Acusados del caso Rózsa van a juicio oral; califican de “política” la resolución y apelarán

Audiencia. Dos detenidos con arresto domiciliario. Excívico beniano será trasladado a la cárcel de Mocoví. El juez no tomó en cuenta el desistimiento del cardenal Terrazas.

Los acusados del caso Rózsa van a juicio oral

Demandados calificaron de “política” la resolución y dijeron que apelarán.

Los Tiempos – 5/11/2011



El juez de Instrucción Quinto en lo Penal-Cautelar, Ricardo Maldonado, dispuso ayer enviar a los 39 acusados por el caso Rózsa a juicio oral, cuyo Tribunal de Sentencia será conformado por ciudadanos de La Paz en un tiempo que no sea mayor a los 40 días.

imageAcusados del caso Rózsa, tras finalizar la audiencia conclusiva, ayer.

Esa resolución fue dada a conocer ayer después de dar por subsanadas las observaciones a la acusación formal del caso, presentadas por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno.

Los acusados y sus familiares recibieron la resolución del juez con una mezcla de resignación e impotencia, aunque –por la forma como se llevó a cabo todo el caso– ya temían ese desenlace.

Los abogados defensores calificaron de “política” la determinación y anticiparon que apelarán, mientras los asesores del Ministerio de Gobierno dijeron que este resultado era una “victoria para el Gobierno”.

“Dispone dar por subsanada la acusación fiscal y particular presentada por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, por cumplir los requisitos establecidos (…) en el Código de Procedimiento Penal, y en virtud de que no existen observaciones que esta autoridad considere de mayor análisis o que merezca una devolución”, dictó el juez Maldonado ayer durante la audiencia conclusiva del caso que se realizó durante dos jornadas en esta ciudad.

En abril pasado, cuando se instaló la audiencia conclusiva, el juez dispuso la devolución de la acusación al Ministerio Público y al Ministerio de Gobierno para que subsanen en el plazo de cinco días las falencias observadas por la defensa de los acusados, como la falta de codificación de las pruebas y de la individualización de los cargos y las pruebas en cada caso, entre algunas.

En las sesiones del 19, 20 y 21 de octubre pasado, cuando los acusados presentaron sus incidentes, ratificaron las falencias de la acusación y pidieron por eso la anulación del caso. Solicitudes que ayer fueron desestimadas por el juez, así como casi todos los incidentes de actividad procesal defectuosa por falta de fundamentación.

Dentro de este caso, 39 personas están acusadas —por el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno— de terrorismo y alzamiento armado, por su vinculación con el presunto grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa, que fue desarticulado el 16 de abril de 2009 en un operativo policial en el hotel Las Américas de Santa Cruz, en el que murieron acribillados tres integrantes del grupo, entre ellos Rózsa.

De los 39 acusados, tras la audiencia conclusiva, 10 permanecerán con detención preventiva, 11 tienen arresto domiciliario y 18 están declarados rebeldes.

Ayer, la audiencia se reanudó a las 10:30 con las intervenciones de la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno que respondieron a los incidentes presentados por la defensa durante más de tres horas, por lo que el juez Maldonado dispuso cuarto intermedio hasta las 15:00.

En la tarde, el juez dictó en forma oral su resolución, también casi durante tres horas. Al conocer la decisión del juez, algunos acusados se quedaron callados sin ganas de hacer declaraciones, mientras otros como el coronel Zoilo Salces, rompió el silencio y dijo sentirse “traicionado” por los “cobardes autonomistas” de Santa Cruz y Beni.

“Los cobardes que nos han abandonado a todos, obviamente los gobernadores de Santa Cruz y Beni que hasta ahora no presentaron una denuncia al respecto. Obviamente que no necesito ni 10 centavos, nunca lo voy a necesitar, pero que no se sirvan políticamente (…) de los que estamos injustamente detenidos”, declaró rompiendo el cerco policial que no dejaba que tengan contacto con los periodistas.

Mientras, Alberto Melgar gritó que era una “goleada del Gobierno contra los autonomistas”. Gelafio Santisteban dijo: “ustedes han sido testigos de la funcionalidad con la que se ha realizado este proceso, todo en función del Ministerio de Gobierno cumpliendo con los planes del  partido oficialista”.

