Concentración en La Paz. El Gobierno rechazó que haya obligado a participar del acto, pero reconoció que los funcionarios pidieron permiso para asistir.
Ministerio. En las oficinas públicas del Edificio de Telecomunicaciones no hubo atención.
Funcionarios públicos denunciaron que fueron obligados a participar en la concentración oficialista a favor del presidente Evo Morales y el Gobierno. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, respondió que no se los obligó, pero afirmó que no puede existir una burocracia desligada de la realidad social y política.
La Razón accedió a un comunicado del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), en el que instruyen a los funcionarios concentrarse a las 08.30 en el “estadio Hernando Siles para participar de la marcha, “debiendo presentarse con los dos acompañantes requeridos; se tomará —refiere— debido control”.
Similar hecho ocurrió en el Ministerio de Salud, aunque el lugar de concentración fue en la plaza Uyuni (Miraflores). “Nos han obligado a marchar desde las 08.30”, informó a este medio una empleada pública que pidió guardar su nombre en reserva por temor a represalias.
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La masiva concentración a favor de Morales fue en la plaza Villarroel. Miles de personas de diferentes sectores sociales e instituciones participaron del acto en apoyo al Presidente, quien en su alocución afirmó, en reiteradas ocasiones, que “estamos concentrados voluntariamente, con sus propios recursos”.
Otro servidor público del Fondo Productivo Social (FPS) informó de que firmaron una lista de asistencia al salir de la oficina, 08.30, a las 12.00 y a las 16.00. “Querían garantizar que estemos en todo el acto”, señaló.
Personal del Banco Central de Bolivia (BCB) también denunció que fueron obligados a participar de la movilización de ayer. En instalaciones de la Asamblea Legislativa hubo un notorio ausentismo. Este medio constató que varios legisladores marchaban con personal de apoyo, entre ellos el senador Isaac Ávalos.
“Estamos pidiendo permiso porque estamos apoyando al proceso de cambio”, declaró una funcionaria del primer órgano del Estado. El vicecanciller Carlos Alurralde explicó que los funcionarios públicos que asisten a la marcha pidieron permiso.
“Dentro de la administración pública existe la posibilidad de pedir permiso. Se otorga algunas horas de permiso al mes a cada funcionario público, entonces muchos funcionarios están haciendo uso de esta autorización mensual. Algunos han pedido vacación y otros no han venido; la asistencia es absolutamente voluntaria”, afirmó.
Empleados de la Alcaldía de El Alto, dirigida por el masista Édgar Patana, también estuvieron presentes en la movilización y posterior concentración. Uno de ellos hacía firmar a sus compañeros un libro de control.
Medios televisivos mostraron imágenes de oficinas públicas con poco personal, entre ellas del Ministerio de Salud y de la telefónica Entel. Las puertas de ingreso al edificio de Telecomunicaciones, donde funcionan las oficinas de diversos ministerios y viceministerios, permanecieron cerradas por algunas horas.
En inmediaciones del estadio una persona que se identificó como funcionaria pública denunció que circula una lista en la que deben registrarse para garantizar que asistieron a la movilización.
Funcionarios de la Asamblea Departamental de Potosí denunciaron a Erbol que fueron obligados a llegar a La Paz y marchar. La Asamblea potosina no sesionó ayer porque los asambleístas participaron de la marcha.
UN protestó contra la marcha
El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, calificó como la “marcha de los obligados” la marcha y posterior concentración a favor del presidente Evo Morales y el Gobierno. “Ésta es una marcha de gente obligada y de gente pagada. Hemos recibido muchas denuncias”.
La Razón – Paulo Cuiza – La Paz