Cochabamba. El Cardenal Terrazas retira queja en caso Rózsa; fiscal seguirá el juicio. La audiencia, que está en su fase final, continuará hoy a partir de las 10:00 con la fundamentación del Ministerio de Gobierno.
Imprecisiones en Fiscalía en audiencia conclusiva
HOY ES EL TURNO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO.
El fiscal Marcelo Soza fundamenta su acusación en el caso Rózsa, ayer.
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Los Tiempos – 4/11/2011
Durante más de cinco horas, con una serie de contradicciones e imprecisiones, la Fiscalía respondió ayer a las observaciones, incidentes y exclusiones presentados por los abogados defensores de los más de 20 acusados por supuesto terrorismo y alzamiento armado dentro del denominado caso Rózsa.
Después de un intermedio de más de 10 días, ayer se reanudó en esta ciudad la audiencia conclusiva de este caso con la exposición, en representación del Ministerio Público, de los fiscales Sergio Céspedes y Marcelo Soza.
La audiencia, que está ya en su fase final, continuará hoy a partir de las 10:00 con la fundamentación del Ministerio de Gobierno.
Al final de esta intervención se espera que el juez Quinto de Instrucción en lo Penal-Cautelar, Ricardo Maldonado, dicte resolución conclusiva del caso.
El fiscal Céspedes inició la participación del Ministerio Público, argumentando que en la acusación formal no se individualizó ni estableció la participación de cada uno de los acusados en los hechos investigados, porque eso se lo realizará en el juicio oral.
Una de las observaciones es que en la acusación formal no se especifica el grado de participación de cada uno de los acusados ni las pruebas en base a las cuales se los involucra en supuestos actos de terrorismo o alzamiento armado.
En horas de la tarde el fiscal Marcelo Soza continuó con una prolongada intervención, aseguró que toda la investigación realizada por su persona y el equipo que lo acompaña fue hecha en base a la normativa.
Los abogados defensores alegaron que la intervención en el hotel Las Américas fue ilegal porque no había una orden de allanamiento. Al respecto Soza dijo ayer que después del atentado a la casa del Cardenal Julio Terrazas los policías siguieron pistas que llevaron hasta el hotel y tuvieron que actuar de forma inmediata porque fueron sorprendidos con disparos provenientes del grupo de Eduardo Rózsa. “Tenían que salvar sus vidas y las vidas de los huéspedes del hotel”.
Sobre la solicitud de exclusión como prueba de los extractos de llamadas telefónicas, porque fueron obtenidas ilegalmente, sin orden de juez, y violando el derecho a la privacidad, Soza negó que se haya vulnerado ese derecho porque sólo se recabaron números, no se escucharon las conversaciones.
Sin embargo, más adelante señaló que en el celular de Eduardo Rózsa había una serie de números registrados sólo con nombres y seudónimos, que había “una conversación que se relacionaba con el atentado a la casa del Cardenal Terrazas”.
Sostuvo que el juez no podía considerar como violación de privacidad esto porque se trataba “de un hecho que involucraba a toda la sociedad”.
También negó la participación de agentes encubiertos en el operativo de 2009. Ante esa afirmación, Ignacio Villa Vargas (uno de los acusados) lanzó un gritó dirigido a Soza: “¿y Andrade?”, refiriéndose al capitán de Policía Walter Andrade que participó en el hotel Las Américas y en el que fueron acribillados, junto a Eduardo Rózsa, dos integrantes del supuesto grupo terrorista y aparece en varios videos y fotografías junto a Rózsa.
A la salida de la audiencia, por su parte, el abogado de David Sejas (otro de los acusados), Luís Orlando Reyes, también mencionó a la policía Marilyn Vargas (alias Karen) que actuó junto a Andrade.
Los abogados defensores calificaron la respuesta de la Fiscalía como “incoherente” y “repetitiva”, mientras que Villa Vargas dijo que no había avance.
Cardenal aclara que no acusó
El cardenal Julio Terrazas, mediante su representante legal, presentó un memorial al juez Quinto Cautelar del Distrito Judicial de La Paz, Ricardo Maldonado, en el que manifiesta su voluntad de no acusar a nadie por el atentado con explosivos a la vivienda que pertenece al Arzobispado de Santa Cruz el pasado 2009.
