Llorenti: ‘No se respetó la línea constitucional en el operativo’. Farfán dice que no había orden fiscal para intervención policial a la marcha y la orden pudo provenir del general Muñoz o de Llorenti.
‘No se respetó la línea constitucional en el operativo’
Exautoridad. Llorenti sostuvo durante toda la entrevista que, pese a las contradicciones de sus ahora exsubalternos, ambos coinciden en que no recibieron orden para actuar.
La Razón – Carlos Orías B. – La Paz
Sacha Llorenti – En su primera entrevista desde que dejó el cargo de ministro de Gobierno, Llorenti dijo a La Razón que ni la declaración de su exviceministro Farfán ni la del exsubjefe de la Policía, Óscar Muñoz, ante la Fiscalía demuestran que su antiguo despacho hubiera emitido la orden para que el contingente policial desplegado en Yucumo actúe contra los indígenas que marchaban para rechazar el proyecto carretero por el TIPNIS. Reconoce que hubo planificación del operativo, pero no orden de ejecutarlo.
El exministro de Gobierno Sacha Llorenti aún no ha sido convocado por la Fiscalía para declarar en el marco de las investigaciones por el operativo policial contra la marcha indígena, ocurrido el 25 de septiembre. Su renuncia, dos días después de la violenta intervención de los uniformados, no ha apartado su nombre del denominado caso Yucumo.
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En entrevista con La Razón, la primera que concede desde que dejó el cargo, señala que “no se respetó” la línea de mando en la ejecución del operativo, y reitera que no dio a la Policía la orden de actuar.
— ¿Cuál su versión respecto a la publicación reciente, que señala que usted ordenó la represión a la marcha indígena?
— Remitámonos a lo que dice el diario Página Siete. Si uno confronta el titular con el contenido de la nota, no hay coincidencia. El título dice que “Farfán revela que Llorenti instruyó el operativo de Yucumo”. Y la nota señala una declaración de (el exviceministro de Régimen Interior y Policía Marcos) Farfán en la que refiere (que el exsubcomandante de la Policía Nacional, general Óscar Muñoz): “Me indicó que la situación se había precipitado y se estaba interviniendo”. Farfán preguntó si tenía la orden y el oficial dijo: “Sí, de La Paz”. En ningún momento señala que la orden vino de mí.
Sobre quién dio la orden hay dos versiones, la del general Muñoz —que señala una comunicación telefónica con el viceministro Farfán— y la de éste, que dice que Muñoz recibió la orden de La Paz.
Ninguna versión habla de una instrucción directa ni del comandante de la Policía (general Jorge Santiesteban) ni mía. Esto demuestra que ninguna instrucción para realizar el operativo salió del Ministerio de Gobierno.
Cabe recordar que el sábado 24 de septiembre fue agredido y tomado como rehén el canciller del Estado (David Choquehuanca) y otras autoridades. Había un escenario de violencia con heridos, y esa situación ameritaba que se tomen medidas en el marco de una constante evaluación. La Policía tenía que estar lista para cualquier eventualidad, pero que quede claro que ninguna orden para dar curso a un operativo salió del despacho del ministerio.
Es importante distinguir que más allá que se haya podido instruir el operativo —cosa que no sucedió, lo digo para explicar bien—, es que de acuerdo a nuestras normas, no sólo la Constitución sino la Ley 101 de Régimen Disciplinario prohíben cualquier tipo de maltrato o tipo de uso abusivo de la fuerza. Entonces, los abusos que hemos visto todos por supuesto que tienen que ser castigados.
— Farfán dice que hubo planificación del operativo, pero que se decidió suspenderlo hasta el lunes. ¿Sucedió así?
— Estas situaciones ameritan evaluación permanente. Tenía que haber una reunión operativa a las 18.00 para informar cuál era la situación y recién tomar determinaciones.
— El plan de evacuación se había trazado en líneas generales después de lo ocurrido con el canciller David Choquehuanca, ¿dependía de esas evaluaciones?
— La Policía tenía que estar preparada para cualquier eventualidad y el objetivo central de la presencia policial era evitar un escenario de violencia, evitar un enfrentamiento entre los bloqueadores y los marchistas.
