justicia de Santa Cruz se acumulan cientos de miles de casos sin que los jueces consigan bajar la carga procesal.
William Tórrez, presidente de la Corte Superior de Santa Cruz, admite que siete de cada diez procesos que llegan a juzgados cruceños sufren demora. Si se considera que solo el año pasado ingresaron 72.652 causas a esta corte, la esperanza de obtener justicia puede ser sinónimo de espera.
Tórrez defiende a su gremio. Explica que hay solo 140 jueces en el distrito judicial (deberían ser 170, pero existen 30 acefalías). Eso implica que por cada juzgado pasan unas 500 causas al año, dos por cada día hábil. Con este panorama, a los damnificados del sistema, a los presos que se quedan en este limbo judicial les queda tratar de sobrevivir en esa abigarrada ciudadela que es Palmasola.
Sacarías Navia encontró un escape a la depresión en la artesanía. Pinta cuadros con imágenes en alto relieve y busca la manera de que otras personas los vendan fuera de la cárcel. También alquila, eventualmente, los dos pisos de arriba de su cama, a Bs 100 cada uno.
Él se encuentra en el sector conocido como PC 4, que parece un gran barrio chino: allí se compra y se vende de todo. Los que tienen algún capital instalan almacenes, pensiones, ferreterías, ventas, peluquerías, puestos de ropa usada y de refrescos. Para meter los productos, los reos dicen que pagan una especie de ‘impuesto’, que encarece los productos. En su larga espera Sacarías ha visto salir en libertad a varios compañeros y ver morir a otros, como aquel que falleció cerca suyo, con tuberculosis.
Jimmy Flores es dirigente de los internos y asegura que el promedio de espera de sentencia es de 4 a 6 años, aunque hay varios que llevan más tiempo. Cita el caso de Raúl Aguilera, que está recluido hace seis años y ocho meses sin conocer su sentencia. Marbin Alcócer entró a Palmasola acusado de un robo, dice que es inocente, pero está recluido desde hace dos años y medio por un delito que tal vez era excarcelable.
Antonio Sueiro, director nacional de Régimen Penitenciario, en las cárceles de Bolivia actualmente hay 10.436 reclusos. Para el 78% no se ha dictado sentencia.
El hacinamiento no es patrimonio de las cárceles situadas en las capitales de departamento. Las carceletas de provincias también están abarrotadas. En Montero hay 106 reos en una infraestructura proyectada para 50 personas; la de Puerto Suárez fue creada para 30, pero alberga a más de 85; y la de Warnes cobija a 25 reclusos y solo tiene capacidad para diez.
En el penal de Palmasola, la mora procesal también se traduce en la fisonomía del lugar. La necesidad de tener espacio ha hecho que las celdas crezcan hacia arriba lo que le da el aspecto de una ciudadela formada por habitaciones trepadas unas encima de otras, pintadas con diversos colores que bien podría servir de atracción turística. Pero esto es una cárcel. Según su ubicación y los arreglos que cada preso hubiera realizado, las celdas se venden entre $us 150 y 500, como parte de un ‘negocio inmobiliario’ instituido.
Los que no tienen dinero tampoco tienen dónde vivir y se instalan a la intemperie o en carpas de plástico, generalmente de color azul. Por eso se han ganado el apodo de ‘Pitufos’ y el resto de la población penal asegura que viven así porque son drogadictos.
En Palmasola la percepción que tienen los reos de la justicia es negativa. Algunos explican que para contratar un abogado que se ocupe de su caso necesitan entre $us 8.000 y 9.000. Su esperanza es que la elección de autoridades judiciales cambie esta realidad, que genere nuevas leyes que “no los hundan más”.
El actual sistema es el resultado de un proceso de reformas emprendido en los 90, cuando la retardación era el principal problema. Bolivia pasó a un sistema ‘garantista’, pero no resolvió la sobrepoblación carcelaria y la nueva reforma judicial, tampoco hará magia. Así lo cree Faride Tirado, directora ejecutiva de la Red Participación y Justicia, que explica que tras la elección de autoridades judiciales tiene que haber una etapa de capacitación y de implantación de tecnología que permita agilizar las causas.
