Defensor: “Sacha Llorenti ordenó reprimir a indígenas”; informe libera de culpa a Evo

TIPNIS: Gente del Gobierno compró masking para la represión, sin embargo el presidente Morales quedó fuera del informe. El defensor presentó una factura para respaldar su afirmación.

El defensor dice que Llorenti ordenó intervenir la marcha

Villena recomienda acciones penales contra él y 16 funcionarios. En un informe presentado ayer, sostiene que el operativo policial fue ilegal. El ex ministro Llorenti cuestiona el informe y asegura que viola el derecho a la defensa.

imageEl ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y dos de sus principales colaboradores.



Página Siete / La Paz – 23/11/2011

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, acusó al ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti de haber ordenado la violenta intervención policial a los marchistas del TIPNIS el 25 de septiembre, en la localidad de Chaparina. Además, califica el operativo policial como ilegal y sugiere que el ex ministro sea procesado penalmente.

“Llorenti decide que fuerzas policiales intervengan y desarticulen la marcha indígena. A tal efecto, instruye al viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, constituirse en el lugar y coordinar con el mando policial el operativo”, señala el informe presentado ayer por Villena sobre la represión policial contra los indígenas marchistas.

En tanto que el ex ministro, vía Twitter, dijo: “El informe defensorial, al individualizar personas, viola el derecho a la defensa. La pregunta es si las convocó para que den su versión”.

El reporte defensorial explica que “la decisión de intervención se constituye por sí misma en ilegal” y añade que la detención de los marchistas “no puede ser encubierta o disimulada mediante un requerimiento fiscal que tenga por objeto o resultado únicamente eximir de responsabilidad las discrecionales determinaciones de una autoridad. Lo cual, por supuesto, conlleva a la existencia de responsabilidad intelectual directa del ex ministro”.

Ante esa situación, el informe “recomienda al fiscal general que instruya proseguir las acciones penales por la violenta intervención policial acaecida el 25 y 26 de septiembre de 2011, en especial contra los ciudadanos Sacha Llorenti, Marcos Farfán, Boris Villegas”, y otros 14 funcionarios civiles y policiales.

En un informe verbal, “el ex ministro señaló que a las 16:30 del 25 de septiembre de 2011, aproximadamente 60 marchistas se acercaron con flechas a los policías, sin tomar en cuenta la presencia de casi 1.000 colonizadores cerca del puente San Lorenzo, lo que mostraba un inminente riesgo de enfrentamiento y por lo que se realizó el operativo contándose con una orden fiscal para intervenir con carácter preventivo, indicando además que ésta fue una medida atinada para cuidar la integridad de las personas, a pesar del alto costo político que implicaba, habiendo actuado además de la misma manera con los bloqueadores”.

El defensor del Pueblo, continúa, le replicó “que tenía una versión opuesta a la señalada por la autoridad, ya que existían varios testimonios que coincidían en señalar que la intervención fue realizada mientras los componentes de la marcha estaban descansando, algunos preparaban sus alimentos…”.

En lo referente a los excesos policiales, el ex ministro manifestó que éstos serían investigados y que el Gobierno no tenía la culpa de errores cometidos por terceros, y que los malos policías debieran ser procesados.

Apunta que la mañana del 24 de septiembre, Llorenti “decide que fuerzas policiales intervengan y desarticulen la marcha indígena. A tal efecto, instruye al viceministro Marcos Farfán, constituirse en el lugar y coordinar el operativo”.

Subraya luego: “Cabe hacer notar que la precitada decisión asumida por el ministro de Gobierno… ya se constituía en medidas de carácter ilegal, realizadas con voluntad y conocimiento de las eventuales vulneraciones de derechos humanos que ellas implicaban. Máxime, si consideramos que según se colige de la declaración de Marcos Farfán, el altercado entre marchistas y el canciller David Choquehuanca (un día antes), serviría de pretexto para justificar la intervención ilegal decidida por Sacha Llorenti, la cual tenía como finalidad desarticular la marcha indígena”.