Asimismo, señala que pese a haber presentado la respectiva denuncia sobre al atentado y de solicitar de forma escrita ante las instancias pertinentes, no fue informado sobre el avance de las investigaciones.
El fiscal Marcelo Soza dijo que esto no afecta el proceso porque “el Ministerio Público representa a la sociedad, entonces esa es la función que estamos cumpliendo como fiscales de materia”.
Respecto a la información sobre el avance de la investigación dijo que era un “problema interno de la Iglesia”. “Yo no me puedo meter en ese tema de especulación, ellos sabrán, tendrán sus razones si han presentado un memorial”.
Por su parte, el asesor del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, dijo que el memorial “va a ser objeto de respuesta” por parte de ambas instancias acusadoras. El abogado de Gary Prado, Otto Ritter, dijo que esto demuestra que el Cardenal “no cree en la investigación ni en las conclusiones del fiscal Soza”.
El fiscal del caso Rózsa II, Harry Suaznabar, desde La Paz, aseguró que el proceso continuará de oficio por parte del Ministerio Público, pese a la decisión del Cardenal de no acusar a nadie por el atentado a su domicilio el 15 de abril de 2009. "Para nada, esos son delitos de orden público y es el Ministerio Público quien debe investigar la verdad histórica de los hechos", señaló el fiscal.
Acusados hacen llegar cartas
En la primera jornada de la audiencia, los acusados entregaron dos cartas a los medios de comunicación. En una de ellas, firmada por Alcides Mendoza, éste acusa al actual comandante General de la Policía, Jorge Santisteban, de haberle ofrecido dinero y sacarle del país si involucraba en el caso a líderes de Santa Cruz “lo cual mi persona no accedió y es por esa razón que me encuentro solo y abandonado”.
Al respecto, el fiscal Marcelo Soza dijo que son acusaciones “inventadas” que no tienen pruebas y “lo raro es que salen en cada audiencia, si tuvieran ese dato desde el principio por qué no sacó en ese instante y no ahora”.
El asesor del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, dijo que esa acción podría ser considerada como un “peligro de obstaculización”.
En una segunda carta, los acusados Gelafio Santisteban, Juan Carlos Guedes y Mario Tadic, piden al Ministerio Público investigar a otras personas como Horacio D´arruda y Víctor Hugo Rojas que en un principio fueron mencionadas, pero después fueron sobreseídas. Santisteban dijo que la Fiscalía y estas personas llegaron a un acuerdo por eso las apartaron del caso.
Soza dijo que fueron más de 40 personas las citadas, pero que no existían “pruebas contundentes” en contra de ellas, aseguró que podrían ser convocadas en el caso Terrorismo II o en otra investigación.
El abogado de Gary Prado, Otto Ritter, acusó al vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, de planificar un complot “bien armado” para “matar” al presidente Evo Morales con el objetivo de asumir la Presidencia y responsabilizar a los cruceños. “Los que tienen antecedentes de terroristas, como el Cananchiri, el Vicepresidente”, dijo.
Terrazas retira queja en caso Rózsa; fiscal seguirá el juicio
Atentado. El Cardenal presentó un memorial al juez que dirige la audiencia conclusiva en el valle.
La Razón – A. Melgarejo – Cochabamba
El cardenal Julio Terrazas retiró ayer la denuncia contra los presuntos autores del atentado a su domicilio de abril de 2009. La Fiscalía informó de que esa decisión no interferirá en la investigación del caso Rózsa o Terrorismo, relacionado con el citado ataque, ni la búsqueda de los financiadores.
Cochabamba. La audiencia conclusiva del caso Terrorismo que fue reinstalada en el valle.
El Cardenal levantó la denuncia contra el autor o autores del atentado explosivo que sufrió su vivienda un día antes de que se registrara la incursión policial al hotel Las Américas de Santa Cruz, donde fue desbaratada la presunta célula terrorista y separatista al mando de Eduardo Rózsa Flores.
