La ley aprobada limita la amnistía que impide juzgar a los militares. Los delitos iban a caducar en noviembre. El largo debate evidenció las diferencias entre el oficialismo y la oposición. "Se va acabar la impunidad en Uruguay", era el cántico que era coreado por un centenar de personas que acompañaron la votación desde las barras del Parlamento y posteriormente celebraron la aprobación con aplausos el final de un tenso debate sobre un tema que ha dividido a ese país en los últimos 26 años. "Hoy se dejó en libertad total a la justicia, que puede actuar. Hoy hemos dejado de lado el escollo que tiene la Ley de caducidad y los jueces van a poder actuar. Es un día histórico", señaló la diputada oficialista Ivonne Passada.
En la oposición, en cambio, se veían caras largas. "Solo los autoritarios festejan un atentado a la democracia", escribió en su Twitter la diputada del Partido Nacional AnaLía Piñeyrúa, mientras que Fitzgerald Cantero, del Partido Colorado, sostuvo que "el FA acaba de desconocer la voluntad del pueblo". El proyecto aprobado el jueves "restablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985, fecha del retorno de la democracia". Además, declara estos delitos "crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales" y afirma que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad para su juzgamiento".
De acuerdo a los que propusieron el proyecto, esto derogaría de hecho la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 cuando la justicia comenzaba a citar a militares por violaciones a los derechos humanos, y un año y medio después de otra norma que amnistió a la mayoría de los presos políticos. Además, la izquierda gobernante sostuvo que de esta forma se cumple con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en marzo ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.
El intenso debate ocurrió después del hallazgo de restos óseos en un predio militar en el marco de las excavaciones que se realizan en busca de los desaparecidos durante la dictadura. Según la Comisión para la Paz, que funcionó entre 2000 y 2003 para investigar el destino de los desaparecidos, hubo 38 personas desaparecidas en Uruguay. Además, se denunciaron 182 desapariciones de uruguayos en Argentina, ocho en Chile, dos en Paraguay y una en Brasil.
El miércoles el jefe del Estado Mayor de la Defensa, comandante José Bonilla, advirtió que si los delitos de la dictadura no prescriben será más difícil obtener datos sobre el destino de los desaparecidos. "En el plano personal creo que había un antes y un después del 1 de noviembre", declaró Bonilla a periodistas. "Para aquellas personas que algo sabían, podían a partir del 1 de noviembre, en la libertad de esa prescripción, poder aportar datos que sean importantes para llegar a lo que todos los uruguayos queremos: la verdad frente a los hechos ocurridos en el pasado". Militares retirados, en tanto, anunciaron esta semana que presentarán acciones judiciales contra una treintena de ex miembros de grupos armados de la década de 1960 y 1970 que en su momento no fueron juzgados.
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Fuente: CNN.
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