María Teresa Zegada
Desde hace varios meses y con diversos argumentos, se había llamado la atención sobre las dificultades que comportaba el proceso de elección de altas autoridades de la magistratura por voto directo; sin embargo, se llevaron adelante de igual manera, sin cuidar aquellos aspectos que justamente se quería evitar y justificando la realización del nuevo e inédito sistema de elección.
Los resultados de esta elección constatan varios elementos críticos que deberán someterse a consideración, que tienen que ver por una parte, con el mecanismo de elección, por otro con su administración y por último con la injerencia político partidaria. Comencemos por el último aspecto. Si bien la intención inicial del proceso fue despolitizar la selección de autoridades judiciales, ésta terminó constituyéndose en un acto altamente político, tanto por el proceso de preselección que se realizó en la Asamblea Legislativa, entidad que, como todos sabemos, se rige por la correlación de fuerzas político partidarias y se verificó en la forma en que se encaró la preselección de postulantes sin la rigurosidad suficiente y mediante votación.
Pero alcanzó su mayor nivel de politización cuando el Gobierno asumió como bandera política la concurrencia electoral y el voto positivo contra la posición asumida por los partidos opositores de convocar al voto nulo. De ahí que, los candidatos pasaron a un triste segundo plano –con sus escasas votaciones (que en su mayoría no llegan al 10%) y sus perfiles desconocidos, salvo contadas excepciones-, por lo que los resultados se midieron fundamentalmente por la validez o invalidez del voto ciudadano y no por quienes accedieron a los cargos.
En segundo lugar, la administración del proceso se dio en una carrera contra el tiempo, bajo una fuerte presión política por cumplir con los plazos establecidos, cuando, precisamente por tratarse de una elección inédita, era responsabilidad del Órgano Electoral procesar la elección garantizando la calidad de cada uno de los pasos.
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Este apresuramiento redundó en una lista de preseleccionados con serios cuestionamientos y denuncias; una ciudadanía escasamente informada no sólo de los perfiles de los candidatos sino también respecto a qué estábamos eligiendo y cuáles serán las responsabilidades de las nuevas autoridades; repercutió en la incapacidad de hacer cumplir la Constitución, por ejemplo, respecto a la prohibición de campañas en favor o en contra de los candidatos, pues durante las últimas semanas circularon propagandas invitando a los ciudadanos a votar por los números –ni siquiera los nombres- de los candidatos o una diversidad de tarjetas personales y no se hizo nada al respecto; y por último comportó un conjunto de dificultades técnicas en relación con el manejo de la papeleta a la hora de votar y del registro y conteo de votos en el escrutinio, factura que tendrá que asumir el organismo electoral.
Por último, hay necesidad de replantear las disposiciones constitucionales porque, en la práctica implicaron todas las dificultades descritas, lo cual nos lleva a concluir en una evaluación negativa del evento; pues si bien se ha logrado el efecto jurídico esperado, que era elegir autoridades para conformar el Órgano Judicial, ha dejado mucho que desear en términos de credibilidad, legitimidad y eficacia democrática.
Página Siete – La Paz