Estado de Derecho, separación de poderes y Derechos Humanos

Susana Seleme Antelo

seleme Como en elecciones anteriores, pero con descaro mayúsculo hoy, los hombres de Evo Morales vuelven a manipular el voto, esta vez para que los válidos igualen a los nulos, sabiendo como sabemos, que son superiores y que junto a los blancos superan 65% de los votos emitidos. En el marco de la democracia ‘electorera’ impuesta a gusto del autócrata Morales, las elecciones de octubre le han dado un duro mensaje, aunque ‘le vale madre’, como dirían en México. Los resultados le han dicho que la democracia es mucho más que un acto electoral y por lo tanto “ni comienza ni termina con el voto”; que la composición del poder judicial no debe decidirse por “sorteo, ni fuera de los cauces académicos y profesionales correspondientes” y por último que el “Estado de Derecho estaba ya inventado antes de que Morales llegara al poder”, democráticamente en 2005, es cierto, afirma el periódico El País de España en su editorial del 28 de octubre pasado.

La mascarada electorera del pasado 16 de octubre, más allá del triunfo de los votos nulos y blancos, pone en riesgo mayor el desvencijado Estado de Derecho en Bolivia. Y es que los poderes Ejecutivo y Legislativo dominados por el y presidente sus hombres, hacen caso omiso y desprecian el principio de que el poder Judicial pertenece a una esfera de estatalidad diferente a la política por su naturaleza y sus fines: la administración de una justicia imparcial sujeta al Estado de Derecho sin injerencia del poder político.



Eso lo que menos ha habido en Bolivia en estos 6 años de festín autoritario-totalitario como atestiguan, entre otros ejemplos, el complot terrorista-separatista o juicio político a todas luces contra Santa Cruz sobre todo, pero también contra Beni y Pando sus dirigentes políticos y cívicos. Y de suyo el ‘caso Rózsa’ con los tres mercenarios extranjeros asesinados con premeditación y alevosía en el Hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra, el 16 de abril de 2009. (ver más adelante)

En ese marco, el objetivo de las elecciones fue que los destinos del Órgano Judicial estén sometidos no precisamente a las pasiones del voto popular en el marco de una sana pluralidad política que no existe en Bolivia, sino al voto inducido por el oficialismo con sus candidatos únicos, sin contrincantes y sin campaña electoral. Todo bajo la pulsión totalitaria de Morales, García Linera y sus atrabiliarios compinches, con lo cual la justicia en Bolivia, como ya venía sucediendo, no estará en manos de hombres y mujeres políticamente independientes, con probados méritos y carreras profesionales de prestigio, sino en manos del poder Ejecutivo y su complaciente Legislativo. La realidad del llamado ‘proceso de cambio’ en la Bolivia actual , es lo que Fernando Mires llama “estatismo político”, es decir “la supresión del juego político en aras de la eternización en el poder del Estado de una determinada camarilla”… afín al caudillo, aquí el autoritario, populista, demagogo y aprendiz de dictador Evo Morales.

El Complot terrorista-separatista: un juicio político. Nada halagador el futuro del Estado de Derecho y la democracia en Bolivia y poco favorable a esclarecer la verdad del complot político terrorismo-separatismo, que data desde 2009, cuyos antecedentes se remontan a 2006, desde el inicio del mandato de Morales . No fueron ni son terroristas los 39 imputados en ese complot, fueron y son autonomistas, como lo es la región desde fines del siglo XIX, frente al centralismo de distinto cuño. La raíz política del actual complot arranca con una lucha que sumó voluntades, voces y actitudes de una apabullante mayoría ciudadana en la llamada Media Luna- Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, todo el Oriente y parte del Sur del país- a favor de las autonomías. Ante ellas, el oficialismo se sintió amenazado porque supo, como sabe todo proyecto de dominación totalitaria, que las autonomías, si algo dividen, no es a los países, sino al poder centralista.