El requerimiento autorizaba sólo el registro del lugar.

Los señalados

Sacha Llorenti Por decidir que fuerzas policiales intervengan y desarticulen la marcha indígena pacífica, con la consiguiente violación de derechos humanos. Se inferiría responsabilidad suya al haber impartido directamente una orden ilegal que fue ejecutada por la Policía Boliviana, independientemente de su resultado.

Marcos Farfán y Boris Villegas Viceministro y director de Régimen Penitenciario, respectivamente, por realizar los actos preparatorios para la ejecución de una orden ilegal impartida por el entonces ministro de Gobierno, mediante la coordinación con la Policía Boliviana, del plan de intervención, la contratación de buses de transporte público, la compra con fondos del Estado de insumos para un acto de represión ilegal, además de la gestión y dirección del traslado de personas ilegalmente detenidas.

Otros funcionarios del Ministerio de Gobierno

Ramiro Delgado, jefe de gabinete; Karolina Vertiz Arancibia, consultora de línea; Edwin Contreras, responsable de Bienes y Servicios; Diego Pérez, auxiliar; además de los miembros del equipo de la Unidad de Gestión de Conflictos y Alerta Temprana del Ministerio de Gobierno, compuesta por Jorge Arzabe, Adalit Rivero y Ernesto Castro, al haber prestado su colaboración en la preparación, seguimiento y coordinación del plan de intervención policial a la marcha indígena.

Jorge Santiesteban El comandante de la Policía, “máxima autoridad policial, ya sea por conocimiento y voluntad de realizar el operativo, cuanto por desconocimiento y responsabilidad de los actos en el ejercicio de sus funciones del personal bajo su mando”.

Otros policías

Los generales Óscar Muñoz , Modesto Palacios y Edwin Foronda; los coroneles Óscar Chávez y Alberto Aracena, y Henry Terrazas Verduguez, por la planificación, preparación y ejecución de la violenta intervención, detención arbitraria y el traslado ilegal de personas detenidas.

El presidente Morales quedó fuera del informe

ANF / La Paz – 23/11/2011

El ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, dijo que el Ministerio Público debe investigar al presidente Evo Morales, a pesar que el informe no lo vincula en la orden que autorizó la violenta represión policial contra indígenas del TIPNIS.

Albarracín afirmó que el informe relacionado con la intervención policial contra marchitas indígenas debe ser obligatoriamente tomado en cuenta por el Ministerio Público en la investigación que lleva adelante sobre el tema. En el documento se excluye de responsabilidad al presidente Evo Morales y se identifican niveles de responsabilidad en autoridades del Ministerio de Gobierno, principalmente en el ex titular de esa cartera de Estado, Sacha Llorenti. “Los puntos de vista de la Defensoría no pueden homologarse como la opinión de un ciudadano particular, tienen un rango de autoridad máxima jerárquica en el ámbito de los derechos humanos. Y si bien, sus informes no son coercitivos, ni respaldados por la fuerza legal para obligar a su cumplimiento, tienen un efecto vinculante porque sus actuaciones están respaldadas por la Constitución Política del Estado”.

El activista acotó que a espaldas del Presidente es muy difícil asumir que el ministro de Gobierno haya ordenado sin consultar y sin contar con el instructivo presidencial. “Si bien ésa es una deducción mía, corresponde al Ministerio Público averiguar este aspecto y ojalá que así lo haga”, aseveró Albarracín.

Muñoz: “Marchistas fueron persuadidos”

El ex subcomandante de la Policía, Óscar Muñoz, en un informe proporcionado señaló que “los marchistas fueron persuadidos para retornar hacia sus comunidades de origen ante el inminente riesgo de enfrentamiento con los interculturales, con riesgo de pérdida de vidas”.

Además, manifestó que “se estableció un canal humanitario con el desplazamiento de personal de auxilio, dos unidades de ambulancia con médicos, paramédicos y enfermeras coadyuvados por personal policial, para brindar atención en salud a las madres y niños, mujeres”.

