Marcelo Ostria Trigo
Hay un parecido entre las conductas individuales y las de ciertos grupos. Esto se advierte en miembros de los gobiernos que, agobiados por los problemas que son incapaces de solucionar, caen en crisis agudas que desembocan en una suerte de histeria colectiva. Lo que resulta claro es que los gobiernos están para administrar el Estado y eso siempre trae problemas de diversa índole; y el servidor público tiene entre sus tareas la obligación de solucionarlos.
En Bolivia, lo más reciente que ha desatado histeria en el oficialismo, es el caso del proyecto de construcción de una carretera entre Villa Tunari, en Cochabamba, y San Ignacio, en el Beni, que atravesaría por el medio el Territorio Indígena-Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis). Los indígenas que lo habitan -los pueblos originarios mojeño, chimán y yuracaré; unas 15 mil personas-, se oponen al trazado por el fundado temor de que se dañe su medio ambiente y se dé lugar a que una incontrolada explotación de la madera de la selva. Finalmente, temen que el trazo caminero facilite a los cocaleros del Chapare -limítrofe al Tipnis- su asentamiento en el Parque, los que, con el propósito de ampliar sus cultivos de coca, talarían la selva para abrir espacios. Ha quedado claro que no hay oposición a que se construya el camino, pero con otro trazo.
¿Qué es el Tipnis? Es un área en la Amazonia boliviana, con una extensión de dos millones doscientos mil hectáreas, que ya fue explorada en el siglo XIX por el naturalista francés Alcide d’Orbiny (1802-1857), quien escribió: “Desde la cresta de las montañas, caminando “bajo una bóveda perpetua de ramas entrelazadas que forman una masa de verdura impenetrable al sol, a la tierra”, me interné, en julio de 1832, “en el corazón de la selva más hermosa del mundo…” (d’Orbigny. “Descripción geográfica, y estadística de Bolivia”. París, 1845).
Se trata de la región tropical boliviana mejor preservada, aunque se reconoce su fragilidad.
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Los indígenas habitantes del Tipnis demandaron el cambio del trazado de la proyectada carretera, apoyados en que previamente se debió consultarles, como establece la nueva constitución boliviana, cuya aprobación fue impulsada precisamente por el gobierno de Evo Morales. No hubo esa consulta ni se atendieron los planteamientos de los dirigentes indígenas.
Se organizaron los habitantes del Tipnis, y poco más de un millar de indígenas, incluyendo mujeres y niños, iniciaron, hace ya más de 50 días, un marcha hacia La Paz, a cientos de kilómetros. Piden que los escuche el presidente Evo Morales, o que éste vaya a encontrarse con ellos.
Entonces, comenzó en el gobierno una campaña de descrédito de la marcha. Se le atribuyó propósitos políticos; inclusive un ex ministro acusó a Usaid, la agencia para la cooperación de Estados Unidos, de alentar a los indígenas con el fin de desestabilizar al régimen.
Los indígenas, a medida que marchaban, insistían en que el diálogo debe ser con el presidente y no con sus ministros que, en verdad, ya se habían deslenguado en contra de sus demandas.
Poco a poco y a medida de que se conocían las penurias de los que marchaban, se fue formando una opinión generalizada de simpatía hacia ellos. Mientras tanto, la inflexibilidad era notoria en los círculos oficiales.
La muy discutida adjudicación para la construcción de la carretera, que se dice que tendrá una inversión de más de un US$1.300.000 por kilómetro, favoreció a la constructora brasileña OAS, precio que fue considerado elevadísimo y fuera de toda proporción, si además se tiene en cuenta, como lo denunció Juan del Granado, un político ahora opositor, que no tendría carpeta asfáltica, afirmando que el monto establecido de poco más de US$400 millones, tiene un sobreprecio que llega a unos US$200 millones.
No se ocultó que en esta carreta hay interés del Brasil, pues facilitaría su acceso a los puertos del Pacífico. Ya iniciada la marcha indígena, cuando ya eran notorias las protestas y objeciones al tramo carretera que atraviese el Tipnis, llegó a Bolivia el ex presidente brasileño Inácio “Lula” da Silva. Hubo susceptibilidad generalizada, ya que se le adjudicó el papel de gestor de la constructora brasileña OAS, de que empeñaría su influencia en Evo Morales para que insistiera en su construcción, tal como se había acordado con OAS.