La propaganda oficial interna y externa contra los autonomistas fue brutal y para desvirtuar esa lucha y satanizar a sus mentores, los calificativos fueron no solo separatistas y terroristas, sino divisionistas oligarcas, racistas, antipatrias, vendepatrias, neoliberales, derechistas … y le faltó diccionario. El meollo es que Santa Cruz concentra desde hace más de 30 años el mayor grado de desarrollo capitalista –con asimetrías socioeconómicas como todo capitalismo periférico- sobre la base de una estructura productiva agroindustrial, pecuaria maderera de exportación con valor agregado, y un importante sector hidrocarburífero. Además produce 70% de la seguridad alimentaria y contribuía hasta un par de años con 32% al Producto Interno Bruto (PIB). Hoy esa contribución se ha visto reducida a 28%, pues la actividad productiva privada ha sido sometida a permanentes embates de oficialismo.

En lo más crudo de la lucha por las autonomías en septiembre de 2008, el gobierno mandó a sus movimientos sociales -clientes del poder político- a ejercer un cerco amenazante y armado durante una semana a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ante la amenza con todos sus ingredientes ideológicos, económicos, políticos y etnoculturales, la dirigencia cruceña pretendió armar una estructura de autodefensa, nunca separatista, menos terrorista, o violenta, pero sí de autoprotección. En esa estructura defensiva se habría infiltrado el doble agente Eduardo Rozsa Flores, una las víctimas del ajusticiamiento mencionado.*

Sobre la base de declaraciones de un ‘testigo clave’ -Ignacio Villa Vargas ‘El Viejo’**, amén de falsas pruebas, suplantación de evidencias y bastardas incriminaciones a dirigentes políticos y cívicos, hay 39 personas presas, perseguidas, con detención domiciliaria otras y muchos exiliados políticos. Todos ellos a merced del fiscal Marcelo Sosa que actúa por encargo de sus mandantes políticos e ignora el principio de territorialidad, del juez natural, la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, como estipula el Estado de Derecho.

Entre las 39 personas sometidas a torturas psicológicas, incertidumbre y sufrimiento personal, amén del dolor de familiares y amigos, hay 4 enfermos de cuidado, con graves dolencias cardíacas. Impedidos de asistir a las audiencias conclusiva en Cochabamba -a una altura de 2700 metros sobre el nivel de mar- y en violación al principio de territorialidad y del juez natural que correspondían a Santa Cruz de la Sierra, donde se habrían cometido los nunca probados delitos de terrorismo-separatismo- se los citó a Yacuiba, sureña población del país a 500 metros de altura.

El juicio itinerante y sus concomitantes. Ya fue una violación no haber instaurado el juicio en Santa Cruz de la Sierra obviando los principios antes mencionados. Fue otro mamarracho jurídico haber sustanciado en La Paz toda la fase de investigación para manipular sin cortapisas el debido proceso, como el respeto a la presunción de inocencia, no en vano las normas del Derecho Internacional, aducen, sabiamente, que es preferible darle la libertad a un culpable, que condenar a un inocente. La última violación ha sido dividir el procedimiento y la audiencia conclusiva: unas en Cochabamba, otra en Yacuiba, el próximo 3 noviembre otra vez en Cochabamba, hasta convertir esta aberración en un juicio itinerante: de Herodes a Pilatos.

Entre esas personas delicadas de salud está el general de la República Gary Prado Salmón de 72 años, uno de los militares ‘institucionalistas’ como les llamábamos a los que urgían poner fin al ciclo de dictaduras militares en los años ‘60-’70, de aquellos oficiales cultos e instruidos más bien escasos. Prado Salmón, además de problemas cardíaco, se desplaza en silla de ruedas producto de un desafortunado accidente cuando combatía una sublevación armada de civiles en 1982. Fue él, en 1967, quien en grado de capitán tomó prisionero con vida a su adversario militar, el guerrillero Ernesto ‘Ché’ Guevara, que yacía herido en una pierna, en un claro oscuro del monte vallegrandino, en la llamada guerrilla de Ñancahuzu. Militar de honor y hombre de bien, el capitán Prado lo hizo transportar con los soldados a su cargo, en un camastro improvisado hasta La Higuera, donde lo entregó con vida a sus superiores. Lo demás es historia conocida: el asesinato del Ché se produjo por órdenes del Alto Mando Militar y los asesores de la CIA presentes en Bolivia.

