Wikileaks: Caso Rósza fue montado; Gobernador masista rechaza informes y ve conspiración

Cable de Wikileaks señala de que el presunto grupo terrorista de Rózsa fue contratado por funcionarios del Gobierno de Evo Morales para montar una conspiración contra la oposición. Opositores y familiares de perseguidos comparan ‘Caso Rózsa’ con una ‘zaga’ de cine.

imageEsta foto apareció después de la muerte de Eduardo Rósza Flores en el hotel Las Américas. AP Photo/Bolivia Attorney General Office

Página Siete / La Paz – 09/09/2011



Un cable de Wikileaks afirma que caso Rósza fue montado

Dice que inicialmente el grupo terrorista tenía siete integrantes.

DATO. Un reporte de la Embajada de EEUU en La Paz tiene como fuente de información a un “fiscal” que tendría conocimiento de la desarticulación del grupo terrorista.

Un cable de Wikileaks, recientemente divulgado, señala que Estados Unidos maneja la información de que el presunto grupo terrorista encabezado por el abatido Eduardo Rózsa Flores fue contratado por funcionarios del Gobierno del presidente Evo Morales para montar una conspiración contra la oposición.

Página Siete buscó comunicarse con el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, para conocer su punto de vista sobre este documento, pero no fue posible.

El reporte que tiene su origen en la embajada de EEUU en La Paz señala: “Un abogado boliviano del Gobierno (aunque más adelante se hace referencia a un “fiscal” cercano al Gobierno) que trabajó estrechamente sobre el caso de terrorismo en Santa Cruz (‘) dijo que se plantó tres flash memorys con las listas falsas de negocios de Santa Cruz ‘complicados’, plantaron la tarjeta de visita de un “sospechoso” y se coordinó la producción de un video desde un teléfono móvil supuestamente indiscutible”.

El documento citado más abajo señala que “un fiscal de alto nivel avalado por la administración del Gobierno de Morales (que desea mantenerse en el anonimato) se aproximó al FSN (que podría ser Foreign Service National) de la embajada”.

El 16 de abril de 2009, una unidad de la élite de la Policía realizó un operativo en el hotel Las Américas de Santa Cruz que dejó tres muertos y dos personas fueron capturadas acusadas de gestar actos terroristas y separatismo.

El cable en cuestión indica que “según el fiscal, que es un viejo (aliado asociado) de la FSN de la embajada, miembros de la administración de Morales estuvieron implicados en la contratación del grupo y en la construcción de los acontecimientos posteriores para cubrir sus pistas e implicar a la oposición”.

“El fiscal relacionó a los miembros de administración Morales con la contratación del grupo, los tratos con Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi, todos ellos asesinados el 16 de abril. El fiscal dijo que los otros dos miembros del grupo no sabían quién los había contratado y ésta fue la razón para que sus vidas fueran salvadas en el tiroteo. El fiscal dijo que los del MAS quisieron cubrir sus pistas matando a aquellos que sabían que el Gobierno dirigió la supuesta célula terrorista”.

El documento señala que “el fiscal advirtió con las fotos públicamente expuestas de los tres terroristas asesinados que la Policía colocó armas sobre o cerca de los cadáveres para hacer aparecer que hubo un tiroteo. Sin embargo, él dijo que estas armas vinieron de los depósitos de la Policía y que nunca habían sido usadas, como evidencia mencionó que éstas mantenían sus engranajes de seguridad. Más lejos, en el proceso de autopsia, el fiscal notó que algunos agujeros de bala habían sido cubiertos para dar la impresión que no fue una ejecución. Según el fiscal y reportes de prensa no hubo ningún tiroteo, y el tiroteo vino exclusivamente de la Policía cuando los tres estaban dormidos”.

Asimismo, el “fiscal” habría indicado que el presunto grupo terrorista “al principio tenía un número de siete personas, pero que dos miembros del grupo desaparecieron misteriosamente, tras la bomba explotada en la casa del cardenal Terrazas el 14 de abril. El fiscal dijo que mientras la mayor parte del grupo festejó el éxito de la bomba, los otros dos miembros se opusieron al ataque a un religioso como Terrazas. Al día siguiente estos dos miembros desaparecieron.

Según un informe de Rózsa, ellos se fueron del país, pero el fiscal sospecha que fueron ejecutados. El fiscal dijo desconocer sus identidades.