Apelaciones

El abogado del general retirado del Ejército Gary Prado, Otto Ritter, dijo que sabían que “se iba a mandar a un juez de sentencia de La Paz, ya estaba asumido esto porque es un mandato del Poder Ejecutivo”. Anticipó que apelarán la resolución y harán uso de todos los recursos que les permite la normativa boliviana, incluso llegarán a tribunales internacionales para que conozcan el caso.

La abogada de Alberto Melgar, Verónica Suárez, dijo que se va a un juicio oral con vicios procesales que no se han subsanado, también anticipó que apelarán la resolución dentro de los tres días que señala la ley, porque existen elementos probatorios como fotocopias y extractos de llamadas telefónicas de 2008 que se utilizan para acusar a su defendido cuando no se había dado el hecho.

El asesor del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, dijo que apelaría la decisión del juez porque no está de acuerdo con la exclusión de varias pruebas y la modificación de las medidas cautelares de dos acusados. Por su parte, la Fiscalía también aseguró que hará uso de ese recurso, por las mismas razones.

Falta de vÍctima en el proceso

Después de que el cardenal Julio Terrazas presentara un memorial que indica su voluntad de no acusar a nadie sobre el atentado que sufrió su domicilio el 2009 y no declararse como víctima, ayer en la audiencia conclusiva del caso Rózsa los abogados de la defensa presentaron un nuevo incidente referido a que no hay una víctima en el proceso.

El asesor del Ministerio de Gobierno, Denis Rodas, dijo que dentro del proceso no sólo había una víctima sino varias, una el Cardenal que optó por no declararse legalmente como tal pero esto no afectaba el proceso y otra sería la sociedad porque se atentaba contra la seguridad interna del país por lo que el Ministerio de Gobierno se declaró víctima dentro del caso. 

El juez Ricardo Maldonado, coincidió con Rodas en declarar que el memorial no afecta el proceso porque desde el inicio el Ministerio de Gobierno se declaró como víctima del mismo.

DETENCIONES

El juez Quinto de Instrucción en lo Penal Cautelar, Ricardo Maldonado, determinó modificar las medidas cautelares de dos causados de los seis que solicitaron:

Hugo Melquiades Vásquez tiene detención domiciliaria en Santa Cruz con dos custodios, deberá pagar una fianza de 20 mil bolivianos.

Hugo Paz Lavadenz tiene detención domiciliaria en Santa Cruz con un escolta policial y el pago de una fianza de 50 mil bolivianos.

Alberto Melgar será trasladado del penal de Palmasola de Santa Cruz al de Mocovic de Beni por haberse demostrado que han cesado los motivos por los cuales se dispuso su traslado a Santa Cruz.

EN SANTA CRUZ

Un grupo de jóvenes marchó ayer por la capital cruceña para pedir al fiscal Marcelo Soza, que investiga la supuesta célula terrorista, que respete la decisión del cardenal Julio Terrazas que desistió de acusar a alguien por el atentado que sufrió el inmueble del Arzobispado de Santa Cruz, el 15 de abril de 2009.

“Si no hay pruebas no hay delito”, “Respeten la decisión del cardenal”, “Y ahora ¿quién defiende a Santa Cruz?”, eran algunos de los mensajes escritos en las pancartas que portaron los manifestantes que caminaron por la plaza 24 de Septiembre.

Familiares y amigos de los acusados se instalaron en vigilia en plaza central de la capital cruceña para esperar la resolución del juez en la audiencia que se realizaba en Cochabamba. El vicepresidente del Comité Cívico, Luis Alberto Áñez, presente en la marcha, pidió al juez Maldonado que sea coherente con la ley en sus acciones.

Acusados del caso Rózsa irán a juicio oral

Audiencia. Dos detenidos con arresto domiciliario. Excívico beniano será trasladado a la cárcel de Mocoví. El juez no tomó en cuenta el desistimiento del cardenal Terrazas.

image

Investigación. Tras la audiencia conclusiva, una gran parte de los acusados de supuesto caso de terrorismo mostraron su disconformidad con la decisión del juez

Cochabamba, El Deber

Los 39 acusados por la supuesta comisión del delito de terrorismo sucedido tras el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas serán procesados mediante juicio oral, así lo determinó ayer el juez quinto de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, Ricardo Maldonado, en la audiencia de conclusiones que se desarrolló el jueves y el viernes, en Cochabamba.

El juez valoró la acusación del Ministerio Público y del Ministerio de Gobierno, luego que en abril el anterior juzgador que vio la causa decidió devolver los expedientes para que la imputación sea subsanada por la parte querellante.

