Bolivia se sometería a leyes brasileñas por la variante del tramo II y precio de la vía subiría a $us 665 millones

Brasil condiciona a Bolivia para darle más crédito: se deben superar los problemas que frenaron la obra, dar seguridad a soyeros brasileños y devolver los autos robados.

El líder opositor Del Granado ratifica denuncia de sobreprecio de casi $us 200 millones y advierte que la paralización de la construcción en la tramo II de la carretera por el TIPNIS sometería al Estado boliviano a jueces y leyes brasileñas, si es que no aceptan el cambio del contrato.

image Trabajadores de la brasileña OAS ya hacían trabajos en Isinuta el pasado mes de agosto (Foto archivo Pagina Siete)



Bolivia en riesgo de someterse a leyes brasileñas por paralización del tramo II

La Paz, EFE.- El Jefe Nacional del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, advirtió este jueves que la paralización de la construcción en la tramo II de la carretera por el TIPNIS sometería al Estado a jueces y leyes brasileñas, si es que no aceptan el cambio del contrato. Pues el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) fue quien prestó el crédito para la construcción de la carretera y que ahora no se concluirá la obra, "por lo que se debe renegociar un nuevo contrato".

Del Granado presentó este jueves la ampliación de su denuncia ante el Ministerio Público por los delitos de sobreprecio en la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos y el sometimiento a leyes brasileñas, tras la determinación gubernamental de paralizar la construcción del tramo II de la ruta por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

"Cómo se va modificar por la victoria indígena que ha eliminado el tramo dos, primero el gobierno boliviano tiene que ir al Banco del Brasil en Rio de Janeiro para lograr su anuencia y su aprobación, porque si no lo logra vamos a ser enjuiciados con jueces y leyes brasileñas", manifestó Del Granado.

La cláusula 13.1 del contrato entre ABC y la empresa OAS referente incumplimiento establece: "Serán considerados casos de incumplimiento los siguientes eventos: Alteraciones en los términos y condiciones del contrato comercial (se refiere al de obras suscrito entre ABC y OAS) sin previa y expresa anuencia del BNDES".

La cláusula 22.1 legislación aplicable y jurisdicción determina: "Este contrato y las obligaciones del resultante serán regidos e interpretados en conformidad con las leyes de la República Federativa del Brasil. Mientras que la cláusula 22.2 señala: "Es elegido el foro de la ciudad de Rio de Janeiro, República Federativa del Brasil, para dirimir cualquier controversia resultante de este contrato con la exclusión de cualquier otro".

Frente a este panorama, Del Granado, ex alcalde paceño, sostuvo que continuaran con su denuncia ante el Ministerio Público, por lo que pidió a la Fiscalía requiera bajo conminatoria a todas las instituciones del Estado para que remitan los documentos originales, y de esa forma establecer a los responsables de los delitos que se han denunciado. El MSM le pide al presidente Evo Morales que deje sin efecto los contratos, porque no se puede renegociar con contratos lesivos al Estado.

Según Del Granado, en fecha 3 de septiembre de 2008, los técnicos analistas del Viceministerio de Inversión Pública, Mariela Zapata y Pedro Sangüesa, habrían cuestionado el crédito para la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, "El costo propuesto por OAS de 1.3 millones de dólares por kilómetro resulta elevado con referencia a algunos proyectos en ejecución a cargo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se sugiere ordenar la revisión en detalle del presupuesto referencial de manera que permita determinar la coherencia de la propuesta económica de la empresa OAS".

El informe de la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba de enero de 2009 establece que la adjudicación es el resultado de un precio referencial falso, ahora si este precio referencial falso es voluntariamente utilizado, esto se constituiría en un hecho doloso, pero si el precio referencial falso es producto de malos ingenieros y descuidados ejecutivos esto se traduce de todas maneras en un contrato lesivo al estado, explicó.

Indicó, también, El informe técnico del Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba de 26 de marzo de 2009 establece que los incrementos adicionales al costo directo son injustificados e incrementan el costo promedio referencial de 620 mil dólares por kilómetro a 1.09 millones dólares por kilómetro.

