Indígenas piden consulta en Brasil

El gobierno quiere construir una presa. La obra de Belo Monte provocará la inundación de 515 kilómetros de la Amazonia.

image Consulta. Protesta en el Brasil contra la represa en Xingú – Agencia de noticias EFE Agencia

Un grupo de indígenas y campesinos ocupó el jueves pasado el sitio de las obras de la polémica central hidroeléctrica de Belo Monte, un proyecto gigantesco impulsado por el Gobierno brasileño en la selva amazónica, arguyendo que no se les consultó con carácter previo.

El Consejo Indigenista Misionario (Cimi), organización ligada a la Iglesia Católica, informó que la ocupación movilizó a 600 personas entre indígenas de 21 etnias, pescadores y vecinos de la ribera del río Xingú, el afluente del Amazonas, donde se va a levantar la represa. Los manifestantes cortaron la carretera nacional BR-230, conocida como la Transamazónica, en el municipio de Altamira (Pará), y acamparon en el sitio de las obras, con pretensión de quedarse de forma “permanente”, informó el Cimi.



Pedido de diálogo. La principal reivindicación de los manifestantes es que el Gobierno envíe representantes para negociar “el fin de las obras” de la constructora brasileña.

Belo Monte se comenzó a construir el pasado marzo en Altamira a un coste de 10.600 millones de dólares y, según el proyecto, inundará 516 kilómetros de selva y desplazará a 50.000 vecinos. La central será la tercera mayor del mundo por detrás de Tres Gargantas (China) e Itaipú (Brasil y Paraguay), con una potencia máxima de 11.233 megavatios.

La obra es objeto de un proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que determinó su suspensión inmediata por los daños irreparables en la región amazónica. El Gobierno rechazó enviar un representante a la audiencia de la CIDH, donde las oenegés y los movimientos indígenas brasileños denunciaron la violación de los derechos humanos por parte del gabinete de Rousseff, al que acusan de mantener una “actitud vergonzosa” contra ellos.

Orden judicial. La justicia brasileña determinó, el pasado jueves, que los indígenas y campesinos que ocupan el sitio de las obras debe retirarse del lugar. La juez Cristina Collyer Damasio, del Cuarto Juzgado Civil de Altamira, en el amazónico estado de Pará, falló a favor del consorcio Norte Energía, por lo que prohibió a los manifestantes “actos de perturbación”. El pasado miércoles un tribunal federal suspendió por segunda vez un juicio en el que se estudia si el Gobierno consultó previa y debidamente a los indígenas de la zona.

50.000 indígenas de Altamira pueden ser desplazados de sus tierras si continuara la obra.

La Prensa / Por Agencia de noticias EFE – Agencia