Marcelo Ostria Trigo
Una de las instituciones ejemplares de Bolivia es el Archivo Nacional, con sede en Sucre, la Capital de la República. Creado por ley del 18 de octubre de 1883, se ha constituido en el más importante y mejor organizado del país. En esta institución se concentra documentación de todo el territorio, que data incluso del siglo XVI, con muy importantes documentos de la Colonia y de la República.
“Bolivia debe ser uno de los muy pocos países del mundo cuya Biblioteca Nacional y su Archivo Nacional funcionan juntos, en un mismo local y bajo una única Dirección para las dos instituciones”, dice un documento de la institución, lo que la hace doblemente importante.
Su prestigio se ha extendido fuera de las fronteras patrias: “Recibe también el depósito de las publicaciones oficiales de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y asimismo es receptora de las publicaciones y materiales que distribuye el Consejo Regional de la División de Información e Informática para América Latina y el Caribe de Unesco”.
Reconocido como patrimonio histórico de los bolivianos y ganado el prestigio del que goza por la dedicación de sus directores -en especial del ya fallecido Gunnar Mendoza Losa y ahora su directora, la señora Marcela Inch Calvimonte- tiene vinculaciones de la mayor importancia en el exterior y recibe valiosa cooperación internacional. Cualquier intento para copar políticamente, por intereses sectarios, este repositorio de la historia y la cultura boliviana, constituiría un atentado contra el acervo nacional.
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Una interferencia política en la administración del Archivo Nacional sería, asimismo, prueba de que se privilegia el abuso frente a la cultura, lo que ocasionaría descrédito internacional y podría perjudicar planes de cooperación en curso.