Indígenas de la CIDOB y la APG demandan a Evo por genocidio

Conflicto por el TIPNIS. Movilización indígena cumple 2 meses y se acerca a La Paz, llegó a Sacramento, a unos 56 kilómetros de la sede de gobierno. Alcalde paceño Revilla y el Ministerio de Defensa entregan ayuda a la marcha.

Indígenas de la CIDOB y la APG demandan a Evo por genocidio

El representante legal de ambas organizaciones presentó la denuncia ante la Fiscalía, en Sucre. El viceministro Cox considera un exabrupto la decisión y pide “coherencia”.

La Razón – Yubert Donoso



Las organizaciones indígenas CIDOB y APG presentaron una demanda contra el presidente Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García, tres ministros, un exministro y la cúpula policial por 11 delitos, entre ellos genocidio, por la intervención policial a la marcha en defensa del TIPNIS.

image Operativo. Al menos 500 uniformados reprimieron el 25 de septiembre, en Yucumo (Beni), la marcha indígena en defensa del TIPNIS.

Alejandro Romero, asesor jurídico de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) y de la Vicepresidencia de la   Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), presentó una proposición acusatoria para que el Ministerio Público investigue y establezca responsabilidades sobre los hechos de violencia del 25 de septiembre en Yucumo, Beni.

Además de Morales y García, fueron denunciados los ministros de la Presidencia, Carlos Romero; de Obras Públicas, Wálter Delgadillo; de Justicia, Nilda Copa; el viceministro de Justicia, Nelson Cox, y el director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas.

El exministro de Gobierno Sacha Llorenti también está incluido en la demanda, además del comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, el general Óscar Muñoz y general Edwin Foronda Franco, y los coroneles Víctor Santos Maldonado y Édgar Téllez Téllez, y el teniente coronel Moisés Méndez Ruiz.

Cox explicó que esperarán la notificación respectiva para pronunciarse sobre la demanda, aunque adelantó que le parece un “exabrupto” la demanda por el delito de genocidio. “Si bien hubo exceso, se debe tener coherencia interpretativa de la norma con los hechos”, afirmó el viceministro.

El 25 de septiembre, en Yucumo, un contingente de 500 uniformados reprimió la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Llorenti reveló que el que dio la orden de intervenir fue el exviceministro de Gobierno Marcos Farfán, quien, por su parte, rechazó la denuncia y afirmó que, en su condición de autoridad, actuó siempre bajo instrucciones superiores.

Delitos. Romero informó que la denuncia es por los delitos de incumplimiento de deberes, genocidio, maltrato infantil, racismo, discriminación, asesinato en grado de tentativa, lesiones leves, graves y gravísimas, robo agravado, resoluciones y órdenes contrarias a la Constitución, denegación de auxilio y maltrato de niños y niñas.

Imágenes de video y fotografías tomadas por comunicadores de la CIDOB y APG sobre la violencia en Yucumo, recortes de prensa y material difundido por los medios de comunicación, principalmente televisivos, fueron presentados como pruebas de los delitos denunciados.

El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, suspendió al subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz, y al director de la Universidad Policial, Óscar Chávez, para que asuman defensa sobre su participación en los sucesos de violencia de Yucumo.

Romero lamentó que el Gobierno no se haya preocupado por el centenar de heridos que dejó la brutal intervención policial. “No los han llamado a ninguno de ellos, nosotros hemos estado en problemas para recaudar fondos para cubrir los gastos hospitalarios,  como el caso del compañero Celso Padilla, que tiene un impedimento de 75 días”, explicó.

Una vez presentada la demanda al fiscal general Mario Uribe, éste debe admitir la acusación y en un plazo de 30 días hábiles concluir una investigación para sustentar una acusación o no. De existir elementos de convicción para encaminar el proceso, la Fiscalía tiene que comunicar la decisión a la Corte Suprema para el inicio de un juicio que debe ser autorizado por la Asamblea Legislativa.

Ésta es la segunda demanda contra el Presidente. La primera la presentó la oposición política. El senador del oficialismo Adolfo Mendoza consideró que el delito de genocidio no se aplica a lo ocurrido en Yucumo.

Demanda opositora

La opositora Convergencia Nacional (CN) presentó también una demanda penal contra el presidente Evo Morales por la comisión de delitos como genocidio en la intervención policial a la marcha indígena en Yucumo.

Movilización indígena cumple 2 meses y se acerca a La Paz

La marcha indígena llegó ayer hasta la población de Sacramento, La Paz, y cumplió dos meses de movilización en rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni), por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

La caminata partió el 15 de agosto desde Trinidad, con la demanda de consulta sobre la construcción de la carretera interdepartamental. La inicial exigencia se sumó a otras 15, entre ellas el rechazo a la obra vial.

El 25 de septiembre, en Yucumo, Beni, la movilización fue intervenida por la Policía. Los indígenas fueron golpeados, amordazados y maniatados. Después de los hechos de violencia, la marcha fue reorganizada y retomó la caminata. Acamparon ayer en Sacramento y hoy prevén llegar a Chuspipata, a 65 kilómetros de la urbe paceña.

El dirigente indígena Pedro Nuni informó que el domingo, día de las elecciones judiciales, descansarán para volver a la caminata el lunes. “Que no se preocupe el Órgano Electoral, nosotros vamos a descansar, seguramente va a ser un momento de reflexión y planificación para la entrada a la ciudad de La Paz”.

Calculan llegar a la sede de gobierno el miércoles. El dirigente Adolfo Chávez afirmó que mantienen invariable la decisión de rechazar la construcción de la vía interdepartamental.

Municipio paceño entrega ayuda a la marcha

La columna llegó a Sacramento, a unos 56 kilómetros de La Paz.

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AUTORIDAD. El alcalde de La Paz, Luis Revilla H.

Por Pavel Alarcón – La Prensa – 15/10/2011

La Paz. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz entregó ayer carpas para 200 personas, un consultorio médico móvil, dos ambulancias, dos cisternas para agua potable y un primer lote de alimentos, elementos que fueron enviados a los marchistas que se encuentran en Sacramento, después de dos meses de caminata rumbo a La Paz, en contra de la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos.

Hace tres días, un equipo de funcionarios municipales viajó para dar encuentro a los indígenas y conocer, por voz propia, sus necesidades, acción asumida en cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea de la Paceñidad y por lo cerca que aquéllos se encuentran de la sede del Gobierno, según el alcalde Luis Revilla.

“Las primeras acciones que se desarrollaron tienen que ver con la dotación de carpas. Un primer envío se hizo hace algunas horas y un segundo envío se está haciendo en este momento (ayer por la tarde). En la medida en que los marchistas puedan acercarse a lugares y espacios donde sea posible instalar carpas, vamos a enviar otras más,  para que ellos puedan cobijarse”.

Recordó que hace algunos días los marchistas estaban en lugares cálidos, pero en la medida en que se acerquen a la ciudad comenzarán a sentir frío.

DONACIÓN DE DEFENSA. Entretanto, autoridades de Defensa Civil entregaron 55 toneladas de prendas de vestir, frazadas, agua y alimentos destinados a paliar las necesidades de los marchistas. El ministro de Defensa, Rubén Saavedra, dirigió personalmente la donación.