En Yacuiba, el pasado 26 de octubre, después de dos años y medio de acusaciones, intrigas y atropellos Prado Salmón desmontó “Toda la tramoya que tiene por único fin, en mi caso, cobrar venganza por la derrota del Ché” escribió el general a sus más allegados. “He señalado la labor de la embajada cubana, a los remanentes del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) los Peredo, Rada, Núñez del Prado*** y a otros como los autores de este montaje contra mi persona. Ellos, al ver que el caso Rozsa ya no da mas, ahora hacen aparecer el disparate de una señora chilena que reclama lo que yo no hice ni haría jamás: asesinar a un hombre, menos aun herido, aunque fuese mi adversario ”. El General apuntó que el único argumento que esgrime el Fiscal Sosa contra él, son los mapas de su primer libro sobre aquella campaña militar, “La Guerrilla Inmolada” publicado en 1987, veinte años después de los sucesos, y 24 años antes de que Sosa los utilice en su contra.

En la Bolivia de Morales la justicia no ha sido ciega, ni parece que lo vaya a ser: es más bien sectaria, perversa e hipócrita y mira con ojos bien abiertos para ‘aplastar’ –el verbo más usado por ‘el último jacobino’ como se autodefine el Vicepresidente Álvaro García Linera – mejor a sus adversarios-enemigos políticos. Llegados a este punto del complot terrorismo-separatismo, juicio político a todas luces, al Juez Ricardo Maldonado le compete una enorme responsabilidad. O convalida las pruebas falsas, adulteradas y las declaraciones espurias acumuladas por el fiscal Sosa, o da un golpe de timón y rescata la administración de justicia de las garras del poder político autoritario, vengativo y sin ética para dictar una sentencia justa. En sus manos está definir el próximo 3 de noviembre el rumbo que podría tomar la justicia en Bolivia, al margen del poder político, luego de que los votos nulos y blancos le dieron un sopapo a la pulsión totalitaria de Morales.

¿Y Los derechos humanos de los imputados?. Durante los dos años y medio que lleva instaurado el juicio político, desde mayo de 2009, salvo las familias y amistades cercanas a los imputados, nadie ha reclamado por sus derechos humanos, sometidos como están a un régimen carcelario a 3.800 metros sobre el nivel del mar, en La Paz. Tampoco ha reclamado nadie por los de los 3 mercenarios asesinados violentamente por la Unidad de Tareas Conjuntas (UTARC) grupo de elite de la policía al mando del capitán Walter Andrade y la policía ‘Karen’, mantenida en el anonimato, pero se sabe quién es, ambos libres de paja y polvo.

¿De qué se imputa a 39 personas? ¿De ser autonomistas que es lo son? El complot–juicio político con carátula judicial-terrorismo-separatismo, le explotará, más temprano que tarde en la cara del tenebroso Fiscal Sosa, y su mandantes por insuficiencia de obrados, solo supuestos, indicios, hipótesis, suplantación y siembra de falsas evidencias, contaminación y manipulación de pruebas. Aquí solo hubo terrorismo de Estado, como el atentado a la casa del Cardenal Julio Terrazas, un día antes del ajusticiamiento de los 3 mercenarios extranjeros, el 16 de abril de 2009. Las últimas fotos de esos asesinatos son francamente perturbadoras: el húngaro Arpad Magyarosi, yace en el suelo maniatado en un charco de sangre. Según Radio Netherland, citando “otras declaraciones”, apunta a que fueron víctimas de un “asalto por las fuerzas de seguridad sin tener oportunidad de defenderse”. En Youtube se lee que Eduardo Rosza Flores sobrevivió a la balacera y que antes de morir fue torturado. Lo real es que alcanzado el objetivo del gobierno que era infiltrar las filas autonomistas, eran hombres ‘desechables’ y se tornaban ‘incómodos’ porque exigían más dinero.

