María Teresa Zegada*
La marcha es una estrategia privilegiada por los pueblos indígenas para interpelar al Estado. La primera se realizó en 1990 marcando el inicio de un proceso de acumulación histórica; y posicionó temas fundamentales e inéditos en el campo político: los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio, el respeto a la dignidad e identidad indígena y la incorporación de dichos pueblos en el marco del Estado.
Como resultado de esta primera medida lograron su reconocimiento legal y constitucional. Otras dos marchas efectuadas durante la siguiente década -en 1996 y en 2000- se organizaron en torno a demandas vinculadas a la tierra, el territorio, el reconocimiento de las TCO y la ley INRA.
En 2002, con la marcha por “la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales” se produce un importante giro político, pues de un repertorio de movilización meramente reivindicativo hasta ese momento, se trasciende hacia un ámbito propositivo. La marcha de 2002 instala la demanda de Asamblea Constituyente con el fin de producir una profunda reforma estatal que recoja las propuestas indígenas; como resultado logran el compromiso del Ejecutivo y el Congreso para su viabilización.
En estas primeras marchas estaba muy clara la figura de los interlocutores, que eran los gobiernos neoliberales de turno, ante los cuales el movimiento indígena marcaba una clara frontera como sujeto contra hegemónico.
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La llegada del MAS al Gobierno cambia el escenario, pues dicho Gobierno recupera la bandera indígena y se autoidentifica como tal, encumbrando al primer “Presidente indígena”. Ello permite a las organizaciones indígenas avanzar aun más en sus objetivos porque, mediante la conformación del Pacto de Unidad, incorpora sus propuestas en la nueva Constitución Política del Estado a través de medidas de presión y vigilancia a esta entidad, logrando así una de sus más importantes victorias.
Sin embargo, la lucha continúa -paradójicamente- también contra el nuevo Estado, esta vez, para exigir el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y los compromisos logrados, ante un Gobierno que juega un rol ambivalente, pues mientras en algunos casos apoya las demandas indígenas, en otros, las sataniza. En noviembre de 2006 el Gobierno apoyó y se podría decir que propició la VI marcha indígena “por el Territorio, la Reconducción Comunitaria y la Reforma Agraria” como medida de presión ante el Congreso -particularmente contra el Senado ocupado mayoritariamente por la oposición política en que se debatía dicha ley- exigiendo la redistribución de la tierra contra la gran propiedad agraria, con resultados positivos. En cambio en 2010, cuando se lleva a cabo la VII marcha demandando la consolidación de la autonomía indígena, tierras comunitarias, la defensa del medio ambiente y preservación ecológica de las comunidades, entre otras, se percibieron fuertes tensiones con el Gobierno, aunque finalmente se logró negociar el pliego petitorio con escasos resultados para los pueblos indígenas.
En este recorrido, la marcha contra la carretera por el TIPNIS parte las aguas en la relación del Gobierno con los pueblos indígenas, porque en ella no sólo se revela una posición claramente contestataria, sino que además visibiliza las contradicciones intrínsecas al discurso y a los supuestos principios del Gobierno del MAS.
*Socióloga
Página Siete – La Paz