Bernardo Valdivia
Lo que es terrible y peligroso para todos es que ese Estado ideal, el Estado Plurinacional, donde se cultiva, promueve y proyecta dignidad, solidaridad, equidad, productividad, sostenibilidad y fundamentalmente el respeto a todos y a los otros en derecho, independientemente del origen de clase, etnia, religión, etc., solamente es una retórica que utilizaron Juan Evo Morales y Linera con el objetivo de concentrar poder sin ningún objetivo, solamente para enriquecerse y vincularse con los verdaderos actores de este "proceso de cambio": los comerciantes, contrabandistas, narcotraficantes y banqueros que han sido los favorecidos en estos últimos seis años, construyendo una burguesía multicultural, antidemocrática, antinacional y antipopular, que pretende mantenerse en el poder de manera perenne a través de la prebenda, la coerción, la extorsión, la amenaza, la judicialización de política, la instrumentalización de movimientos sociales, la cooptación de los poderes del Estado y la politización de las FFAA y la Policía, a través de un plan bien montado de desinstitucionalización.
No es raro encontrar en estos hechos, como la violencia contra los indígenas que retornaban al TIPNIS, una actitud de violación fragante a los derechos humanos, a la Constitución y las leyes, sumadas a las formas de amedrentamiento sistemático y el ejercicio de derechos de manera ilegal como el cobro de peajes.
En la emergencia del proceso autonómico, el mismo gobierno del MAS acusaba al movimiento autonomista de plantear el control y cobro de peajes a ciudadanos del occidente que se trasladaran al oriente, con pasaporte y registro, etcétera.
Que paradójico, ahora en Bolivia un gobierno que se autodefine indígena y que ha hecho creer que es progresista, a través de sus bases está realizando el control y cobro de peaje de movilidades y productos.
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Se atemoriza a los indígenas y se vulneran sus derechos en la zona de colonización cocalera, la zona de avasallamiento en el TIPNIS. Esto es indignante. ¿Dónde está la revolución cultural y moral que tanto se pregona?
Entendemos la bronca y la desesperación de los que necesitan, por factores económicos y sociales, expandir la frontera agrícola con producción excedentaria coca que se transformará en cocaína y mayor drogadicción en Bolivia y el mundo entero, y a los que no les interesa el mal que generan a las familias y a la sociedad.
Comprendemos la presión de un negocio de millones de dólares y la gran oportunidad individual de enriquecimiento ilícito ante un gobierno pasivo, laxo, permisivo y promovedor de este negocio.
Estamos conscientes de las vinculaciones de intereses de los defensores del "proceso de cambio", beneficiosos para un negocio creciente y rentable, e inservibles cuando no se responde a los mismos.
Entendemos también que la representación del Trópico esté frustrada cuando se afecta a sus intereses, ya que no puede asumir plenamente el rol de Superestado Cocainero y Antidemocrático.
Los operadores del gobierno no son lo que esperaban. Son mediocres, perdieron esta lucha por ineficientes en la gestión de conflictos, pero también por las incoherencias y contradicciones.
No tuvieron respuestas creativas, solamente retóricas tradicionales plagadas de mentiras, pero por sobre todo por la falta de argumentos para mantener una posición con autoridad y responsabilidad.
Otra paradoja: las bases duras del MAS y su gobierno pierden una batalla ideológica y política, no con los neoliberales y oligarcas de Santa Cruz o de cualquier lugar del país, sino que son derrotados por más de un millar de indígenas en defensa de la madre tierra y de la aplicación de CPE, Resoluciones de Naciones Unidas y OIT.
Además, con el agravante de ser vecinos y estar obligados compartir por varios años y décadas el mismo espacio regional respetando el territorio indígena. Debe ser tremendamente conflictivo.
Lo importante es que el gobierno del MAS debe desarrollar una estrategia de comunicación con sus bases masistas en el Trópico de Cochabamba, con el propósito de controlar las actitudes para que no desborden en acciones de amedrentamiento, amenaza y confrontación contra los indígenas del TIPNIS, por los peligros que se pueden presentar entre los originarios y los colonizadores cocales venidos de occidente en un enfrentamiento abierto que tendría resultados inconmensurables.
También el gobierno tiene que desarrollar una estrategia para la generación de medidas de confianza entre estos dos actores importantes en el Trópico de Cochabamba, siendo la primera respuesta ante esta crisis restablecer el orden; segundo, identificar a los responsables y sancionar a los culpables; tercero, garantizar la libre circulación de personas y cosas; cuarto, desmontar los controles de personas y cosas en tránsito ejecutadas por organizaciones privadas y/o civiles; quinto, establecer controles estatales en varios puntos del Parque en coordinación con las Autoridades Indígenas que eviten nuevos avasallamientos y asentamientos, tránsito de coca, tránsito de precursores y narcotráfico en y por el TIPNIS; sexto, en concordancia con lo establecido en la CPE, las instancias del Poder Ejecutivo, Gobernación y Municipios deben coordinar con las Autoridades Indígenas los planes, programas y presupuestos para la ejecución de proyectos de desarrollo económico local, desarrollo humano y desarrollo del medio ambiente y aprovechamiento racional de sus recursos naturales, en el marco de la Autonomía Indígena.
Pretender utilizar como venganza una interpretación absoluta del concepto de “intangible” no es más que una evidencia que pone al desnudo la verdadera naturaleza humana, mezquina y perversa, de los que hoy gobiernan Bolivia.
Plantear una estrategia de generación de enfrentamientos, con participación de la inoperante e ineficiente gestión del desarrollo del Gobernador de Cochabamba -ahora con un papel renovado de insidioso, tratando desesperadamente de recuperar méritos ante el Monarca Presidente después de las críticas por falta de apoyo en el conflicto- es una tremenda irresponsabilidad.
A título de explicar la Ley Corta de Protección del TIPNIS, con argumentos reiterativos y carentes de veracidad, no pueden hacer entender a los cocaleros que fue el resultado de la sacrificada Marcha, que generó una presión nacional e internacional que obligó al gobierno a la promulgación de dicha norma con las modificaciones planteadas por los indígenas del TIPNIS en respeto de la CPE.
Ahora, de manera cínica hacen aparecer como enemigos del desarrollo a los dirigentes del TIPNIS y manipulan al Consejo de Indígenas del Sur (CONISUR, zona de avasallamiento y producción de coca excedentaria), que expresa su descontento y se suma a la posición de los cocaleros buscando la revancha contra el movimiento indígena.
Alentar estas diferencias y contradicciones no es el mejor camino para que el gobierno sane de su enfermedad de la hipocresía, la simulación y la demagogia.