Advierten que jueces ciudadanos ahondan la retardación de justicia

Juicios. Autoridades y juristas dicen que no se les instruye y que la mitad se ausenta.

La habilitación de jueces ciudadanos fue una de las apuestas innovadoras del nuevo Código de Procedimiento Penal (CPP) en 1999. Ahora, autoridades judiciales y juristas advierten que esos actores fueron olvidados y son factor de retardación de justicia.

image Proceso. Audiencia con dos jueces ciudadanos en el Tribunal 7° de Sentencia de La Paz, el miércoles. Foto: Miguel Carrasco



“No pudimos difundir el rol importante del juez ciudadano. Cuando se promulgó la Ley 1970 (25 de marzo de 1999) los vimos como una forma de control social de los procesos y como un medio para evitar la retardación de justicia. Con el tiempo, hemos visto una realidad muy dura”, alerta el representante del Consejo de la Judicatura en La Paz, Humberto Quispe.

En la Corte Superior de Justicia de La Paz no hay datos estadísticos referidos a cuánto influyen los jueces ciudadanos en la retardación de justicia. Sin embargo, Martín Galarza, encargado de la Central de Diligencias del Consejo de la Judicatura de La Paz, señala que por día se notifican a 400 personas para que sean jueces, de las que sólo “la mitad, o menos de la mitad” se presentan para seguir los procesos judiciales.

Norma. El artículo 52 del CPP establece que los Tribunales de Sentencia “estarán integrados por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio en todos los delitos de acción pública”.

Requiere que este magistrado civil sea mayor de 25 años, estar en pleno ejercicio de sus derechos y tener domicilio, profesión, ocupación, oficio, arte o industria conocidos.

Las citadas autoridades judiciales, además de juristas, identifican hasta cinco causas por las que los jueces ciudadanos no asisten a los procesos judiciales para los cuales fueron elegidos: un padrón electoral desactualizado para sortearlos, la falta de capacitación e información, mecanismos burocráticos para la conformación de los tribunales, recusaciones sin fundamento y la inseguridad o amenazas que sienten los magistrados civiles.

José Luis Vargas, coordinador de Proyectos de la Red Participación y Justicia, sostiene que desde la implementación del CPP y su puesta en vigencia se atravesó con el problema de falta de actualización de datos del Padrón Electoral. “Esto hace que se seleccione a personas fallecidas o que han cambiado de domicilio”, indica.

Martín Galarza lamenta que haya una renuencia de los ciudadanos a participar de jueces, “por el desconocimiento de los derechos y obligaciones que tienen para conformar estos tribunales”.

Revisión. “El CPP está mal interpretado y mal utilizado. Es necesario un análisis y una nueva propuesta sobre estos jueces ciudadanos”, dice el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Herrera.

La remuneración a magistrados civiles también cuenta. El CPP establece que el Estado asignará a los trabajadores independientes una remuneración diaria equivalente al 50% del haber diario que percibe un juez técnico. No obstante, este monto es retribuido al acabar el juicio, no en el transcurso del proceso.

Rodolfo Álvarez, un ciudadano cubano-boliviano que fue sorteado para el juicio contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, renunció a la función arguyendo problemas económicos, pero el Tribunal que conformaba le inició un proceso basándose en el CPP que establece sanciones por inasistencia injustificada.

“La excusa del juez no es válida porque la ley garantiza su fuente de trabajo y sus ingresos. Cometió el delito de desobediencia a la autoridad (art. 65 del CPP) y el Tribunal le ha iniciado un juicio”, cuenta Eduardo Morales, fiscal que lleva el caso de Fernández.

Jueces recibirán capacitación en una Sala de espera judicial

El Consejo de la Judicatura adelanta que capacitará a los jueces ciudadanos.

El Consejo de la Judicatura habilitará desde la próxima semana una Sala de espera de jueces ciudadanos, donde estos magistrados recibirán capacitación en temas referidos a sus deberes y obligaciones para que administren los procesos junto a los jueces técnicos.

“Queremos cooperar con la justicia, por eso vamos a abrir una Sala de espera para que todas las personas que hayan sido sorteadas para estas funciones se reúnan y antes de que sean distribuidas a los tribunales, a los que fueron convocados, se aproveche el tiempo para su capacitación”, anuncia el representante del Consejo de la Judicatura en La Paz, Humberto Quispe.

Los artículos 57 al 66 del Código de Procedimiento Penal (CPP) definen la composición de los Tribunales de Sentencia con jueces ciudadanos y regulan los deberes del cargo de estas funciones.

Los citados artículos describen también los requisitos, los impedimentos para ser elegidos, la importancia del Padrón Electoral para el sorteo de estas funciones, el trámite para la constitución del Tribunal de Sentencia y sus circunstancias extraordinarias, los deberes y atribuciones, las sanciones y las remuneraciones de los jueces ciudadanos.

Quispe añade que el trabajo de capacitación y explicación del rol que debe ejercer el juez ciudadano será encargado a los pasantes de las universidades.

Especifica que la Sala funcionará en la planta baja de la Corte de Distrito de La Paz (calle Genaro Sanjinés) donde se espera la anuencia de, al menos, 50 jueces ciudadanos diariamente.

La presidenta de la Corte de Justicia de La Paz, Aida Luz Maldonado, destaca la importancia de la capacitación de los magistrados civiles, para que estas personas no sean influenciadas negativamente con los jueces técnicos y sepan el rol que van a jugar.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Bernardo Herrera, resalta la necesidad de que los jueces seleccionados sean previamente orientados y capacitados. “Muchas veces, los jueces entran directamente al proceso sin conocer el expediente y no saben lo que ocurre durante el juicio, qué es lo que se está hablando y actúan hormonalmente”, manifiesta el jurista.

Quispe espera que luego del cambio de autoridades en el nuevo Consejo de la Magistratura o el Tribunal Constitucional, los magistrados puedan enriquecer la calidad de estos jueces ciudadanos y, a la vez, replantear algunas políticas criminales que mejoren la administración de justicia.

Opinones

J. Shirley Tapia

‘Una mejor capacitación para los jueces’

“Es una experiencia linda, pero muchas veces se nos dificulta ir a las audiencias porque tenemos nuestras propias actividades. Soy estudiante de Enfermería y estoy en una campaña de vacunación. Tengo que presentar justificativos para que no me suspendan. No tuvimos ninguna capacitación cuando nos sortearon. Sólo nos informaron cuál era el caso, qué nombres habían y nada más. Propondría una mejor capacitación para los que vamos a ser jueces”.

Santiago Rada P.

‘Me da pena que la justicia se retarde’

“La experiencia que tengo es amarga por la retardación de justicia que se ve. Es parte de la negligencia de los fiscales de materia y los abogados defensores que no van a las audiencias. Nosotros cumplimos, pero ellos no; es lo que más me ha molestado. El juez, el fiscal, el abogado tienen sus sueldos. A nosotros nos indicaron que nos van a pagar, pero es un sueldo para después que termine el juicio. Así no nos paguen, a mí me da pena que la justicia se retarde”.

La Razón – Miguel Ángel Melendres