Mientras la marcha de los pueblos del TIPNIS sigue complicándole el escenario nacional e internacional al otrora “primer gobierno indígena de América Latina”, un abanico de conflictos regionales vienen a sumarse a la agenda del país.Por una parte, se reactiva la tensión limítrofe entre Oruro y Potosí, que había quedado latente desde las escaramuzas del año pasado.Al mismo tiempo, se intensifica la controversia entre Tarija y Chuquisaca por el Campo Margarita, mientras que en La Paz se avivan los diferendos territoriales entre municipios.El asunto tiene dos lecturas posibles, no necesariamente contradictorias sino -tal vez- complementarias.En parte, la experiencia nos muestra que el gobierno de Evo Morales ha utilizado con reiteración la estrategia de re-direccionar la conflictividad hacia zonas del país donde estas tensiones sean más funcionales, o simplemente menos incómodas para el poder central.Por lo tanto, no sería ilógico suponer que se haya diseñado una táctica de enfrentar a “región contra región”, como artilugio para desviar la atención mediática del conflicto que realmente complica al régimen cocalero: el TIPNIS.Como muestra un estudio de la Fundación UNIR, la conflictividad en Bolivia ha crecido de manera exponencial durante la administración de Evo Morales, al punto que desde 1971 el país no conocía un pico igual de inestabilidad social.Cierto entonces que se (des)gobierna a través del conflicto como herramienta deliberada en muchos casos, pero también es verdad que este “jugar con fuego” puede salirse de las manos de los aprendices de brujos. No hay invento que no se vuelva contra su inventor.Por lo pronto, la conflictividad record desgasta y echa por tierra el argumento demagógico esgrimido por el vicepresidente Álvaro García Linera, quien ha afirmado que “sólo el MAS garantiza la gobernabilidad social de Bolivia”…[email protected]