Defensor ve ‘funesto precedente’ si Fiscalía obvia informe; oposición e indígenas: Gobierno busca encubrir a Llorenti

El Defensor afirmó que la investigación ayudará al Ministerio Público a evidenciar las violaciones a los derechos humanos. Chávez dijo que el informe no es objetivo.

La Razón – Iván Paredes – La Paz

Villena ve ‘funesto precedente’ si la Fiscalía obvia el informe

Gobierno descalifica informe del Defensor y justifica el operativo.



image Resguardo. El Gobierno contrató buses para trasladar indígenas.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, confía en que la Fiscalía tome en cuenta en sus investigaciones el informe defensorial sobre la represión policial a la marcha indígena, porque el no hacerlo constituirá un “funesto precedente” para el Estado.

El informe establece que diferentes exautoridades y funcionarios de Gobierno y de la Policía están vinculados con la violación de los derechos humanos de los indígenas, como el libre tránsito. En consecuencia, es necesario que la Fiscalía tome en cuenta el reporte, sostuvo el Defensor.

Apuntan al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, como el autor de la planificación y orden del operativo para desarticular la marcha indígena y evacuar a sus miembros a sus lugares de origen.

El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, consideró en una conferencia de prensa que la Fiscalía no debería tomar en cuenta el documento defensorial porque es una investigación administrativa, que además carece de objetividad y derecho a la defensa.

Villena explicó que la Fiscalía debe decidir si toma en cuenta o no los detalles de la investigación, aunque afirmó que el no hacerlo afectará al Estado de derecho.

“Si fuera así (que no lo utilice) sería un nefasto precedente, porque se estaría resquebrajando el orden constitucional, porque este Estado de derecho está basado en el respeto irrestricto a los derechos humanos”, cuestionó.

Chávez aseguró que el informe de Villena es sesgado y usurpa funciones fiscales. “El informe determina poco más que una sentencia judicial”, denunció.

Vincula a 17 personas, entre exautoridades y funcionarios del Ministerio de Gobierno, como a jefes policiales, con la vulneración de los derechos humanos a partir de la planificación y ejecución del operativo. El 25 de septiembre, los policías golpearon, maniataron y amordazaron con cinta adhesiva a los marchistas en Yucumo.

El fiscal José Ponce tiene la responsabilidad de investigar y establecer responsabilidades. “El Fiscal puede tomar en cuenta el informe para que a partir de la visión de defensa de los derechos humanos pueda ejecutar la investigación”, insistió Villena.

El Defensor del Pueblo aseguró que el operativo no contó con orden fiscal y que los gastos de logística fueron gestionados por el Ministerio de Gobierno. Llorenti negó ayer que haya ordenado el operativo y dijo que se rompió la cadena de mando.

Hay conflictos en Comité Pro Carretera

Los empresarios advierten con dejar el Comité Impulsor de la Carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos si persiste el interés por politizar el tema por parte de la Gobernación, controlada por el oficialismo. Cívicos y universitarios también cuestionan las movilizaciones que promueven sectores sociales.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba (FEPC), Carlos Flores, manifestó su preocupación por la tergiversación de las conclusiones de la reunión interinstitucional, donde se acordó “analizar distintas alternativas para integrar a los dos departamentos”, y no así, dijo, la convocatoria a movilizaciones y concentraciones.

El gobernador Edmundo Novillo informó de que el 9 de diciembre habrá una movilización en defensa de la carretera, mientras que el senador cocalero Julio Salazar anunció que grupos de indígenas del TIPNIS iniciarán una marcha.

La movilización indígena de Trinidad a La Paz logró la aprobación de una ley que veta la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el territorio indígena, declarado intangible.

Además de los empresarios, universitarios y el comité cívico rechazaron las movilizaciones porque el objetivo del Comité es buscar alternativas técnicas. “Si quieren utilizar políticamente la demanda vial, nosotros nos alejamos”, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio, Milton Encinas. Añadió que “debe respetarse las normas y leyes, y la ley que está vigente dice que el TIPNIS es una región intangible”.

Opositores creen que Gobierno busca encubrir al ex ministro

ANF / La Paz – 25/11/2011

Asambleístas de oposición consideran que el Gobierno busca encubrir al ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, con un nuevo cargo en el Órgano Ejecutivo en vista de que la ex autoridad se encuentra estrechamente relacionada al Primer Mandatario. “Es lo más probable que el Gobierno le dé un cargo a Sacha Llorenti, porque -claro- tienen que preocuparse de que el ex ministro no esté muy alejado, ni muy solo, ni muy desatendido, porque seguramente él tiene mucho que decir”, señaló el diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro a la ANF.

