Tipnis. ABC ve riesgos y más costo para tramo 2 de la carretera del conflicto

El vicepresidente García Linera dice que habrá implicancias administrativas y legales. ABC dice que el cambio del trazado del tramo 2 en la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es viable, pero advierte que demandará un mayor costo del estimado en principio en el contrato con la empresa brasileña OAS.

imageAutoridad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se refiere al proyecto de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Foto archivo ABI.



H. Ugarte y H. Heredia, El Deber

ABC ve riesgos y más costo para tramo 2

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reconoció que la posibilidad de cambiar el trazado del tramo 2 en la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es viable, pero advierte de que tiene riesgos y demandará un mayor costo del estimado en principio en el contrato con la empresa brasileña OAS.  El Gobierno reconoce que habrá implicancias del orden administrativo y legal.

Hace dos semanas, cuando la marcha indígena avanzaba a paso firme hacia la sede de Gobierno, los ejecutivos de la ABC barajaban opciones para construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos sin tocar la reserva; empero, alertaron que una modificación al trazo original contemplaría un millonario costo para el Estado.

A principios de octubre, el presidente  a.i. de la ABC, Luis Sánchez; el director jurídico, Luis Concha; y el director general de la entidad, Miguel Saravia, explicaron de forma exclusiva a EL DEBER que construir la vía por los bordes del parque o la serranía sería una ‘locura’.

Detallaron que la zona es geológicamente inestable, similar a El Sillar en la nueva ruta Santa Cruz-Cochabamba, lo que significaría erogar cuantiosos montos para su mantenimiento vial cada año.

Agregaron que precisamente el contrato establece que empresas nacionales deben ser las encargadas del mantenimiento.

¿Qué alternativas hay para modificar la construcción de la vía?, consultó EL DEBER a Sánchez, a lo que respondió:  “Es complejo. Primero, hacer una carretera por fuera de la reserva es una locura, y segundo es un impacto ambiental grave, porque tapa el sistema hidrológico. Hacerlo por la serranía es viable, técnicamente es conveniente, pero tiene problemas como El Sillar”.

Si bien los ejecutivos de la ABC no hablaron de cifras ni se animaron a hacer proyecciones económicas, expertos en construcciones civiles creen que se puede hacer la obra, pero representaría un costo adicional cuantioso.

Según el director de la entidad caminera, José Kinn, se puede hacer el tramo por la serranía y el lado derecho de la reserva (zona baja), pero representará un costo adicional estimado en $us 100 millones; con esta proyección la obra llegaría a costar $us 515 millones.

Ayer, el presidente del Estado, Evo Morales, comunicó su decisión de que la vía (tramo 2) no pase por el medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), con lo que dio por cerrado el tema y resuelto el conflicto que se extendió durante casi cinco meses, incluida la marcha a La Paz de 66 días.

Sin embargo, por el momento, según informaron anoche en la dirección de prensa de la ABC, la estatal aún no tiene ninguna posición oficial.

El gerente regional de OAS, Édgar Landívar, se excusó ayer  de dar una respuesta a nombre de la empresa brasileña debido a que estaba en el campo y no conocía la decisión del presidente Morales. Sin embargo, dijo que en su momento harán conocer su versión.

En la embajada de Brasil en Bolivia, tampoco emitieron criterio. “Brasil no se inmiscuye en decisiones internas de un país, por lo tanto, no corresponde un pronunciamiento ni ahora ni después”, puntualizó el consejero de la embajada brasileña, Manuel Montenegro.

La Asociación de Ingenieros Eméritos de Cochabamba (Asieme) y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia cuestionaron en su momento los altos precios y el haber adjudicado la obra (306 km) a OAS sin tener un proyecto de ingeniería.

Anoche, el vicepresidente Álvaro García Linera reconoció que la decisión sobre el tramo 2, tendrá implicaciones legales y administrativas que tendrán que ser tratadas, el lunes, en la Asamblea Legislativa.

Opinión  

“El contrato con OAS es nulo de pleno derecho”

Rolando Shrupp /  Pdte. Cadecocruz

Como Cámara de la Construcción de Santa Cruz hemos denunciado que el contrato entre la ABC y OAS está viciado de nulidad y por lo tanto es nulo de pleno derecho, por lo que no debería manejarse la posibilidad de una sanción o resarcimiento económico en favor de la empresa brasileña.  

Ahora, en un contrato normal y formal, bien hecho, siempre hay una cláusula de rescisión que se la denomina como ‘fuerza mayor’.

En este caso, las partes se acercan y buscan un entendimiento hasta llegar a la conciliación. Aquí, la parte contratante tiene que pagar por el avance de la obra y otros puntos adicionales de gastos que haya hecho la parte contratada; es así de simple cuando un contrato no está viciado de nulidad.

Desde el punto legal y técnico que ha dispuesto el presidente del Estado es un acierto, porque permitirá aclarar muchas cosas que no estaban bien hechas. 

Referencias

– Precio. El precio de $us 436.229.829 de la obra fue cuestionado en septiembre de 2008. Los ingenieros de Cochabamba creen que no se consideró que existe un tramo de 47 km construidos con puentes y sistema de drenaje. El precio final fue de $us 415 millones.

– Tramo. Un segundo tramo de 56 km se encuentra ripiado, tiene diseño final; los otros tramos son camino tipo vecinal y senda, de acuerdo con el análisis en el sistema dispuesto por imágenes satelitales y la ficha técnica elaborada por el ex-SNC en 2003-2006.

– Reacción. El senador Adolfo Mendoza señaló ayer que el contrato con la empresa OAS no se verá afectado por la determinación gubernamental. Aseguró que el acuerdo con la brasileña considera este tipo de imprevistos al tratarse de un contrato de llave en mano.

– Plan. El diputado indígena Bienvenido Zacu, asimismo, planteará que la intangibilidad del Tipnis pueda ser zonificada de acuerdo con las propiedades de la tierra, para que en algunos lugares se puedan producir alimentos y en otros que sean zonas turísticas.