"Es decir el 76.87 por ciento del incremento normado para los contratos llave en mano de un 25 por ciento, ya que cubre los factores de riesgo, sin embargo este ha sido incrementado a un 30 por ciento, con lo que el precio referencial se incrementó a 1.42 millones de dólares, de este análisis deriva que el precio referencial tiene un sobreprecio no justificado de 650.5 mil dólares por kilómetro lo que en 306 kilómetros hace un monto de 199.07 millones de dólares".

El costo directo por factores como medidas de mitigación ambiental extraordinarias 18.9 millones de dólares, incremento por inoperatividad de la zona 37.9 millones de dólares, incremento por transporte 9.4 millones de dólares, suman 56.3 millones de dólares, a ello se agregó como factor de riesgo por contrato llave en mano la suma de 100.6 millones de dólares, señaló del Granado.

Con la variante, el precio de la vía subiría a $us 665 millones

Brasil quiere financiar vía que bordee el TIPNIS, pero pone condiciones.

Agenda. Para que el país obtenga más crédito, se deben superar los problemas que frenaron la obra, dar seguridad a soyeros brasileños y devolver los autos robados.

Marco Zelaya / La Paz – Página Siete

El Gobierno brasileño está dispuesto a ampliar en 250 millones de dólares el crédito para el nuevo trazo del tramo II de la ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, con lo cual el precio global de la obra ascendería a 665 millones de dólares.

La noticia salió publicada en el diario brasileño Valor Económico, que añade que Brasil planteará “condiciones” para otorgar la ampliación del préstamo.

De acuerdo con los contratos de obra, con la constructora brasileña OAS, y financiero, con el Banco de Desarrollo Social (BNDES) del vecino país, el actual precio de la ruta es de 415 millones de dólares. De ese monto, la institución crediticia debe desembolsar el 80% (332 millones de dólares), en tanto que el restante 20% (83 millones de dólares) es la contraparte nacional.

Según las fuentes consultadas por el mencionado diario, el nuevo trazo se extendería al menos 200 kilómetros adicionales, lo que inevitablemente eleva el precio de la obra. Brasilia podría otorgar 250 millones de dólares más, que, sumados al precio por el trazado original, representa un aumento del 60% en el precio de la polémica vía.

Por tanto, la ruta ampliada tendría una extensión total de 506 kilómetros. Se mantendría, con la ampliación de la ruta, el precio de 1, 3 millones de dólares por kilómetro lineal. El Movimiento Sin Miedo y otros analistas creen que ese monto tiene un sobreprecio del 80%.

Las condiciones planteadas para ampliar el crédito tienen que ver con la resolución de los problemas técnicos, ambientales y políticos de la carretera, para que la obra no se paralice, y el impulso a una “agenda positiva o de buena voluntad”, lo cual crearía en la opinión pública brasileña un ambiente favorable “a éste y a futuros proyectos”.

Según Valor, el Gobierno boliviano debe desembolsar 110 millones de dólares para OAS por las obras ejecutadas hasta ahora en el camino.

Crédito adicional

Ampliación. El Gobierno brasileño está dispuesto a ampliar el crédito de BNDES hasta en 250 millones de dólares.

Más kilómetros. La variante del tramo II tendría, según el diario Valor, 200 kilómetros adicionales.

Señales. El aumento del financiamiento está condicionado a la creación de una “agenda positiva” entre Brasil y Bolivia.

Soya. Brasilia, según el diario paulista, solicitaría que se otorgue seguridad jurídica a los soyeros de ese país que tienen 150 mil hectáreas y producen el 10% del “grano de oro”.

Autos.Se pide que se devuelvan al menos 100 autos robados en Brasil y que ya fueron recuperados en el país.

El MSM denuncia sobreprecio de hasta $us199 millones

Ratificó las denuncias sobre presuntas irregularidades en el contrato. La carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos ya no atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) como se pretendía.

imageDel Granado denuncia presuntas irregularidades, ayer.APG

Página Siete / La Paz

El líder opositor del MSM, Juan del Granado, denunció ayer la existencia de un presunto sobreprecio de entre 100 y 199 millones de dólares en el contrato de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Del Granado presentó ayer, en una conferencia de prensa, la documentación que respalda su denuncia en contra del contrato para la construcción de la carretera interdepartamental.