— El exviceministro Farfán afirma que el general Muñoz le reportó que la situación “se había precipitado y que estaban interviniendo” ¿A qué se refiere con que la situación se había precipitado? ¿Qué ocurrió en Yucumo que detonó, según dice Farfán, la intervención?
— Eso lo tiene que indagar la investigación. Hay dos versiones. Una la del exviceministro Farfán y otra del general Muñoz. Las dos tienen puntos de contradicción, pero coinciden en que no hubo una instrucción directa de parte del Ministro de Gobierno.
Ni el exviceministro Farfán ni el exsubcomandante de Policía recibieron orden directa. No hubo esa orden, yo tomé conocimiento cuando ya estaban interviniendo.
Una intervención en una situación de violencia es legal, apoyada por la Constitución. Lo que no es legal son los abusos, el uso excesivo de la fuerza como el que hemos visto. Es una diferenciación clara entre ambos escenarios. En el primero, no existe evidencia que señale que la orden salió de parte del ministerio. Lo ratifica Farfán, lo ratifica Muñoz.
— Si la situación en Yucumo se “precipitó”, ¿qué ocurrió? ¿Tuvo usted conocimiento de qué ocurrió en esa “precipitación” de los hechos?
— Ahí hay dos versiones. Una que señala que un grupo de policías había sido agredido y la otra que señala que los agredidos habían sido los marchistas. Son dos versiones.
— ¿De quién proceden esas dos versiones?
— De los marchistas y de los policías que estaban en el lugar. Hay dos versiones contradictorias que tendrán que resolverse en el marco de la investigación.
— Usted sostiene que hubo planificación, pero que no hubo orden directa de ejecución del operativo, ¿que falló entonces?
— Se dice que hubo planificación, pero no hubo orden, eso suena bastante confuso y nos puede llevar a interpretaciones de distinta índole. Había un escenario de violencia el 24. La Policía tenía que estar preparada con el objetivo de evitar más violencia.
No se siguió la línea constitucional para llevar adelante ese operativo.
— ¿Dónde se saltó esa línea?
— Esa es la contradicción que existe. Farfán dice que Muñoz tenía la orden que venía de La Paz. Muñoz afirma que conversó con Farfán para realizar el operativo. Esa contradicción, sin embargo, ratifica lo que he dicho desde un inicio, que la línea constitucional fue saltada al realizar el operativo.
Según la línea constitucional, el ministro debe dar la instrucción al comandante de la Policía, y éste a los distintos niveles. No se respetó esa línea de mando. Según entiendo, el comandante no dio la instrucción al subcomandante.
— ¿Usted está diciendo que la Policía actuó sin orden de las instancias superiores?
— Lo que estoy diciendo es que hay esa contradicción. La instrucción no salió del despacho del ministro.
— En ese sentido, ¿qué falló?
— Creo que los abusos cometidos son absolutamente censurables y condenables…
— ¿Y de responsabilidad de quién en ese caso?
— Hay responsabilidades inmediatas. Los policías son profesionales con años de experiencia. Lo he dicho, en mi caso, en el periodo que estuve como ministro de Gobierno se han hecho las transformaciones estructurales más importantes de la historia de la Policía. Esas transformaciones han causado resentimiento, intereses afectados, y no nos debe extrañar que algunos de esos intereses hayan tratado de generar un escenario como el que se vivió.
— Ésta es una versión que la ha dicho también el presidente Evo Morales. ¿Usted va a querellarse contra alguien?
— Voy a presentarme de manera voluntaria para declarar sobre este tema. En cuanto a derechos humanos, hemos tratado de hacer lo más posible en este corto tiempo en el ministerio.
— ¿Cuándo declarará?
— Todavía no hay fecha.
— Según el exviceministro Farfán, el general Muñoz dijo que la situación se estaba precipitando y que estaba interviniendo. ¿El oficial de mayor rango en el campo lleva la responsabilidad de lo sucedido?
— Las responsabilidades las determina la investigación. Si se tiene un contingente policial, imagínese responsabilizarse por todos ellos. Por ejemplo, imagine si usted como editor manda a un periodista a hacer una entrevista y en lugar de hacerla, él le da dos sopapos al entrevistado. ¿Es responsabilidad suya o es responsabilidad individual? Así sucede. Lo que puedo decir es que no hubo una instrucción de realizar el operativo.
