Tipnis, segundo round

Centa Rek L.*

untitled Fue el vicepresidente, quien en primera instancia se manifestó como el encargado del contraataque con respecto al tema del Tipnis. Esto se hizo evidente en el mismo momento en el que se firmaba el convenio gobierno-indígenas con la aprobación de la “ley corta 2” que por las consecuencias también podría llamarse “guillotina 2”. Antes ya tuvimos la experiencia de la “ley corta 1” o “primera guillotina” dirigida esta a tomar al órgano judicial y desde él a la oposición política; norma que fue parte de la estrategia de utilizar los dos tercios de la Asamblea Legislativa para ir dando curso a acciones ilegitimas que sin embargo se originan en el seno de la Asamblea Plurinacional, buscando por ello aparecer como legales, a sabiendas que en el momento esta instancia no tiene ninguna posibilidad de equilibrio al estar copada por el oficialismo.

La estrategia del contraataque del gobierno a la victoria obtenida por los marchistas del Tipnis se puso en ejecución desde la misma noche en que no pudieron desalojarlos de la plaza Murillo y el Ejecutivo tuvo que aceptar que la marcha había triunfado, debido a que el valor, la perseverancia y el esfuerzo desplegado por los indígenas habían tocado la razón, el corazón y la humanidad de los bolivianos.



A pocos días de todos estos acontecimientos y después de que la marcha fue desactivada con un acuerdo, el gobierno ha comenzado a demostrar sus verdaderas intenciones de dar continuidad a los planes trazados desde el inicio que consistiría en viabilizar de cualquier manera el antiguo proyecto de construir la carretera rompiendo el Tipnis, plan que irían también en el camino de construcción de una hegemonía que no vacila en la destrucción de todos los que se contraponen a esta visión.

En todo caso ya está en marcha el contra ataque al acuerdo que se firmó a regañadientes y como una estrategia coyuntural. Dan cuenta de esta situación las declaraciones de asambleístas del Mas, de una dirigente de la organización Bartolina Sisa, del propio gobernador de Cochabamba y del actual director Ejecutivo de la Agencia para el Desarrollo de las Macro regiones y Fronteras (Adenaf) entre otros. Toda la maquinaria gubernamental aceita sus piezas para generar una nueva contienda que amenaza con ser más virulenta y frontal pues se ha hablado incluso de la posibilidad de expulsar a los indígenas del Isiboro Sécure, situación que se plantea desde la utilización del principio de “intangibilidad” que engañosamente fue ingresado a la ley para supuestamente preservar la inviolabilidad del Tipnis.

Hecha la ley hecha la trampa, reza el refrán y así vuelve a proceder el gobierno en la presente situación pues de manera abierta ahora moviliza a sus movimientos cocaleros gestando una contramarcha que se desmarca de los acuerdos y echa mano a la vieja práctica del Mas que consiste en deshacer con el codo lo que firmó con la mano, pues todo queda siempre librado a cómo se interpreten posteriormente los convenios, tal como lo planteara en su momento el mismo presidente que dijo de cara al país que él echaba nomás a andar las cosas pues detrás tenía a los abogados para que arreglen lo que no se acomodaba a las leyes.

En una conversación que sostuve con personas entendidas en el tema, escuché una opinión que me parece que puede acercarse a los intereses que podrían estar en juego dentro del plan de construcción de la carretera por el parque Isiboro Sécure. Se dice que esta carretera sería parte del proyecto geopolítico del Mas que entre otras acciones tiene compromisos que cumplir con los cocaleros erigidos en la única base social con la que el Ejecutivo continuaría el proceso de “cambio”. Situación que habría estado prevista para economía del proceso, puesto que resulta más fácil satisfacer a un sector que a muchos.

Dentro de esta planificación, El Chapare supuestamente debería extender su radio de influencia hasta el parque Isiboro Sécure, expandiendo por ende los cultivos de coca y repartija de tierras a las huestes cocaleras. En esta perspectiva se tendría también planificado crear un nuevo departamento que abarcaría una zona del parque en cuestión con todas sus implicancias en cuanto a autonomía indígena, etc, etc. Por supuesto que este no debe ser el único motivo en ciernes, pero en definitiva podría ser uno de los aspectos por los que se persevera en el ingreso al Tipnis a través del tramo carretero. Estas suposiciones surgen lógicamente debido a que se busca una explicación para entender el compromiso y obstinación que hace que el gobierno no desista de sus planes de construcción de la tan controvertida carretera que ha sido incluso denominada por algunos como “la carretera del narcotráfico”.

Las verdaderas intenciones y objetivos se irán aclarando paulatinamente, pero si de algo estamos seguros en el momento es que el tema Tipnis ha entrado en el segundo round y que este tiempo se muestra más hostil y controvertido para los indígenas del oriente boliviano, que al no haber actuado de manera sumisa como el gobierno planificó que lo harían cuando echó a andar el Estado Plurinacional, son ahora objeto de la más grande hostilidad y desconsideración al punto que se está poniendo en ejecución un plan que a todas luces se propone violentar la vida de estos pobladores, cansarlos, empobrecerlos y diezmarlos hasta expulsarlos o decretarles una muerte segura y lenta. ¿Esto no es acaso una práctica de genocidio? ¿Qué dirán la ONU y la OEA frente a esta realidad insoslayable? ¿Seguirán haciéndose los de la vista gorda?

Por el momento el mismo vicepresidente ha planteado en rueda de prensa: “por supuesto que eso (la Ley) va a tener efectos en el conjunto de actividades de carácter industrial, de carácter empresarial que haya allá en el Parque, el tipo de efectos será reglamentado, pero por supuesto que tiene que tener efectos. La Ley no dice este pedazo es intangible, este pedazo no, la Ley dice todo el Tipnis es intangible”. Y como corolario “culpabilizó” a los dirigentes que aceptaron la introducción de la categoría de “intangible para el Tipnis, planteando que son ellos los que deben rendir cuentas a sus bases.

Penosa forma de intentar que los indígenas comiencen una lucha intestina y de abrirles otro frente, además de la confrontación que ya tienen asegurada desde el gobierno que debería protegerlos.

Claro que los resultados son todavía imprevisibles y pueden incluso sorprender al mismo gobierno.

*Senadora por Santa Cruz – Bolivia