El tramo II fue suspendido definitivamente como consecuencia de la presión de los indígenas que se opusieron a que esa vía atraviese el TIPNIS, y el Gobierno, mediante una ley, vetó que cualquier carretera pase por el territorio indígena.

“El señor consultor establece un factor de riesgo del 30%, eso supone nada más ni nada menos que 100,6 millones de dólares adicionales, con lo que efectivamente el precio referencial trepa hasta los 436 millones de dólares”, afirmó Del Granado.

El líder opositor entregó a la Fiscalía dos informes técnicos: uno de ellos realizado por la Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba indica un sobreprecio de 100 millones de dólares y señala que es lesivo al Estado. Otro es el análisis realizado por el Colegio de Ingenieros del mismo departamento, que concluye que el precio referencial tiene un sobreprecio “no justificado de 650 mil dólares por kilómetro, lo que en 306 kilómetros, hace un monto de 199 millones de dólares”, sostuvo.

Asimismo, dijo que también se entregó información documental sobre la ilegalidad de la adjudicación y la subordinación de la obra al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES).

Argumentó que OAS violó el pliego de contratación porque previo a esta acción, el Gobierno de Bolivia debía firmar el contrato de financiamiento; el primero se suscribió en 2008 y el segundo dos años después. Con esto se verificaría que OAS no contaba con el financiamiento; por lo tanto, no podía adjudicarse la obra, sino quedar descalificada.

Del Granado se remitió al informe 229 del Viceministerio de Inversión Pública, en el que se pronuncia “negativamente” sobre el financiamiento brasileño en el que sugiere acudir a otras fuentes de financiamiento.

Dadas las observaciones técnicas y financieras, el VIPFE concluye que se deben realizar consultas y determinar la viabilidad o no del proyecto.

Del Granado, en rueda de prensa, manifestó que lo más grave es la subordinación del Estado a la legislación brasileña cuando se pretenda modificar el contrato. Según dijo, la vigésima segunda cláusula del contrato de préstamo establece que éste, además de las obligaciones de él resultantes, será regido e interpretado en conformidad con las leyes de la República Federativa de Brasil.

De acuerdo con el documento, la elección de la legislación brasileña como aplicable al presente contrato es válida, no viola la legislación aplicable del Estado Plurinacional de Bolivia, la que será reconocida por los órganos jurisdiccionales, al igual que las sentencias que se produzcan.

Esto no ha sido rebatido por el “Vicepresidente (Álvaro García Linera) que en las semanas pasadas ha estado oficiando como abogado de OAS)”, dijo Del Granado, en rueda de prensa.

Las autoridades gubernamentales rechazaron las acusaciones del jefe del MSM. “No es la carretera más cara de Bolivia, es la cuarta”, señaló el vicepresidente Álvaro García Linera, cuando se hizo pública la denuncia de Del Granado, quien ayer compareció ante el fiscal Marco Antonio Vargas como denunciante de estos hechos ante la Fiscalía.

Algunos otros detalles de los contratos

Modificaciones. El contrato de obras establece que los términos y contenidos no pueden ser modificados unilateralmente.

Observaciones. La Contraloría General del Estado, en un informe sobre el proceso de contratación, establece que producto de la evaluación “se presentan hechos que podrían derivar en responsabilidades administrativas”.

Elementos. Algunos elementos observados al contrato con OAS son el proceso de evaluación, deficiencias en la publicación de formularios de solicitud de publicación de ampliación, cancelaciones y otros, además de la finalización del proceso de contratación. También se observaron las enmiendas posteriores a la aprobación del documento base de contratación de OAS y a la propuesta para la estimación de un precio referencial de la carretera que no fue elaborado ni aprobado por la Unidad Solicitante.

Denuncia. El MSM presentó la demanda el 27 de septiembre ante el Ministerio Público, por presuntas irregularidades en el contrato con la empresa brasileña OAS.