En diciembre de 2010 ya se conocía la existencia de un reporte de la Embajada de EEUU, donde se hacía referencia a un presunto montaje del caso terrorismo que significó el derrumbe de la oposición política en Bolivia.

Dato para destacar

Dato. El informante de la embajada de Estados Unidos habría identificado “al coronel (Jorge) Santiesteban (en ese entonces director de Inteligencia de la Policía y actual comandante de la Policía) y un capitán (Wálter) Andrade de la Policía como dos de los contactos principales del Gobierno con el grupo de Rózsa, y dijo que ellos contrataron al grupo”.

El “fiscal” indica que “el 25 de abril, el fiscal Marcelo Soza públicamente reveló cómo desde un teléfono móvil se tenía la grabación de un video en el cual Rózsa, Dwyer y Magyarosi discuten cómo podrían haber asesinado al presidente Morales durante un viaje anterior de Morales al lago Titicaca. Mientras Soza dijo que la voz principal en la grabación era de Rózsa y su chofer que hizo el video, el fiscal dijo que personalmente conocía a Santiesteban y lo identificó como el autor del video. Según el fiscal, la voz del coronel Santiesteban puede ser oída en toda la grabación y que éste comandó el operativo en abril.

Novillo ve afanes conspirativos en los cables de WikiLeaks

NARCOTRÁFICO Y AUTORIDADES.

Los Tiempos – 9/09/2011

image

Edmundo Novillo, gobernador de Cochabamba. – Daniel James Los Tiempos

El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, dijo ayer que los opositores internos y externos  que tiene el Gobierno utilizan la información sobre el narcotráfico para conspirar o confabular  contra dirigentes o autoridades del Ejecutivo.

Insistió en que esa información anónima, o que viene de Internet, debe tratarse con “mucha prudencia” porque sólo son supuestas denuncias.

Novillo hizo esas declaraciones en alusión a la información filtrada por WikiLeaks, en la que se hace referencia a supuestos vínculos del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, y del exjefe antinarcóticos René Sanabria –actualmente detenido en Estados Unidos– con el narcotráfico.

Asimismo, el Gobernador restó importancia al reportaje denominado “Bolivia, un narco Estado”, de la cadena internacional Univisión.

Que habla de Bolivia como un “narco-Estado” y que vinculaba al ex comandante de la Policía Óscar Nina, con uno de los mayores narcotraficantes de México, el “Chapo” Guzmán.

Novillo aseguró que si bien es cierto que el narcotráfico es un problema que Bolivia enfrenta hace muchas décadas, el Gobierno trabaja en la lucha contra este flagelo y una muestra de ello es la compra de los aviones K-8 que tienen el objetivo derribar aviones relacionados con el tráfico ilícito de sustancias controladas.     

“Se está utilizando este tema para confabular, conspirar contra este Gobierno, contra algunos dirigentes de nuestras organizaciones sociales que han tenido una trayectoria de lucha. Los enemigos internos y externos están utilizando para manipular la conciencia y el sentimiento del ciudadano con el tema del narcotráfico”, dijo Novillo.

Advirtió a la población que debe estar alerta ante la información de los opositores internos y externos porque “están confabulando duramente contra el Gobierno”, buscan desacreditarle y afectar su imagen, utilizando información que estaría fuera del marco de la realidad.

El Gobierno no investigará

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, pidió a la bancada de Convergencia Nacional (CN) presentar la documentación que tienen sobre el tema del narcotráfico ante la Fiscalía General del Estado, debido a que al Gobierno no le corresponde investigar ni juzgar presuntos delitos.

El jefe de la bancada de CN en Senadores, Bernard Gutiérrez, en respuesta a las declaraciones de Chávez, precisó que en ningún momento pidieron que Morales investigue sobre los nexos del narcotráfico en el país, sino que el objetivo era justamente que el Primer Mandatario envíe esa documentación al Ministerio Público, para que este organismo le dé "la importancia" que amerita por tratarse del Primer Mandatario.

Chávez se refirió a las dos cartas enviadas por CN al presidente Evo Morales, donde denuncian la “omisión” de sus ministros en lucha contra el narcotráfico, pese a conocer informes de la propia Policía que involucran a altas autoridades de gobierno y jefes policiales con este mal, como denunciaron en días pasados diferentes reportes periodísticos.