Sin embargo, señaló que este hecho provocó la reacción de los indígenas, “que protagonizaron un enfrentamiento con los policías”.

El defensor, en su informe, señala que los indígenas estaban desprevenidos.

Gente del Gobierno compró masking para la represión

El defensor presentó una factura para respaldar su afirmación.

Datos. En un informe, una funcionaria del Ministerio de Gobierno señala que con 30.000 bolivianos de esa repartición se compró cinta masking y se alquilaron los buses.

image

La cinta adhesiva comprada fue utilizada de esta manera.AFP.

Pagina Siete /La Paz – 23/11/2011

Un informe incluido en el reporte del defensor del Pueblo advierte que con dinero del Ministerio de Gobierno, una funcionaria de esa repartición estatal adquirió la cinta masking y alquiló los buses en los que se trasladó a los indígenas a dos poblaciones.

Entre la documentación presentada a la Defensoría del Pueblo por el ex viceministro de Régimen Interior y Policía Marcos Farfán se encuentra el informe de Karolina Vertiz, consultora a cargo del director de Régimen Interior, Boris Villegas.

Vertiz manifiesta que por instrucciones de Villegas se constituyó en Yucumo el 16 de septiembre. El 25, día de la intervención, “la funcionaria dijo que en horas de la mañana recibió una llamada de Boris Villegas, quien le solicitó apersonarse a su hotel, donde se encontraba con Marcos Farfán, Willy Tola, conductor de un vehículo del ministerio, que había transportado 30.000 bolivianos desde La Paz.

En la reunión, Villegas le ordenó hacerse cargo de ese dinero y cooperar con el personal administrativo en la contratación de cuatro buses que se encontraban en el campamento de la ABC.

Tomó contacto con los dueños de los buses, con los que suscribió un contrato para el transporte con destino a la ciudad de Trinidad. El costo fue de 7.000 bolivianos. A las 15:30, aproximadamente, Vertiz dijo que se encontraba en Yucumo “cuando recibió la llamada del Cap. Clavijo, ayudante de órdenes de Óscar Muñoz, quien le preguntó si se encontraban listos los diez buses, a lo que le respondió que sólo había contratado cuatro. El oficial le solicitó que los mismos se dirijan al punto de bloqueo de los colonizadores. Minutos después recibió la llamada de Farfán, quien le indicó que “necesitaban los buses. Se dirigió junto con éstos al punto señalado y ahí observó el operativo de intervención al campamento”.

Con los mismos recursos, y en coordinación con el teniente coronel Henry Terrazas, compró Alimentos para 76 efectivos, 1.000 litros de combustible, 1.200 litros de agua, 20 tenazas cortafrío y diez docenas de cinta adhesiva, ejecutándose la solicitud tal como se demuestra de la factura de compra No 01135 de 25 de septiembre de 2011 de la Ferretería Alan y las gestiones realizadas para obtener agua que estaba destinada al contingente policial.

La factura clave

Compra. Se la hace en la ferretería Alan No. 01135, de propiedad de la señora Ana Elizabeth Rodríguez Vichini.

Detalle. En ese centro comercial se compró 11 tenazas Uyustools, a un costo de 418 bolivianos. Nueve tenazas tramontina, a un precio de Bs 405.

Masking. Esta factura consigna la compra de diez docenas de cinta adhesiva, a un costo de Bs 720.

Total.  La factura tiene un monto final de Bs 1.543, que fue pagado por la funcionaria Karolina Vertiz.

Otros. En su informe a Marcos Farfán, la funcionaria señala también que gastó Bs 7.000 en el alquiler de cuatro buses.

“Sacha Llorenti ordenó reprimir a indígenas”

El defensor pide que fiscalía investigue a los implicados en el caso. El informe libera de culpa al Presidente por la intervención de la marcha por el TIPNIS.

imageREPRESIÓN. Efectivos de la Policía llevan a una mujer indígena durante la violenta represión del 25 de septiembre en Yucumo.

