Daniel A. Pasquier Rivero
Todo parece igual, pero no lo es. Si queremos clavar un clavo, además de contar con los materiales y las herramientas, es necesario medir el golpe del martillo a la cabeza del clavo, si no el riesgo es salir con el dedo reventado. Algo similar parece estar ocurriendo entre las interpretaciones e intenciones del gobierno y lo que ocurre en la realidad. Es correcto que todos los ciudadanos tengan derecho a opinar, pero no todos deben tener la misma autoridad. La calificación, sin embargo, debe radicar en la calidad de la formación o conocimiento de cada uno, no en el hecho de ejercer cargo en el gobierno o ser miembro del partido en gobierno. Hay autoridades empeñadas en defender posiciones insostenibles; la posibilidad de salir con el dedo reventado es altísima.
Se sataniza la marcha indígena de tierras bajas. ¿Sólo pueden discrepar y exigir los que bloquean la ceja en El Alto, o es que son sujetos de derechos distintos? Cuando se proclamó a todos los vientos la defensa de los indígenas, como la de los pobres, hasta en foros lejanos a los dominios del Estado Plurinacional (EP), no se hizo referencia a tal condición “discriminatoria”. En razón, ¿de raza?; supondría privilegiar a una “elegida”. Eso, por definición es ¡racismo!
Pero la CPE del EP está llena desde los primeros artículos de loas y reconocimiento a “la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario”. Sería una magna y fundamental contradicción con el texto y el espíritu constitucional, así como una actitud aberrante si se compara con el discurso oficialista en época de campaña electoral. Si son indígenas, originarios, tienen derecho a expresarse, a reclamar, a exigir en este caso la “consulta previa” inserta entre sus principales derechos en la administración de territorios constituidos en hábitats naturales. No se entiende que, todo lo contrario, desde el presidente (pretendido líder mundial de estas reivindicaciones), a sus principales ministros y colaboradores, hasta los metiches que no faltan y no deberían opinar, se hayan dedicado con todo a hacerlos polvo a los que reclaman por la destrucción planificada del TIPNIS. Salir ahora, después de dos años de tomada la decisión a discutir la pertinencia o no de la consulta, además, sin reconocerla como “vinculante” es un despropósito, deshonestidad y deslealtad total.
Los fondos públicos se utilizan para ridiculizar, mofarse y cuestionar esos derechos constitucionales. Sin embargo, conforme se testimonia el sacrificio, hasta con vidas, de la marcha pacífica de los pueblos chimán, mojeño y yuracaré, van plegándose otros pueblos y otra gente en señal de solidaridad. La presencia de sus representantes en los debates ha dejado muy en claro la debilidad de los argumentos oficiales, cuyas respuestas no van al fondo de la cuestión: se destruirá el corazón de una reserva y de un parque nacional (TIPNIS) por que el UNO así lo ha dicho (hay que ir buscando simbolismos esotéricos para adecuarse al surrealismo imperante). La carretera “No se discute”, “Se hará sí o sí”, reflejan una profunda distorsión en la percepción de lo que está ocurriendo con los pueblos a los que una vez se prometió reivindicar, llevar al poder y, más todavía, servir. Mientras unos marchan y mueren, él entrega una canchita de fútbol “sintético”, la máxima expresión de política de desarrollo económico y promoción socio cultural para una comunidad pobre que suele reclamar trabajo, salud y educación; “usen los pies, no la cabeza”, ¿será el mensaje implícito?
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La agresividad a flor de piel, en los discursos, y en los preparativos para el enfrentamiento. ¿Actitud permanente del gobierno, cierra las puertas a cualquier intento serio de diálogo o de resolución pacífica? Llaman al entendimiento el Defensor del Pueblo, instituciones como NNUU, la Iglesia Católica, las conclusiones de los asistentes de nueve países a la Cumbre Regional Amazónica reunida en Manaus entre el 15-18/8/2011, y la presencia de más del millón de internautas detrás del Salvemos el TIPNIS. Soberbia, ignorancia, ¿qué?
La sociedad boliviana una y otra vez intenta la construcción pacifica del Estado. Ahora, cómo entender que el Vicepresidente García (2011) por un lado escriba en contra del capitalismo depredador e interesado en “el aumento de la ganancia de unos pocos” cuando al mismo tiempo manifiesta su opción por la violencia, “las revoluciones (no) son una taza de leche” sino “flujos caóticos de iniciativas colectivas sociales”; el mesianismo explícito en su texto “habrán victorias temporales y derrotas hirientes que nos obligarán a conseguir nuevas victorias y así hasta el infinito”, obliga a exclamar, ¿no hay en el gobierno quien llame a la cordura?
La misma actitud frente a todos los conflictos: un patrón de conducta. Porque se sigue persiguiendo la opinión disidente afectando todas las libertades. Se niega la presencia de grupos organizados de narcotraficantes en el país cuando se reportan todos los días cargamentos de cientos de kilos y de toneladas dentro y fuera del país, con denuncia de origen: Bolivia. Se niega veracidad a toda denuncia no agradable de corrupción, cuando se festeja y aplica con rigor la ley ordinaria o la comunitaria si se trata de desafectos con el gobierno. Cómo explica el gobierno la negativa a dar credibilidad a un trabajo de investigación periodística sobre la penetración del narcotráfico en el EP, cuando un Senador dice haber entregado meses antes, posiblemente el mismo informe, al propio Presidente Morales. Desautorizar al Senador no es la respuesta que la ciudadanía espera, ni es la legal; el parlamentario sólo cumple su mandato constitucional de denuncia y fiscalización. No reconocer la realidad, confundirla con nuestros sueños, puede pasar los límites de lo normal. El EP debe volver a la coherencia racional y al imperio de la ley, empezando por la CPE, de lo contrario, estaremos en un estado delirante.