Bolivia no violó los convenios internacionales que protegen el hábitat de los pueblos indígenas, afirmó el domingo el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, al referirse a la legalidad de la construcción del tramo II de la carretera entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni).
Los tramos I y III de esa vía ya tienen licencia ambiental, pero algunas comunidades indígenas rechazan la construcción del tramo II, argumentado daños a su hábitat y un eventual saqueo de recursos naturales.
Los opositores a la construcción de esa ruta sostienen que el gobierno de Evo Morales desconoció el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incorporados en la Constitución Política del Estado boliviano.
Arce dijo que, según el artículo 6 de la OIT, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
"No hay ninguna norma o referencia que le obligue al Estado a hacer una consulta sobre la construcción de una carretera. La construcción de una carretera no es una medida legislativa tampoco administrativa, estamos hablando concretamente de la construcción de una carretera (y) siempre la construcción de una carretera se había identificado con progreso, con desarrollo, con mejorar las condiciones de vida. Quizá por eso ni las normas bolivianas ni las internacionales establecen una consulta", argumentó Arce.
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El legislador subrayó que el Convenio 169 de la OIT sí establece la obligación de la reparación de los impactos ambientales.
Respecto a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ratificada por la Ley nacional 3760 de 2007, el presidente de la Cámara de Diputados indicó que esa norma establece que el Estado tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando éstos son susceptibles de cambio de hábitat y antes de utilizar su territorio para actividades militares.
Además, señaló que la Ley del Régimen Electoral, promulgada el 30 junio de 2010, establece que el Estado tiene la obligación de realizar una consulta previa sólo en temas referidos a la realización de proyectos, obras o actividades relativas a la explotación de recursos naturales.
En ese marco, respaldó la idea de que, mediante un referéndum en Cochabamba y Beni, se defina la viabilizarían o extinción de esa carretera, que a su juicio es "importantísima" para el desarrollo e integración de las poblaciones amazónicas del norte de Bolivia.
"Nada puede ser más legal, Constitucional y democrático que darle la palabra al pueblo", remarcó.
La Paz, 2 oct, ABI.