Por Lidia Mamani – La Prensa – 24/11/2011

El exministro de Gobierno Sacha Llorenti ordenó la intervención policial el 25 de septiembre contra la marcha de los indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), dice el informe titulado “Violación de los Derechos Humanos en la Marcha Indígena”, presentado por el defensor del Pueblo, Rolando Villena.

“En el caso que ocupa al presente informe, según la información recabada, la mañana del 24 de septiembre del año en curso, el titular de la cartera de Gobierno, Sacha Llorenti, decide que fuerzas policiales intervengan y desarticulen la marcha indígena. A tal efecto, instruye al viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, constituirse en el lugar y coordinar con el mando policial el citado operativo”.

Asimismo, las conclusiones del reporte dan cuenta de que la intervención policial en San Lorenzo se caracterizó por la represión violenta e indiscriminada a los marchistas. “La Policía Boliviana realizó una represión violenta e indiscriminada contra bebés, niñas, niños, familias, mujeres gestantes y madres, así como a personas adultas mayores. De esta manera, (hubo) actos de coacción brutales contra seres humanos indefensos”.

Los participantes. En la parte de las conclusiones del informe se menciona que la marcha del TIPNIS era legítima, pero ésta fue intervenida en cumplimiento de la orden impartida por Llorenti y el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, quien se desplazó hasta Yucumo, donde lo esperaba el director de Régimen Interior, Boris Villegas, ambos se reunieron con la plana mayor policial, integrada por el general Edwin Foronda, el coronel Óscar Chávez, además de otros nueve oficiales.

Según la descripción, en la cita, Farfán dijo a los jefes y oficiales policiales que se tramitó un requerimiento fiscal por secuestro y tentativa de homicidio contra el Canciller y un policía herido, y que, en cumplimiento de ese requerimiento, existía la orden superior de intervenir la marcha al amanecer del día siguiente.

Los indígenas y la fiscalía. El presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, dijo que no se puede liberar al presidente Evo Morales, porque no puede haber funcionarios intermedios que sobrepasen su autoridad.

Entretanto, según la gubernamental ABI, el fiscal José Ángel Ponce, quien investiga los hechos, expresó que no se descarta convocar al exministro Sacha Llorenti y a las autoridades policiales, con el fin de que ofrezcan declaraciones sobre los hechos ocurridos el 25 de septiembre.

La frase

“Un juez es el que tiene que ver las pruebas para determinar si realmente el Presidente tiene o no responsabilidad. El Defensor se adelantó a definir un criterio, no debió opinar”.

Fernando Vargas / DIRIGENTE INDÍGENA

EL INFORME SEÑALA QUE EL COMANDANTE DE la FUERZA AÉREA, BOLIVIANA, general Róger Tito Gandarillas, dispuso de bienes del Estado, como aeronaves y combustible, además de personal para trasladar a los marchistas arrestados ilegalmente. El Defensor del Pueblo afirmó que el oficial militar se prestó para asumir una acción de cooperación directa en un hecho antijurídico que implica la violación de los derechos humanos.

FUNCIONARIOS del MINISTERIO de gobierno participaron, según la Defensoría del Pueblo, en la violación de los derechos humanos. Citó a Ramiro Delgado, jefe de Gabinete; Karolina Vértiz, consultora en línea; Edwin Contreras, responsable de Bienes y Servicios; Diego Pérez, auxiliar; los miembros del equipo de la Unidad de Gestión de Conflictos y Alerta Temprana, compuesta por Jorge Arzabe, Adalit Rivero y Ernesto Castro.

LOS DETALLES DE LA INTERVENCIÓN A LA MARCHA

LA INTERVENCIÓN

Los policías usaron términos discriminatorios y estigmatizantes en contra de los movilizados.

NO COLABORARON

Las instituciones que no colaboraron en el informe son: el Ministerio Público y la Policía, por su informe parcial.    LA INVESTIGACIÓN

El Defensor pidió que la Fiscalía amplíe la investigación de la represión, e incluso la profundice.