Juez determina una audiencia aparte para Gary Prado Salmón, Lucio Añez, Juan Carlos Santiesteban y Ronald Castedo, el 26 de octubre en Yacuiba, en el departamento de Tarija, por razones de salud.
La defensa de uno de los acusados del caso Rózsa presenta sus incidentes en la audiencia conclusiva del jueves. Foto Los Tiempos
Cochabamba, 21 oct (ABI).- La audiencia conclusiva del caso terrorismo fue declarada el viernes en cuarto intermedio hasta el 3 de noviembre por la resolución emitida por el juez Quinto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, Ricardo Maldonado.
"Se declara cuarto intermedio en esta audiencia conclusiva hasta el 3 de noviembre de 2011, donde deberán constituirse todos los sujetos procesales", estableció en el Salón Rojo de la Corte Superior de Justicia.
La autoridad judicial tomó la determinación una vez concluida la presentación de los incidentes y las excepciones de los abogados defensores de los acusados formales que asistieron durante los últimos días al acto procesal.
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La resolución surgió, además, por la necesidad de que cuatro implicados que justificaron su inasistencia por enfermedad, Gary Prado Salmón, Lucio Añez, Juan Carlos Santiesteban y Ronald Castedo, tengan la oportunidad de plantear sus recursos en una ciudad con menor altura.
En ese sentido, estableció que se instalará una audiencia conclusiva aparte para ellos el 26 de octubre, a partir de las 10.00 horas, en la ciudad intermedia de Yacuiba, en el departamento de Tarija.
"Allá deberán constituirse los cuatro acusados nombrados, más sus abogados, la acusación particular y el Ministerio Público", añadió.
El juez estableció que en la reanudación del acto procesal principal, el 3 de noviembre, se escuchará recién la respuesta de fundamentación del Ministerio Público y la acusación particular sobre los incidentes y las excepciones de los acusados. Posteriormente se dictará la resolución conclusiva.
El asesor legal del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, calificó como necesaria la instalación de una audiencia conclusiva colateral para los implicados con enfermedades en una región que está apenas a unos 500 metros sobre el nivel del mar.
El acusado Ignacio Villa Vargas continuó con las denuncias sobre presuntas irregularidades y dijo que hay personas que deberían estar presentes en el proceso y no asisten porque tendrían privilegios por tener dinero.
"Ellos por factor económico, como son pudientes, parece que sí compran justicia. Son todas las personas que están metidas ahí y que no están, pese a que el fiscal los ha citado", aseveró.
El implicado dijo que es preciso preguntarle al fiscal Marcelo Soza porqué sacó los nombres en la acusación formal de algunos presuntos participes en las actividades terroristas desactivadas el 16 de abril de 2009 en el país.
Fuente: ABI agencia