El juez jubilado Lucas Romero ve con pesimismo las reformas. Dice que se perpetuarán “el centralismo y la rigidez del sistema judicial que se concentra en Sucre”. Para él, la única manera de agilizar los procesos es descentralizándolos y haciendo que los casos se resuelvan en cortes distritales.
Nada de eso le sirve a Sacarías Navia. Mientras su expediente siga extraviado, su condena será perpetua, aunque no tenga sentencia.
El mayor retraso se da en la etapa investigativa
Para el presidente de la Corte Superior de Santa Cruz, William Tórrez, la retardación comienza con los fiscales, que no suman el número necesario en todo el país y no entregan oportunamente la documentación.
Según abogados de Defensa Pública, la mayoría de los casos no pasa de la imputación formal y las actas de las audiencias son entregadas con retraso.
La Red de Participación y Justicia, que aglutina a 60 organizaciones civiles del país, confirma que la mayor retardación se da en la etapa investigativa, que está a cargo de los fiscales.
Para esta red, entre las tareas más urgentes en el sistema judicial están la implantación efectiva de la transparencia en la administración de justicia, con la publicación de los actos y decisiones de los tribunales y jueces.
Otro problema es la falta de políticas destinadas a mejorar la gestión en la administración de justicia, no solo relacionadas con la resolución de los procesos, sino referidas a la necesidad de introducir sistemas más eficaces de administración.
Por otro lado se necesita información sobre cómo funciona el sistema de justicia. Según explica la directora ejecutiva de la red, Faride Tirado, la ausencia de información es preocupante porque limita el control de la gestión de la administración.
También se necesitan instrumentos cuya aplicación permita evitar la retardación de justicia, destinados a mejorar el índice de resolución de procesos.
La escasa presencia del sistema de justicia en el área rural se convierte en un obstáculo y a esto se suma la poca asignación presupuestaria que el Estado le da al Órgano Judicial, el 3% del Tesoro General de la Nación.
Un aspecto que resulta reiterativo entre los analistas es el desempeño del Consejo de la Judicatura. La Red Participación y Justicia señala que no cumplió con el fin para el que fue creado, y en lugar de mejorar el sistema, se convirtió en un enorme aparato burocrático.
Detalles
– Número de jueces. Actualmente, en Bolivia existen 407 jueces. Se estima que este número al menos debe duplicarse para atender las causas con mayor celeridad.
– Planteamientos. La reforma judicial planteada por el Gobierno, propuesta mediante la aplicación de la Ley 025 y la elección de autoridades judiciales, propone que para agilizar las causas procesales se deberá aumentar el número de jueces y fiscales.
– Elecciones. El Gobierno informó oficialmente que luego de la posesión de autoridades judiciales elegidas por la ciudadanía se pondrá en marcha un paquete de reformas judiciales en el país. Las elecciones se realizarán el 16 de octubre.
– Reformas. Se plantea la aplicación de nuevos códigos en el área penal: Código Penal, Código de Procedimiento Penal, Ley del Ministerio Público y la Ley de Ejecución Penal. En el área civil, el Código Civil, el Código de Familia, el Código Niño, Niña, Adolescente y el Código de Procedimiento Civil. En el área constitucional, la Ley de Procedimiento Constitucional y en el área agroambiental, la Ley de Procedimientos Agroambientales.
– Consejo de la Judicatura. De acuerdo con la nueva ley, esta entidad dejará de hacerse cargo de la administración de los recursos del Órgano Judicial y su tarea principal se destinará a la gestión administrativa del sistema judicial. La administración de los recursos volverá a cargo del presidente del Tribunal Supremo (lo que era la Corte Suprema), el decano de esta entidad y el presidente del Tribunal Agroambiental.
– Gratuidad. La reforma plantea que no se haga ningún cobro de timbres ni servicios de papelería, lo que significará una mayor asignación de recursos para el Órgano Judicial que deberán ser destinados por el Estado.