Mientras el gobierno consistentemente negaba la pertinencia de la oposición indígena al trazo por el Tipni, las penurias que sufrían los indígenas fueron despertando solidaridad en diversos lugares del país. Se pensaba que los que más apoyarían a los indígenas serían los habitantes de la zona tropical boliviana: Santa Cruz y Beni. Sin embargo, aún en las andinas ciudades de La Paz y Oruro se esparció el respaldo a estas demandas.
El gobierno se alarmó. Si los indígenas llegaban a La Paz, se les unirían muchos sectores populares paceños y aun de la combativa ciudad de El Alto, considerada hasta hace poco uno de los bastiones del gobernante Movimiento al Socialismo.
Seguramente se recordaba la crisis de diciembre de 2010 por el “gasolinazo”, que ocasionó una protesta sin precedentes desde que el gobierno de Evo Morales asumiera el poder, poniendo en peligro su estabilidad. Por ello, el régimen organizó a los llamados colonos en las cercanías del ingreso al territorio del departamento de La Paz, políticamente seguidores del MAS, para impedir, por la fuerza, que prosiguiera la marcha. En una zona llamada Yocumo, se estacionó un destacamento de unos 400 policías, supuestamente para evitar el enfrentamiento entre los colonos y los indígenas que marchaban hacia La Paz. Detenida la marcha, tanto los colonos como los policías impidieron que los indígenas recibieran alimentos y agua. La situación se volvió angustiosa, especialmente para las mujeres y niños.
En estas circunstancias, llegó a la zona, como enviado del presidente, el canciller David Choquehuanca, con el propósito de persuadir a los indígenas que abandonaran sus demandas y que retornaran a su región. Los indígenas rechazaron el pedido y obligaron al canciller a encabezar la marcha por un corto tramo, antes de permitir que se retirara del lugar, custodiado por policías.
Pudo más el temor del oficialismo que la prudencia. “Una violenta represión policial a los indígenas que se movilizan en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, tuvo lugar ayer (25.09.2011) cerca del puente San Lorenzo, en Yucumo”, informaba la Agencia de Noticias Servindi del Perú, junto a todos los despachos de las corresponsalías extranjeras en Bolivia. El asunto ya se conocía en el mundo, incluyendo imágenes de la brutalidad policial.
Este es un relato de la Fundación Tierra: “aproximadamente a las 17 horas del día de ayer, efectivos policiales rodearon el campamento indígena y lanzaron bombas lacrimógenas al lugar. Posteriormente, subieron a camionetas a mujeres y niños. Los marchistas fueron atados con cintas y puestos boca abajo, mientras esperaban que más movilidades lleguen al lugar. Estos fueron trasladados hasta la población de San Borja donde la población impidió el paso a los buses. El día de hoy, se informó que aproximadamente 280 marchistas que viajaban en tres buses custodiados por efectivos policiales, fueron liberados en la localidad de Rurrenabaque, del departamento del Beni. Pobladores de la localidad se enfrentaron con un centenar de policías en el aeropuerto y lograron liberar a los indígenas que estaban retenidos en espera de ser trasladados en un avión militar con rumbo desconocido”.
Inmediatamente surgieron manifestaciones de protesta en todo el país. Nuevamente las masas de manifestantes, como en diciembre de 2010, cuando protestaban por el alza de los carburantes, al grito de “¡Evo traidor, que renuncie!”
Los indígenas se reagruparon y reemprendieron su marcha, pese a que siguen porfiados algunos colonos partidarios del gobierno en el empeño de impedir que prosiga hasta La Paz. El gobierno se debate en la grave crisis que por esto ha ocasionado la renuncia de dos jerarcas: el ministro del Gobierno y la ministra de Defensa. Renunció además un viceministro de Gobierno y, por último, el subcomandante de la policía boliviana; todo en vísperas de una curiosa y controvertida elección popular de magistrados del Poder Judicial.
El presidente, habló tres días seguidos en el canal oficial de televisión para justificar la actitud del gobierno y, finalmente, para anunciar que se suspendía temporalmente la construcción de la carretera por el Tipnis. Persistía el empecinamiento, y se guardaba para después la continuación de la obra. Inclusive, mencionó un referendo en Cochabamba y el Beni, a espaldas de los indígenas, desconociendo el derecho a ser consultados, que les otorgó la constitución. Los indígenas sólo aceptan que se cancele definitivamente el paso de la carretera por su territorio.
Pero continúa el temor oficial de que la marcha llegue a La Paz. Puede surgir lo que sigue a la histeria colectiva: la paranoia, y eso es aun más peligroso.
América Economía