No avanzan procesos por represión a indígenas en Yucumo

Indígenas. Hay ocho procesos abiertos por la agresión policial contra los marchistas y una por el supuesto secuestro del canciller Choquehuanca. Ninguna ha avanzado.

image Agresión. La Policía reprimió violentamente a los indígenas que marchaban a La Paz. Ocurrió el 25 de septiembre



Marco Chuquimia. La Paz, El Deber

No avanzan procesos por represión en Yucumo

Tres investigaciones a cargo de dos fiscales en La Paz; una comisión de fiscales de Beni, dos comisiones en el Legislativo, la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos son las instancias que indagan lo sucedido en la localidad de Yucumo, pero ninguna avanza. Hasta ahora solo se recibió la declaración del exalcalde y jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado.

Los ochos procesos están referidos a tres hechos: el primero es la intervención policial a la marcha indígena, el segundo es el supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca y el tercero es el contrato suscrito por el Gobierno con la empresa brasileña OAS para la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari.

Ayer, el jefe del MSM se presentó en la Fiscalía de La Paz a ratificar la denuncia contra los autores de la represión policial en Yucumo, ocurrida el 25 de septiembre, y entregar más pruebas en contra de la expresidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras Amparo Ballivián, por la adjudicación de la construcción de la polémica carretera.

El fiscal Marco Antonio Vargas, que está a cargo de estos dos casos, afirmó que la prueba presentada debe sujetarse a análisis y esperan que el denunciante aporte más pruebas sobre la represión policial, porque dijo tener una lista de los indígenas agredidos y no la presentó. Tampoco reveló el nombre del hacendado en cuya estancia se produjeron las detenciones.

Para la próxima semana se tiene prevista la convocatoria del general Óscar Muñoz, el jefe policial que comandó el operativo, pero Vargas dijo que no está confirmado.

Sobre este mismo hecho existen investigaciones que no prosperan; es el caso de las comisiones de Gobierno y la de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Eliseo Condori, dijo que el 10 de noviembre se conocerá el programa de convocatoria de los actores. El diputado Juan Carlos Cejas, presidente de la comisión de DDHH, afirmó que enviaron peticiones de informe escrito a distintas autoridades y que hasta el momento no fueron contestadas.

Los hechos son investigados por la Defensoría del Pueblo. Su titular, Rolando Villena, denunció que los organismos del Estado no entregan la documentación solicitada y que eso demora el informe, que tiene un 75% de avance.

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Yolanda Herrera, adelantó que activistas de esta entidad están en la zona donde ocurrió la agresión policial para recoger datos. El informe estará listo a fines de noviembre.

La fiscal Patricia Santos está a cargo de la denuncia que presentó la ministra de Justicia, Nilda Copa, sobre el supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca. La investigación está paralizada porque ni siquiera ha declarado la principal ‘víctima’, que es el agredido.

Hay propuestas sobre reglamento

El tema de la intangibilidad del Tipnis, que se constituye en la principal traba hacia una solución final sobre el problema del parque natural, porque ni el Gobierno ni los indígenas se ponen de acuerdo sobre su interpretación, avanza hacia una solución.

La dirigencia indígena sugirió la evaluación de los proyectos que actualmente se desarrollan en el parque y, además, vetar todos los proyectos de terceros.

El presidente de la subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, explicó que el proyecto de reglamento, que fue elaborado en tres días, establece que será el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía, el encargado del desalojo de los asentamientos ilegales que existen en el parque.

Los proyectos que se desarrollan actualmente -cuatro proyectos madereros, uno de lagartos, otro de cacao y uno de ecoturismo- serán evaluados para continuar trabajando en el área.

La propuesta será presentada hoy al Gobierno y esperan que el documento del Ejecutivo sea compatible con el documento que llevan.

Vargas También informó de que en el tema de las 15 actas firmadas en palacio de Gobierno no existe mayor problema porque las observaciones que realizaron los dirigentes de base, después de la reunión de fin de semana, fueron incluidas en el documento final que también será entregado hoy.

Para saber   

Fiscalía

No descartan procesos

El fiscal Marco Antonio Vargas, que investiga la represión violenta a indígenas del Tipnis y el presunto delito de Contratos Lesivos al Estado, dijo que puede iniciar un proceso penal contra responsables de la Contraloría General del Estado y del Comando General de la Policía por no enviar los documentos requeridos por el Ministerio Público.

Suprema

Acusan a jefe de Estado

La Fiscalía General del Estado espera la notificación de la Corte Suprema de Justicia, que se constituirá en controladora de la investigación de la proposición acusatoria en contra del presidente Evo Morales, denunciado por delitos cometidos en la intervención de la marcha de los indígenas del oriente, el 25 de septiembre.

Cambio

‘Vice’ llama a la unidad

Una vez resuelto el conflicto del Tipnis, el vicepresidente Álvaro García Linera llamó a la unidad de los bolivianos para consolidar la construcción del país. Comparó la crisis con la de una familia, donde hay diferencias entre hermanos, esposos o padres e hijos, pero que se solucionan después de una profunda reflexión, que los une más.

Policía

Amigos de los marchistas

El comandante interino de la Policía paceña, Alberto Aracena, elogió la disciplina de los marchistas indígenas del oriente boliviano y dijo que durante su estadía en la sede de Gobierno hubo una relación ‘excelente’ con los originarios. “Varios indígenas se hicieron amigos de la institución”, manifestó la autoridad policial. /ABI