Asamblea de DDHH analiza expulsar a exministro Llorenti por represión a indígenas en Yucumo

El Tribunal de Ética de la APDHB decidirá a finales de octubre las medidas contra el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. Por otro lado el Defensor anunció que entregará esta semana su informe sobre los sucesos de Yucumo.

imageEl 6 de mayo de 2011, el entonces ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, disertaba sobre derechos humanos a los miembros de la Escuela Superior de Policías. (Foto: Min. Gobierno/ABI)

    Asamblea de derechos humanos analiza expulsar a Llorenti por intervención de marcha en Yucumo

    La Paz, ANF.- A finales de octubre, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) analizará la expulsión del ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, por considerarlo responsable de la brutal intervención policial a la marcha que defiende el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el pasado 25 de septiembre en cercanías del puente San Lorenzo Yucumo.



    La presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, informó que las Asambleas de Derechos Humanos de Potosí, El Alto y de Tarija, además de past Presidentes y muchos otros activistas han pedido la expulsión de la ex autoridad de gobierno.

    La solicitud de estas instituciones refiere expulsarlo con ignominia (Deshonor, descrédito de quien ha perdido el respeto de los demás a causa de una acción indigna o vergonzosa).

    “La petición es la expulsión de este activista a nivel institucional, porque fíjese cualquier activista que está en una función de gobierno pide una comisión (licencia), bueno se aleja de la actividad de derechos humanos, los compañeros plantean que hay el riesgo de que siempre puedan volver activarse y en ese sentido es que el Tribunal de Ética Nacional de nuestra organización evalué el comportamiento”, manifestó Herrera a la ANF.

    Sacha LLorenti, quien fue defensor de los derechos humanos y Viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales y Ministro de Gobierno desde enero del 2010, presentó sorpresivamente su renuncia el 27 de septiembre y aseguró que se defenderá de cualquier acusación.

    Desde que LLorenti asumió el cargo de Ministro de Gobierno, se registraron hechos violentos, en el caso Caranavi, donde se produjeron 2 muertos, los excesos en la Apacheta con personas heridas, el caso Uncía, la muerte de 4 policías por comunarios de esa localidad, e irregularidades con miembros de la institución, como el caso de René Sanabria implicado en asuntos de narcotráfico, entre otros.

    El Ministerio Público de La Paz confirmó que ya se iniciaron las investigaciones contra el ex Ministro de Gobierno, y los jefes Policiales que participaron de la violenta intervención policial. La denuncia es por los delitos de genocidio, privación de libertad, desaparición forzosa de personas, vejaciones y torturas durante el operativo policial.

    Para el defensor del pueblo Rolando Villena es muy adelantado asegurar que el ex ministro deje de ser un defensor de los derechos humanos, por lo que prefiere esperar a las investigaciones que realiza el ministerio público, para encontrar a los autores intelectuales y materiales de la intervención policial en Yucumo. 

    Sacha Llorenti “ha sido defensor de los derechos humanos nada más que eso, pero mientras no se conozca la decisión de la justicia no se puede adelantar ningún juicio ni mucho menos, mantengamos la calma, la serenidad”, a la espera del “resultado de esta investigación que inició el ministerio publico”, dijo Villena a la ANF.

    El Tribunal de Ética de la APDHB podría reunirse a finales de octubre y de aceptarse la petición de expulsión se lo hará conocer a nivel interno de sus miembros y si la importancia lo amerita será de conocimiento público.

    “Esa es una resolución que se va a emitir a través del Tribunal de Ética Nacional y eso lo haremos conocer a nivel interno de nuestra organización y a nivel publico si es que lo amerita, son past presidentes quienes evalúan, entonces es una instancia que vigila nuestro accionar para que estemos apegados al estatuto, a la misión, a la visión y a un comportamiento ético como defensores de derechos humanos de la sociedad civil”, concluyó Herrera.

    Defensor entregará esta semana su informe sobre los sucesos de Yucumo

    Rolando Villena informó existen retrasos en los requerimientos que se solicitó en el ministerio de Gobierno, Comando Nacional de la Policía y el comando departamental de la Policía del Beni.

    imageEl Defensor del Pueblo realiza su propia investigación sobre la represión a los indígenas del Tipnis. Foto Opinión.

    La Paz, ANF.- El defensor del Pueblo, Rolando Villena informó que en esta semana presentará su informe respecto a la violenta represión policial, en la población beniana de Yucumo, contra los indígenas que defienden la preservación del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

    El defensor del Pueblo declinó de participar en la comisión de investigación que propuso el gobierno junto con organismos internacionales. Esta instancia, a casi un mes de su creación, hasta el momento no inició su trabajo porque los organismos internacionales aún no confirmaron su participación. 

    “Estamos dedicados al informe defensorial y hemos avanzado en un 75 por ciento, el resto está pendiente porque los requerimientos que nosotros hemos pedidos a la autoridades del Estado no nos hecho llegar. Sin embargo, lo completaremos en los próximos cinco días”, afirmó Villena.

    El defensor del Pueblo confirmó que a pesar que no se tienen todos los insumos para culminar con la investigación, esta instancia cumplirá con su obligación de entregar el informe. Rolando Villena informó el miércoles que existen retrasos en los requerimientos que se solicitó en el ministerio de Gobierno, Comando Nacional de la Policía y el comando departamental de la Policía del Beni. “Esto está obstaculizando el trabajo de la defensoría”, denunció Villena.

    El pasado 25 de septiembre la VII marcha indígena fue intervenida en las cercanías de la población de Yucumo por efectivos policiales, el hecho fue repudiado por distintos sectores de la sociedad y el mismo gobierno reconoció que se cometieron excesos. A pesar de renuncias en el ministerio de Gobierno no se ha determinado responsabilidad por la orden de intervención.