Y a esta altura me pregunto si los derechos humanos tienen ideología, pues pareciera según lo que se ve en Bolivia, que esos derechos les asisten solo a los que el gobierno consideran de izquierda –en mi criterio izquierda sectaria, intolerante y estalinista en todo caso- mientras que todos los que no comulgan con esa ideología, es decir los de ‘derecha’, no merecen que se les respete sus derechos humanos. Al margen de lo que hubieren sido en vida, no se merecían tal final por el universal derecho humano del derecho la vida. Tanto que ahora Naciones Unidas exige esclarecimiento por los derechos del extinto Muamar Gaddafi, dictador y criminal contra su pueblo.

¿Y los derechos humanos de los 39 imputados, muchos de ellos presos, otros con detención domiciliaria y otros en forzado exilio? ¿Se les aplicará el “seremos implacables contra los terroristas” del ‘Vice’, no con balas, pero con toda su mala onda? Son tan jacobinos todos, que quisieran pasar guillotinas a diestra y siniestra. Por eso no distinguen que así como hay una derecha ultraconservadora y hasta ‘facha’, hay una derecha letrada más al centro y hasta progresista, en cuyas filas deben inscribirse la gran mayoría de aquellos 39, que merecen respeto a sus derechos humanos. Y así como hay una izquierda intolerante y sectaria, como la del grupo Comuna liderado por García Linera, que sedujo a personas como Emir Sader -lo alababa en 2009 y habría que saber que piensa ahora luego de la represión al movimiento indígena- hay otra izquierda democrática que apuesta por el Estado Social y Democrático de Derecho.

Hoy, como ayer y siempre, me rebelo ante la fuerza bruta del poder político abusivo y también me rebelo ante el silencio de otros o muchos. No hay ‘razón de Estado’ ni ‘razón de poder’ que justifique una injusta sentencia o una condena equivocada en el complot político contra 39 ciudadanos de Santa Cruz, Beni y Pando. Mis respetos y solidaridad con ellos. Sus vida, su futuro y el de sus familias está en manos del Juez Ricardo Maldonado. Dios o los ‘Iya’ del Monte, como dicen los pueblos indígenas del Oriente, lo iluminen para que dicte una sentencia justa, ante la ausencia de delito alguno.

* Eduardo Rozsa Flores, hijo de emigrante húngaro, casado con una cruceña, mercenario en la guerra de los Balcanes, aventurero de controvertida personalidad. La periodista española Maité Rico, afirma que fue contactado en Madrid en agosto de 2008 por agentes gubernamentales para infiltrarse entre los autonomistas con el anzuelo de dar ‘preparación militar’. Siendo esta su ciudad natal, nada llamaba la atención. El reclutó al húngaro Arpad Magyarosi, y a irlandés Martín Dwyer, asesinados aquel día, y a los sobrevivientes de la masacre: el croata boliviano Mario Tadic y el húngaro Elod Toaso. Sobrevivieron, dicen algunas versiones porque no se encontraban en el alojamiento y que las víctimas fueron sacados con vida del Hotel, ejecutadas en otro lugar y llevadas a sus habitaciones, en las que se habría regado sangre, previo montaje de enfrentamiento. Eso explicaría por qué las cámaras de seguridad del recinto fueron apagadas, lo mismo que las luces de todo el alojamiento.

**Sobornado con $us 30.000 según consta en fidedigno vídeo, y luego detenido e imputado de terrorismo- separatismo por el gobierno, cuando declaró que sus acusaciones fueron obtenidas bajo amenzas y presión a el y su familia.

*** Todos funcionarios o exfuncionarios del gobierno de Morales.

Semanario Uno – Santa Cruz