El legislador considera que las investigaciones continuarán su rumbo y al final se evidenciará quién fue el verdadero responsable de la violenta intervención policial a la marcha indígena el 25 de septiembre en San Lorenzo, Yucumo.

Por su parte, el jefe de bancada de diputados de Convergencia Nacional, Osney Martínez, teme que el Gobierno nacional siga encubriendo al ex ministro de Gobierno y lo premie con un nuevo cargo ejecutivo.

“Nada raro que para Sacha Llorenti este Gobierno le vaya a crear un cargo a su medida, porque este Gobierno actúa como sastre, hace los trajes a medida y las instituciones a medida del funcionario que quieren poner”, manifestó Martínez.

Los asambleístas de oposición coincidieron al señalar que el defensor del Pueblo, Rolando Villena, redactó un “informe funcional al Gobierno”, liberando de toda responsabilidad al presidente Evo Morales, quien -a criterio de los legisladores- debería estar incluido en las investigaciones que realiza el Ministerio Público.

Villena presentó el miércoles el informe, que ayer fue duramente criticado por diferentes autoridades del Gobierno. La discusión se basó en determinar si el defensor tiene o no esas atribuciones.

Indígenas ven intención de proteger a la ex autoridad

Página Siete / La Paz – 25/11/2011

Los diputados indígenas criticaron la posición gubernamental que rechazó el informe del defensor del Pueblo, Rolando Villena, en el que señala al ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti como el responsable de haber ordenado la intervención policial a la VIII marcha de los pueblos indígenas y ven que existe la intención de proteger a la ex autoridad.

El diputado Pedro Nuni, que celebró que Llorenti haya sido incorporado en el informe del defensor para que sirva al Ministerio Público con fines investigativos, también cuestionó la parcialización gubernamental.

“Deja mucho que desear que el Gobierno salga y proteja a una persona (Sacha Llorenti) que ha humillado y ha hecho vejámenes contra ciudadanos bolivianos que estuvimos en esa movilización”, dijo Nuni.

En esta misma línea, la diputada indígena Blanca Cartagena cree que las autoridades gubernamentales sólo pretenden ocultar los hechos y actúan de acuerdo a sus intereses.

“Ahí se nota que se quiere tapar las cosas que se han hecho, quiere ocultarse y por eso salen tantas declaraciones de los ministros”. Criticó que las autoridades mantengan silencio sobre la violencia cometida en Chaparina el 25 de septiembre, cuando los indígenas fueron maniatados y acallados por los policías con violencia. El presidente del TIPNIS, Fernando Vargas, identificó a Morales como el responsable de la orden. “Quien dio la orden, me corto la cabeza, fue el propio Presidente”, manifestó.

Según Sacha, la Policía precipitó intervención a marcha indígena

Señaló la posibilidad de que jefes policiales le hubiesen mentido.

Hecho. El ex ministro reveló que el operativo se precipitó porque un grupo de 50 a 60 indígenas armados atacó a un contingente policial, lo que posiblemente no pasó.

image El ex ministro Llorenti reapareció ayer ante los medios.APG

Página Siete / La Paz – 25/11/2011

El ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti acusó ayer a la Policía de precipitar la intervención de la marcha indígena el 25 de septiembre en Chaparina, Beni.

“Nos dijeron, y está en los informes, que un grupo de 50 a 60 indígenas armados había ido a atacar a un contingente policial, y que eso habría precipitado el desarrollo de ese operativo”.

Complementó luego: “Ahora llegan otras versiones de que no habían esos ataques. Si eso es así, entonces nos mintieron. Faltaron a la verdad”.

Llorenti aseguró al menos tres veces, durante una conferencia de prensa que ofreció ayer por la mañana en su casa, que ni el presidente Evo Morales ni él dieron la orden que desencadenó el violento operativo en el que los uniformados golpearon, vejaron y maniataron con cinta adhesiva a los integrantes de la marcha.

Pero, ¿quién dio la orden?, Llorenti respondió: “Hay dos versiones, una la del ex viceministro (de Régimen Interior Marcos) Farfán, que dice que él no la impartió, ya sea porque el general (Óscar)Muñoz (ex subcomandante de la Policía) hubiese actuado por su cuenta o hubiese recibido una orden de La Paz, y la versión del general Muñoz que dice que la instrucción la impartió el viceministro Farfán”.