El juez 5° de Instrucción en lo Penal-Cautelar, Ricardo Maldonado, leyó el memorial del Cardenal ayer, al reinstalar la audiencia conclusiva del caso Terrorismo en la ciudad de Cochabamba, acto procesal que busca sanear el proceso y, si corresponde, derivar el mismo a un tribunal de juicio.
En el memorial, Terrazas indica que luego de denunciar el hecho no se informó sobre los avances de las indagaciones, razón por la que decidió desistir de la demanda. “Manifiesto fundadamente mi voluntad de no haber tenido nunca la voluntad de acusar a nadie”, señaló en el documento.
Al respecto, el juez Maldonado explicó que el memorial sólo se puso en conocimiento de las partes y no afecta en nada a la labor realizada a la fecha.
“Se está corriendo el traslado y tendrá que responder el acusador particular”, señaló. Además, hizo notar que no es el momento procesal (de presentar estos documentos), porque ya existe una acusación fiscal y del Ministerio de Gobierno.
Fiscalía. El fiscal Marcelo Soza, que lleva adelante el caso, dijo que es un tema especial, si se tiene en cuenta que la casa donde estaba el Cardenal no es de propiedad de él, sino de la iglesia, un ente jurídico y colectivo que está bajo la tutela del Estado. En ese sentido, dijo que a nivel estatal hay representantes que pueden accionar ante cualquier situación que atente “contra una entidad colectiva”.
“(El memorial de Terrazas) no afecta en nada, porque el Ministerio Público representa a la sociedad y ésta es la función que estamos cumpliendo como fiscales de materia encargados por el Fiscal General de la República”, declaró Soza tras la audiencia.
Fernando Rivera, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, que es parte querellante en este caso, adujo que, en su momento, el memorial de Terrazas tendrá respuesta de la Fiscalía y de su despacho.
En La Paz, también se refirió al tema el fiscal Harry Suaznábar, quien lleva adelante las pesquisas en torno a la segunda fase del caso Terrorismo, la que busca identificar a los que financiaron al presunto grupo irregular.
Suaznábar, según reporte de la ANF, afirmó que el caso Terrorismo I continúa de oficio por parte del Ministerio Público, pese a que el Cardenal haya desistido la demanda. “Esos son delitos de orden público y es el Ministerio Público quien debe investigar la verdad histórica de los hechos”, dijo.
El 15 de abril de 2009, la vivienda del cardenal Terrazas sufrió un atentado que fue atribuido al grupo de Rózsa, quien habría acudido al lugar (calle Seminario de la ciudad de Santa Cruz) junto a Ignacio Villa Vargas, El Viejo, a quien se identificó como el chofer del carro en el que fueron a depositar el explosivo.
Existen 39 acusados en el proceso
Once detenidos fueron trasladados de las cárceles de San Pedro y Palmasola a la ciudad de Cochabamba: Mario Tadic, Elöd Tóásó, Alcides Mendoza, Alejandro Santiesteban, Juan Carlos Guedes, Zvonko Matkovic, Zoilo Bernardo Salces, Hugo Paz, Juan Kudelka, Hugo Vásquez y Alberto Melgar. Ignacio Villa Vargas, El Viejo, está detenido en El Abra. Hay nueve personas con arresto domiciliario, una en libertad y 17 en rebeldía.
Un acusado denuncia ser víctima de torturas
Alcides Mendoza, acusado de terrorismo y alzamiento en el caso Terrorismo, denunció a través de un comunicado que fue objeto de amedrentamiento y amenazas antes de ser detenido. Dentro de la audiencia conclusiva, aseguró que “éste es un caso político” y solicitó garantías para él y su familia, para denunciar irregularidades.
Indicó que se siente en indefensión y contó que el 28 de abril de 2009, luego de ser detenido por Carlos Núñez del Prado, Norberto Clavijo y Jorge Santiesteban, actual comandante de la Policía, y otras dos personas de nacionalidad venezolana, lo encapucharon, amarraron, amordazaron y lo encañonaron con un arma para luego torturarlo física y psicológicamente, preguntando si conocía a empresarios cruceños.