Ayer, Maldonado dio por subsanada la acusación pese a las observaciones e incidentes legales que plantearon los abogados de una buena parte de los imputados, que vieron fallas en el debido proceso, indefensión, uso de pruebas ilegales y presunta violación a la Constitución.

Incluso, el juez paceño no tomó en cuenta el desistimiento del cardenal Julio Terrazas de acusar a alguien por el atentado del 15 de abril de 2009 a la casa de propiedad del Arzobispado de Santa Cruz de la Sierra.

Al menos cinco abogados defensores de los imputados en este proceso solicitaron, de manera expresa, que extinga la causa, porque la principal víctima había desistido de convertirse en parte querellante.

Sin embargo, Maldonado dio la opción a los representantes de la Fiscalía y a los del Ministerio de Gobierno para que se pronuncien sobre esta petición. Estos argumentaron que la causa no puede extinguirse porque hubo un daño mayor a la sociedad y al Estado boliviano, por lo que el interés colectivo es mayor que el deseo de una persona.

El juez determinó levantar la detención preventiva para Hugo Melquiades Vásquez y Hugo Paz Lavadenz por arresto domiciliario. En el caso de Vásquez, tendrá dos custodios y una fianza de Bs 20.000, mientras que Paz un custodio y fianza de Bs 50.000.

Asimismo, el ex dirigente cívico beniano Alberto Melgar debe ser trasladado del penal Palmasola en Santa Cruz a Mocoví, según ordenó el juez, que determinó excluir como prueba al acta de inspección ocular que los fiscales hicieron a la Fexpocruz, al stand de Cotas y al de Fegasacruz.

De igual modo, se excluyó de la computadora de Eduardo Rósza, los correos electrónicos camba 1, camba 3 y al que vinculaba a Lucio Áñez.

Además, de ese mismo artefacto se eliminó un texto que fue cambiado en el documento de la acusación.

La resolución del juez no fue del agrado de gran parte de los imputados, y sus abogados indicaron que van a presentar la apelación respectiva.

Marcha en apoyo al cardenal

Un grupo de jóvenes marchó ayer por la capital para pedir al fiscal Marcelo Soza, que investiga la supuesta célula terrorista, que respete la decisión del cardenal Julio Terrazas que desistió de acusar a alguién por el atentado que sufrió el  inmueble del Arzobispado de Santa Cruz, ocurrido el 15 de abril de 2009.

“Si no hay pruebas no hay delito”, “Respeten la decisión del cardenal”, “Y ahora ¿quién defiende a Santa Cruz?”, eran algunos de los mensajes escritos en las pancartas que portaron los manifestantes que caminaron de la plaza 24 de Septiembre al Palacio de Justicia para pedir la liberación de las personas que están vinculadas al caso de Eduardo Rózsa. También había mensajes en contra del fiscal Soza.

La protesta del grupo se realizó al mediodía de ayer, mientras en Cochabamba se realizaba la audiencia conclusiva del denominado caso Rózsa.

Entre tanto, el cívico Nicolás Ribera opinó que con el desistimiento del cardenal Terrazas el caso debe ser archivado porque no existe la víctima. Ese mismo criterio es respaldado por el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, que calificó de acertada la decisión del religioso, a fin de cesar la violación a los derechos humanos y el Estado de Derecho.

A su vez, el diputado Tomás Monasterio, del opositor CN, anunció que iniciará una demanda penal en contra del fiscal Soza, después de ser acusado por los imputados como "torturador" para conseguir las declaraciones de los acusados de este hecho.

   En la jornada   

– Seguridad. El dispositivo de seguridad impuesto para la audiencia conclusiva del caso de terrorismo fue riguroso. Ayer, 30 guardias con chalecos antibala resguardaron a los imputados; al finalizar ese acto, personal de la división antiexplosivos de Bomberos hicieron la revisión de rigor.

– Burla. Ante el pedido de los imputados de modificar las medidas sustitutivas aduciendo problemas de salud, el fiscal Marcelo Soza dijo que con ese argumento todos los presos de San Pedro podrán modificar esa medida legal.

– Tranquilidad. Allegados al ex cívico beniano Alberto Melgar estallaron en júbilo al escuchar que el juez determinó el traslado del penal de Palmasola a Mocoví. Con esa decisión, familiares y amistades podrán visitarlo con regularidad en ese recinto penitenciario.