Chile recurre a una ley con ecos pinochetistas

Chile vive el miércoles el segundo día de paro convocado por los estudiantes

La quema de un bus del transporte público durante una jornada de protestas el martes en Santiago llevó al gobierno de Sebastián Piñera a invocar una ley que endurece las penas contra los detenidos y que en Chile es relacionada por muchos con el pasado régimen militar de Augusto Pinochet.

Se trata de la ley de Seguridad del Estado, que los tribunales de justicia analizarán si corresponde aplicar contra «todos quienes resulten responsables» del ataque contra el bus del Transantiago y que podría conllevar penas de entre tres y 10 años.

Las imágenes del bus quemado dieron la vuelta al mundo y rápidamente el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunció la medida y aseguró que «nuestro gobierno no va a dudar en aplicar esta ley cada vez que se produzcan hechos que la justifiquen».



Las críticas surgieron de inmediato entre quienes consideran que se trata de una norma que podría llegar a aplicarse contra el movimiento estudiantil que lleva más de cinco meses exigiendo cambios en el sistema escolar y universitario y que constantemente se ha tomado las calles para manifestar sus demandas.

Felipe Harboe, exsubsecretario del Interior durante el gobierno de Michelle Bachelet, le explicó a BBC Mundo que esta ley sólo aplica para hechos pasados, señalando que no tendrá mayores efectos mientras las autoridades no mejoren su eficacia a la hora de efectuar detenciones y entreguen pruebas claras para que los jueces dicten condenas de cárcel.

«El gobierno tiene el problema de identificar a los hechores, porque usted puede tener las penas del infierno y puede anunciarlas en los medios de comunicación y ponerlas en portada, pero si no identifica a las personas eso va a valer cero porque a quién se las va a aplicar», declaró. Harboe apuntó también que hoy «más bien se está optando por un sistema de detención masiva».

Se endurece el discurso

La normativa que invocó la administración de Sebastián Piñera es constantemente relacionada con la ley de Seguridad Interior del Estado que primaba durante el régimen militar de Augusto Pinochet, que permitía adoptar medidas de excepción o detenciones prolongadas.

Sin embargo, esta ley fue modificada durante los gobiernos de la Concertación, al punto que Ricardo Lagos la aplicó en 2002 cuando los «microbuseros» bloquearon las calles de Santiago. Aunque la norma obliga a los tribunales a aplicar las sanciones más duras, en este caso específico no implica penas más altas.

«Creo que tiene un interés mediático, es decir, generar un endurecimiento del discurso y sólo del discurso. Desde el punto de vista de la penalidad, decir que es más alta, me atrevo a decir que eso no es correcto», explicó Felipe Harboe.

A juicio del hoy diputado, la ley invocada por La Moneda contempla «exactamente la misma pena» para el delito de destrucción de transporte público que el código penal daría si los responsables son formalizados por incendio.

En la Moneda defienden su decisión y el ministro vocero de gobierno, Andrés Chadwick, enfatizó el miércoles que harán todo lo posible para garantizar el orden público ante las crecientes protestas y manifestaciones sociales.

«El gobierno desde hace un tiempo largo tiene una postura muy clara. Algunos le pueden decir endurecimiento o no, a mí me gusta decir cumplimiento absoluto de la ley y lucha frontal contra los encapuchados y los violentos», aseveró.

Para algunos, la ley invocada por el gobierno es un endurecimiento del discurso.

La violencia como clave

Semanas después que Sebastián Piñera dijera ante la Organización de las Naciones Unidas que el movimiento estudiantil representa una «causa noble», el gobierno chileno empezó a endurecer el discurso hasta afirmar que las manifestaciones de escolares y universitarios están controladas por los sectores más radicalizados.

Se envió al Congreso un proyecto que penaliza las tomas de edificios y las manifestaciones violentas y se ha respaldado la actuación de la policía ante las marchas estudiantiles, que ha sido calificada por muchos como excesiva.

Según el politólogo Guillermo Holzman, «el gobierno se ha concentrado solamente en los temas de violencia, reconociendo incluso que si bien los grupos (violentos) tienen un grado de coordinación para hacer el vandalismo, definitivamente no están relacionados con la estructura de la movilización y las demandas que llevan más de cinco meses».

El académico de la Universidad de Chile le dijo a BBC Mundo que el endurecimiento de la posición del gobierno «pasa a ser un elemento esencial que definitivamente lleve como resultado final a deslegitimar al movimiento».

Sin embargo, a su juicio, las protestas seguirán mientras no haya respuestas a las demandas estudiantiles.

Este miércoles hay dos marchas masivas en Santiago y otras a lo largo del país. El llamado de los convocantes fue a una manifestación pacífica. Los organizadores admitieron que los hechos de violencia «no nos benefician para nada», según el dirigente Camilo Ballesteros.

Fuente: bbc