Sostuvo que fue torturado por miembros de la ex Utarc (Unidad Táctica de Resolución de Conflictos), entre ellos el capitán Wálter Andrade y la policía Marylín Vargas. Agregó que fue agredido por 20 horas en las que les decían que les iría mal porque “no quisieron colaborar”.
También aseguró que luego de ser aprehendido, cuando estaba con detención domiciliaria, Santiesteban y un policía de apellido Garbiso le ofrecieron su salida del país junto a su familia, además de dinero si involucraba a líderes y empresarios cruceños en el caso.
La audiencia ingresa a su fase final
La audiencia conclusiva del caso Terrorismo, en la ciudad de Cochabamba, ingresa a su fase final. Ayer, los fiscales respondieron a los incidentes y exclusiones presentados por los acusados y para hoy se prevé la presentación de las pruebas de descargo a pedido del Ministerio Público.
Ricardo Maldonado, juez 5° de Instrucción Penal Cautelar de La Paz, a cargo del caso, postergó para esta jornada la exhibición de esas pruebas de descargo. Luego de esa tarea, se prevé que el magistrado dicte la resolución final.
Hoy también se deben resolver los pedidos de cesación a la detención preventiva presentados por seis de los acusados.
La audiencia de ayer estuvo plagada de incidentes. Alcides Mendoza, uno de los acusados, denunció que fue torturado para implicar a empresarios y líderes cruceños. Agregó que le ofrecieron libertad a cambio, y, ante la negativa, fue imputado.
Gelafio Santiesteban y otros dos acusados pidieron juzgar a los sobreseídos y a quienes fungieron como agentes encubiertos como Wálter Andrade, Marilyn Vargas y Norberto Clavijo. El acusado señaló que en el principio del proceso eran al menos 80 los investigados, pero que después no todos fueron imputados porque llegaron a algún acuerdo con la Fiscalía.
Marcelo Soza, fiscal asignado al caso, admitió la acusación, pero explicó que dentro de este proceso por terrorismo hay entre tres y cuatro con sobreseimientos. “Son 30 ó 40 rechazos, inclusive, porque no es cuestión de citar a las personas y directamente involucrarlas, tiene que haber prueba contundente”, dijo el representante del Ministerio Público.
Caso Rózsa… Única víctima tangible desiste de la demanda
El Cardenal Terrazas no acusará a nadie.
El Día
El cardenal Julio Terrazas suscribió ayer un acta en la que manifiesta su voluntad de no acusación dentro de las investigaciones seguidas por el Ministerio Público. La defensa de los imputados interpreta que el proceso debe ser extinguido al no existir denunciante. Fiscalía continuará el caso de oficio.
El cardenal Julio Terrazas hizo llegar a la Fiscalía de La Paz un memorial en el que "se apersona y manifiesta su voluntad fundada de no acusación" luego de que el 15 de abril del 2009 un explosivo estallara en la puerta de su casa, en el pasillo Seminario del barrio La Santa Cruz.
"Al tenor del artículo 128 del Código de Procedimiento Penal manifiesto fundadamente mi intención de no haber tenido nunca la voluntad de acusar a nadie", dice en el escrito.
El vocero del Arzobispado, Erwin Bazán, explicó en Santa Cruz que esa determinación fue asumida después de ver que durante más de dos años y medio nunca tomaron en cuenta al jefe máximo de la Iglesia católica en hacerle conocer el desarrollo de las investigaciones.
Indicó que en su momento, tras ocurrir la explosión, pusieron en conocimiento el caso como algo de rigor, pero nunca presentaron una querella en particular contra ninguno de los 39 imputados.
Terrazas tenía 73 años y acababa de ser intervenido por segunda vez en una operación a corazón abierto cuando colocaron el explosivo que, según sus médicos, pudo provocarle la muerte. Afortunadamente el prelado había viajado a su residencia en Vallegrande.