El Viceministro recriminó a la oposición por haber enviado toda esta documentación al Mandatario, ya que se lo estaría considerando como el "cartero" de CN.

No obstante, remarcó que las dos cartas con las fotocopias “ilegibles” enviadas por CN al Ejecutivo en abril y el pasado miércoles serán remitidas con un memorial a la Fiscalía General del Estado –a Sucre– para que esta instancia vea y si considera que hay un delito convoque a los portadores de esa documentación para que expliquen.

Comparan ‘Caso Rózsa’ con una ‘zaga’ de cine

Dicen que parece una película por series.Familiares y abogados creen que hasta ahora hemos asistido a tres ‘capítulos’ de una historia con guión y actores preparados.

imageIlustración: David Díez Canseco

El Día

Como si fuera una película de “Rambo", en una serie de 1, 2 y 3 han comparado abogados el llamado “caso Rózsa", especialmente ahora que la Cámara de Diputados ha incorporado el delito de separatismo y aumentado las penas al de terrorismo.

"Esto parece una película de Rambo en la que se van inventando episodios de terror y fantasía", dijo Carla Vivado, esposa del exdirigente cívico Alberto Melgar.

En su criterio,  el primer capítulo se filmó en el hotel Las Américas, el 16 de abril del 2009, cuando tres extraños fueron acribillados por la Policía, entre ellos el supuesto cabecilla, el boliviano croata, Eduardo Rózsa. Las circunstancias no fueron aclaradas del todo, ya que en las investigaciones posteriores se estableció que Rózsa era seguido desde que llegó a Bolivia por agentes encubiertos como Ignacio Villa, alias “el Viejo”; el agente del Ministerio de Gobierno Luis Clavijo; y el capitán Wálter Andrade, jefe de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), con quien llegó a compartir un churrasco.

Segundo episodio. No habían puesto la escena del fin cuando anunciaron que iniciaban el caso "Rózsa II" en contra de los supuestos financiadores de la célula subversiva que paradójicamente son cuatro exdirigentes cívicos de Santa Cruz, además del gobernador cruceño Rubén Costas o activistas autonómicos de Pando y Beni.

Tercera parte. Y cuando todos creían que ahí acabaría la película, entonces aparece la Cámara de Diputados aumentando el delito de separatismo e las penas al terrorismo, explicó Vivado.

En su opinión, lo único que el Gobierno pretende es amedrentar a los bolivianos y a quienes en algún momento lucharon por la autonomía como en el caso de su esposo, contra quien no existen pruebas concretas.

Otras reacciones. Otto Ritter, abogado defensor del general retirado Gary Prado, uno de los 39 imputados en el primer caso, dijo que el objetivo es amedrentar el libre pensamiento y aseguró que por norma general los nuevos tipos penales no se pueden aplicar porque  solo rigen para lo venidero.

"Hay una motivación política”, señaló Vladimir Peña, el secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, al ser consultado sobre el tema.

También coincidió con el dirigente indígena, Víctor Hugo Velasco, para quien la intención es distraer a la opinión pública sobre las elecciones judiciales que se vienen, la marcha indígena, el narcotráfico y la crisis económica.

30 Años

Es la pena máxima   para el nuevo ‘delito’ incorporado como es el de ‘separatismo’ que no estaba en el Código Penal boliviano.

DIPUTADOS

Los cambios incorporados al Código Penal

La Cámara de Diputados. Aprobó modificaciones al Código Penal y remitió el proyecto a la Cámara de Senadores. Estos son los cambios.

Terrorismo. "El que formare parte, actuare al servicio o colaborare contra la seguridad común, delitos contra la vida o delitos contra la integridad corporal,  con la finalidad de subvertir el orden constitucional, deponer al gobierno elegido constitucionalmente, será sancionado con presidio de15 a veinte 20 años, (art.133bis)

Financiamiento.  Se establecen penas de 15 a 20 años para los financistas.

Separatismo. "El que en forma individual u organizada resolviere inconstitucionalmente, agrediere, atacare, violentare o asaltare teniendo la finalidad de dividir, disgregar o separar la unidad del Estado, será sancionado con privación de libertad de 30 años sin derecho a indulto. Igual pena se aplicará a los cómplices o los colaboradores”.