Por lo tanto, “se rompió la cadena constitucional de mando, (que está conformada por) Presidente, ministro de Gobierno y comandante de la Policía. Ésa es la cadena constitucional y ni el Presidente ni el ministro impartieron una orden”, recalcó.

El comandante de la Policía, Jorge Santiestebam, no quiso responder al informe del ex ministro de Gobierno.

Para Llorenti, esa ruptura generó “el carácter violento de la marcha”, por lo que recalcó recurrentemente en su contacto con los medios que “no se impartió orden alguna para iniciar el operativo y que, por supuesto, jamás hubo instrucción de vejar, maltratar, maniatar a las personas”.

Llorenti recalcó que el 25 de septiembre debía llevarse a cabo una reunión de evaluación a las 18:00, “que debía darnos información sobre qué determinaciones tomábamos para evitar un enfrentamiento entre colonizadores y marchistas”.

Luego señaló que está “con el espíritu intacto y la consciencia tranquila, por cada decisión que se tomó” ese domingo.

Llorenti dice que afectó intereses

En la conferencia de prensa que ofreció ayer, el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti recalcó que en su gestión, “como nunca antes”, se realizaron cambios que afectaron intereses dentro de la Policía.

Sin embargo, en ningún momento señaló que éstos hubiesen podido provocar una venganza.

“Realizamos cambios en materia de derechos humanos, de lucha contra la corrupción, de modernización de la Policía, por supuesto afecta intereses y en muchos casos se han cortado la uñas. Imagínense, una medida tan revolucionaria como separar a la Policía de la administración de identificaciones y licencias. Esa medida ha cortado corrupción de millones y millones de dólares y por supuesto hay intereses afectados”.

Complementó que su gestión fue en la que más policías, “como nunca antes, fueron procesados por casos de violación a los derechos humanos, corrupción o narcotráfico. El caso Olorio, ustedes saben, personalmente participé en audiencias para garantizar que haya una debida investigación”, aseveró.

GOBIERNO DESCALIFICA INFORME DEL DEFENSOR Y JUSTIFICA OPERATIVO

La ministra Suxo explicó que el operativo tenía el objetivo de garantizar la seguridad de las personas. El Defensor afirmó que estableció vulneración de DDHH, no delitos.

La Razón – Carlos Corz

El Gobierno descalificó el informe del Defensor del Pueblo sobre la represión a la marcha indígena, porque considera que no es objetivo, asume atribuciones fiscales y no respeta el derecho a la defensa de los vinculados. Además, justificó el operativo porque defendía la vida.

image Conferencia. Los ministros Chávez y Suxo señalaron que el informe defensorial no es objetivo.

El defensor Rolando Villena respondió que el informe establece la vulneración de los derechos humanos, no delitos, por lo que pidió a las autoridades  “no reaccionar hormonalmente” y leer el documento que presentó la tarde del miércoles sobre lo sucedido el 25 de septiembre en Yucumo, Beni.

El exministro de Gobierno Sacha Llorenti respondió ayer que sólo la Fiscalía individualiza responsabilidades. “Puede hacer recomendaciones, pero no individualizar; eso le compete al Órgano Judicial en el marco de un debido proceso”, señaló y añadió que no dio la orden de intervención.

Los ministros de Gobierno, Wilfredo Chávez, y de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, coincidieron en calificar, en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, como “sesgadas” las conclusiones y recomendaciones defensoriales, porque no toman en cuenta aspectos como el derecho a la defensa de los vinculados con el operativo y la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas.

Uniformados reprimieron el 25 de septiembre la marcha en defensa del TIPNIS. Policías golpearon, amordazaron y maniataron con cinta adhesiva a marchistas. La Defensoría inició una investigación y apunta a que el día 24, el exministro de Gobierno planificó y ordenó la intervención, que derivó en la violación de derechos humanos como el libre tránsito.

Suxo recordó que existía riesgo de enfrentamiento entre indígenas y colonos opuestos a la marcha, por lo que el Ejecutivo estaba obligado a garantizar la seguridad de las personas. “El  Gobierno boliviano ha tomado las medidas necesarias, incluso para la evacuación, en ese momento, de los marchistas porque había un riesgo inminente de su vida”. El reporte defensorial señala, a partir de la declaración de la funcionaria del Ministerio de Gobierno Karolina Veriz, que a requerimiento de la Policía se compró cinta adhesiva y se contrataron los buses para trasladar a los marchistas hasta sus lugares de origen.