Reacciones. Otto Richter, abogado defensor de uno de los 39 imputados, Gary Prado, aplaudió ayer en Cochabamba la determinación del cardenal Terrazas de no presentar acusación contra nadie, pues se trata de la única víctima tangible del caso porque el resto son "elucubraciones" de los que inventaron el caso con el cuento del terrorismo y separatismo para neutralizar a la dirigencia cruceña.
El juez Ricardo Maldonado, quinto de instrucción en lo penal, leyó el memorial del cardenal en el reinicio de la audiencia conclusiva.
"Han presentado excepción de incompetencia, incidentes de actividad procesal defectuosa, exclusiones probatorias, cesaciones a la detención preventiva, modificación a las medidas cautelares y todo ello se resuelve en audiencia final en una resolución oral y pública", manifestó la autoridad judicial.
En La Paz, el fiscal del caso terrorismo II, Harry Suaznábar, aseguró que el proceso del caso terrorismo I continúa de oficio por parte del Ministerio Público, pese a que el cardenal Julio Terrazas haya desistido la demanda.
"Para nada, esos son delitos de orden público y es el Ministerio Público quien debe investigar la verdad histórica de los hechos", señaló a la prensa.
En el primer caso son 39 los imputados y en el segundo 19 procesados, de los cuales 12 están con detención preventiva, siete con arresto domiciliario, además de 13 declarados como rebeldes.
Varias lecturas. El abogado Ciro Áñez Núñez, docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y experto en la etapa intermedia del proceso penal, explicó que para quienes no son abogados, el desistimiento del cardenal Terrazas puede verse como la intención de alguien que no está de acuerdo cómo se están llevando a cabo las investigaciones y que quiere expresarlo así, pero legalmente el proceso puede continuar seguido por el Ministerio Público de oficio.
ARCHIVO
Hubo polémica por el explosivo que usaron
DOS ATENTADOS. Con explosivos antecedieron el asalto al hotel Las Américas. El primero fue el 28 de abril del 2009, cuando arrojaron un artefacto en la casa del entonces viceministro de Hidrocarburos, Saúl Avalos, y luego el 15 de abril en la casa del cardenal Julio Terrazas, en el pasaje Seminario.
DUDAS. Se dijo que el material fue el explosivo plástico C-4, pero los abogados defensores observaron que era del mismo tipo usado en Yacuiba en un atentado al canal Unitel el 7 de junio del 2009 en el que estaba involucrado Piter Nava, un militar de la casa de Gobierno encargado de la seguridad de Evo.
PUNTO DE VISTA
Nicolás Ribera
Vicepresidente del Comité Cívico
Si no hay víctima, no hay delito, es para archivar el caso’
Un principio jurídico dice que si no hay víctima, no hay delito, y que eso implica el archivo de obrados, pero yo creo primero que esto pasa por la imposibilidad técnica y material de construir un caso que se organizó desde las esferas del Gobierno nacional, por tanto, el objetivo no es llegar a la verdad histórica de los hechos, sino usar instrumentalmente este hecho para cuestionar o perseguir a los principales dirigentes regionales de Santa Cruz y que hay tantos vicios procesales que para que la justicia no sea vilipendiada más debe cerrarse el caso y liberar a los detenidos y aprender de la generosidad del cardenal Terrazas, que a pesar de ser la única víctima ha decidido dar la otra mejilla.
ANÁLISIS
Hay contradicciones en el atentado
EL ATENTADO. El sereno del pasaje Seminario, Agustín Cuéllar, dijo que tres hombres y una mujer llegaron en un auto Toyota Starlet y colocaron el explosivo a la 1.30 de la madrugada del 15 de abril e hicieron volar la puerta del cardenal Terrazas.
NO COINCIDE. El abogado Otto Richter hizo notar que esa versión contradice la oficial del Gobierno en el sentido que Rózsa fue a dejar el explosivo, siendo que ahí no había ninguna mujer y el auto en el que se desplazaban era un Hyundai.
NO SALIERON DEL HOTEL El gerente Hernán Rossel dijo que la noche del 15 de abril Rózsa y sus cuatro acompañantes no salieron del hotel. Un día después, luego del operativo policial misteriosamente las cintas de filmación desaparecieron.