María Teresa ZegadaA medida que avanza la gestión de Gobierno, enmarcada en el denominado proceso de cambio, se van percibiendo cada vez más contradicciones y ambigüedades que generan incertidumbre y desazón en propios y extraños, en relación con el decurso del proceso.Se han ensayado una serie de explicaciones al respecto, algunas de ellas aducen que esta situación se debe a una gestión gubernamental que habría priorizado su permanencia y reproducción en el poder, antes que responder a sus ofertas electorales, discursos y principios ideológicos, lo cual habría generado una reorientación pragmática o un abandono deliberado de sus preceptos iniciales, con el único fin de permanecer en el poder. También se ha argumentado, sobre todo desde el discurso de los propios funcionarios del Gobierno, respecto a las dificultades que comporta satisfacer las demandas de todos los sectores sociales que devienen de múltiples, acumuladas e irresueltas necesidades, y que no pueden resolverse con la sola llegada de un nuevo proyecto al poder; en el mismo sentido se señalan las limitaciones presupuestarias del Gobierno para atenderlas. Por otra parte, se ha hecho énfasis en aspectos que devienen de una gestión pública compleja debido a las diversas visiones que conviven en el Gobierno, que también es atribuible al acceso a funciones estatales de personalidades que si bien cuentan con trayectorias sindicales y políticas importantes, no así con la formación y capacidades suficientes para encararlas. Por último, entre muchas otras explicaciones, se ha afirmado que esta situación deviene del progresivo distanciamiento de los altos funcionarios públicos respecto de sus bases sociales.En realidad, algunas, o todas estas argumentaciones de manera conjunta, explican la actual situación, sin embargo, dichas incoherencias que al parecer tienden a agravarse con el curso del tiempo, también pueden explicarse por una contradicción estructural de origen que, a medida que avanza el proceso, va revelando sus incontrastables limitaciones. Se trata de una incongruencia entre el proyecto político, el sujeto protagónico del proceso y el actor que materializó y llevó a cabo la denominada “revolución democrático cultural”.Veamos. Salvando distancias, Zavaleta señalaba que el problema de la revolución del 52 fue que dicho proceso fue protagonizado por obreros, realizada por la pequeña burguesía y con un proyecto burgués (aunque no concurrió la burguesía). Sin querer comparar ambos procesos, que sin duda tienen características y contextos distintos, se podría pensar que la actual “revolución democrático cultural”, fue protagonizada por los pueblos indígenas, realizada por el MAS -como organización política de los movimientos sociales, particularmente campesinos-, y con un proyecto fundamentalmente nacionalista. La primera, una lectura en clave clasista, la segunda pone en el centro del debate la plurinacionalidad. Es evidente que la idea de plurinacionalidad fue construida sobre la diversidad y fue bandera del movimiento indígena; mientras el proyecto que parece plasmarse en el país prioriza las tareas nacionalistas de desarrollo e integración que corresponden más bien a la consolidación de un Estado-nación. Tal vez esta contradicción de origen debe sumarse a los otros aspectos mencionados, e interpelar al Gobierno a asumir un nuevo punto de partida para reorientar el proceso, que en todo caso se atenga a aquella famosa frase que afirma que “es mejor partir del error que de la confusión”.Página Siete – La Paz