La ministra aseguró que el Gobierno rechazó y rechaza la violencia ejercida en el operativo y la atribuyó a la respuesta de algunos uniformados a las acciones anticorrupción en la institución. Chávez informó que la Fiscalía establecerá las responsabilidades sobre la violencia, aunque coincidió con Suxo en que “el Estado como cualquier otro, debe tomar todas las acciones pertinentes (para) garantizar la seguridad de los bolivianos”.

Villena indicó que el informe prevé “indicios de prueba en cuanto a la decisión de intervención de la marcha”, pero no identifica la tipificación de los delitos. Para Chávez, sin embargo, “el informe determina poco más que una sentencia judicial”.

Labor. Suxo, quien cumplió funciones en la Defensoría del Pueblo, cuestionó el hecho de que no se haya incorporado en el informe el uso de niños en la marcha. Recordó que la legislación prohíbe usar a niños en marchas políticas, como lo fue —afirmó— la de los indígenas.

Tampoco hace referencia, mencionó, a la toma como rehén del canciller David Choquehuanca, por un grupo de indígenas. “Si bien el Defensor del Pueblo ha equivocado el camino, no-sotros esperamos que rectifique”, señaló.

El informe cita 17 nombres de personas vinculadas con la violación de derechos humanos, entre ellos el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, y el exsubcomandante general Óscar Muñoz, quien guarda detención domiciliaria acusado de haber dado la orden operativa para la intervención. También refiere que Llorenti tendría responsabilidad por violación de derechos humanos.

Chávez espera  que la Fiscalía no tome en cuenta el informe defensorial.

Pide seguir procesos

Posición

El Defensor del Pueblo recomienda a la Fiscalía proseguir acciones penales contra las exautoridades Sacha Llorenti y Marcos Farfán, y funcionarios del Ministerio de Gobierno y jefes policiales.

Puede llevar el caso hasta el legislativo

El Defensor del Pueblo, de acuerdo a ley, tiene como misión defender y proteger las garantías y derechos individuales y colectivos establecidos en la Constitución. Entre sus atribuciones está el investigar y denunciar, de oficio o como consecuencia de una queja, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos humanos, de las garantías, derechos individuales y colectivos.

Concluida una investigación, emitirá resoluciones motivadas y fundamentadas, con la que se notificará a los interesados, al funcionario responsable, al órgano administrativo afectado y a la autoridad superior o dependencia correspondiente, adjuntando los antecedentes del caso.

Las autoridades y servidores públicos están obligados a responder por escrito en referencia al cumplimiento de la resolución notificada en un plazo de diez días. Si en el plazo máximo de 30 días de haberse notificado la resolución, no se adoptaran acciones concordantes con ésta, el Defensor pondrá en conocimiento de la autoridad administrativa superior de la institución los antecedentes del caso. Si esta autoridad, en el plazo de diez días no adopta medidas adecuadas, el Defensor informará de inmediato al Congreso Nacional, con mención de nombres de los responsables.

Llorenti afirma que no ordenó el operativo

El exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, cuestionó el informe del Defensor del Pueblo sobre la represión a los indígenas en Yucumo e insistió en que no dio la orden de intervención.

“Reitero que la instrucción no partió ni del presidente Evo Morales ni del ministro; hubo una ruptura en la cadena de mando”, afirmó la autoridad que es apuntado por la Defensoría como quien planificó y ordenó el operativo. El 25 de septiembre, uniformados golpearon, amordazaron y maniataron con cinta adhesiva a indígenas.

El exviceministro de Gobierno Marcos Farfán reveló a la Fiscalía que una vez que conoció de la intervención informó a Llorenti que el operativo estaba en curso. La exautoridad le habría señalado que le informe cada diez minutos sobre lo que ocurría.

En la intervención, sostuvo ayer, estuvieron presentes tres momentos: “uno, el carácter violento que había manifestado la marcha; segundo, el hecho de que no se impartió una orden para iniciar ningún operativo, y tercero que, por supuesto, jamás  hubo una instrucción de vejar y maniatar a las personas”.

La Fiscalía y no el Defensor es quien debe establecer las responsabilidades sobre lo sucedido, insistió la exautoridad.

Afirmó que el informe defensorial no recoge su versión y sólo incorpora  una conversación sostenida con el defensor Rolando Villena. “Es un informe mentiroso, habla de que yo habría presentado un informe oral ante la Defensoría el 26 de septiembre”.  El Defensor cuestionó en Erbol el porqué Llorenti no pidió detener el operativo en lugar de pedir informes constantes al entonces viceministro.