Perfil
Nombre: Sacha Sergio Llorenti Soliz
Nació: 31 de marzo
Cargo: Exministro de Gobierno
Del activismo al ministerio
Es cochabambino y egresó del colegio La Salle. Es autor de media docena de libros, todos referidos a la temática de los Derechos Humanos. Se desempeñó por más de dos décadas como activista de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y en el anterior gabinete de Evo Morales ocupó el cargo de viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, luego de rechazar la invitación del Mandatario para ser embajador de Bolivia en Estados Unidos. En 2007 ocupó el viceministerio ligado a la actividad de los movimientos sociales. En 2010 pasó al Ministerio de Gobierno.
Farfán confirma el contenido del informe sobre represión policial
El ex viceministro dijo que Evo Morales no ordenó la intervención. RATIFICACIÓN. Rechazó haber acusado a Llorenti en sus declaraciones al fiscal Orlando Riveros; sólo se limitó a relatar los hechos ocurridos aquel 25 de septiembre pasado.
Marcos Farfán, ex viceministro de Régimen Interior.APG
Página Siete / La Paz – 15/11/2011
El ex viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán en breve contacto con Página Siete confirmó anoche el contenido del informe presentado a la Fiscalía de Sucre, sobre la represión policial contra los indígenas del TIPNIS.
Dijo que el informe se presentó en el marco de la investigación fiscal en la etapa preparatoria del posible juicio de responsabilidades contra el Presidente del Estado, ministros y otras autoridades gubernamentales.
Farfán se extrañó de cómo se filtró el documento a Página Siete, pero ratificó que en el mismo él presentó un relato objetivo de cómo ocurrieron los hechos que rodearon la represión policial en las proximidades de Yucumo. Rechazó haber acusado a Sacha Llorenti en las declaraciones que presentó al fiscal Orlando Riveros, que llegó a La Paz para la investigación.
Sin embargo, Farfán manifestó que el informe contiene una relación de los hechos, en los cuales se puede verificar que Llorenti ordenó la intervención, primero para el amanecer del domingo y, después, para el lunes a la misma hora. Hecho que después fue precipitado por el mando policial que llegó a Yucumo el mismo 25 de septiembre.
En el informe que Página Siete ha colgado íntegramente en su diario digital se puede verificar que el ex viceministro desde el principio recibió las instrucciones para “un plan de intervención de la marcha” indígena.
También en el informe se da cuenta de la explicación de las limitaciones logísticas expuestas por la Policía y que Farfán transmitió al entonces ministro Llorenti. “No obstante esa explicación, el ministro fue enfático y taxativo en reiterar que el operativo debía ejecutarse en la madrugada de ese domingo”, expresa el informe.
Presidente Morales
Farfán explicó que el presidente del Estado, Evo Morales, no ordenó la intervención policial a los indígenas, pero después -dijo- conoció de los detalles de la misma, concluido el operativo en proximidades de Yucumo.
Farfán justificó esta explicación debido a que fue una de las preguntas directas del fiscal Riveros en el marco de sus declaraciones en el juicio de responsabilidades que se viene sustanciando en su etapa de investigación en la ciudad de Sucre.
UN critica cercanía de Sacha Llorenti
La diputada de Unidad Nacional (UN) Elizabeth Reyes lamentó que el ex ministro de Gobierno Sacha Llorenti, quien fue visto el sábado saliendo de Palacio de Gobierno en compañía del vicepresidente Álvaro García Linera, continúe en la esfera gubernamental a pesar de las declaraciones del ex viceministro de Régimen Interior Marcos Farfán, que lo señala como el responsable de la orden policial para intervenir la marcha indígena en Yucumo el 25 de septiembre pasado. “Sacha Llorenti sigue gobernando este país junto al Presidente, eso lo sabemos todos, su alejamiento simplemente ha sido hacia la población, pero en realidad Sacha Llorenti es un componente fundamental del Gobierno nacional”.
“Todo el país sabía que quien dio la orden fue el Gobierno y que el ministro Llorenti sabía y fue parte de la intervención a la marcha. El Gobierno le ocultó y le mintió al país, reiteradas veces hemos escuchado al Presidente mentirle descaradamente al país diciendo que no sabía quién dio la orden y lamentamos que esté protegiendo a su amigo en lugar de hacer cumplir las leyes”. (ANF)
SEGÚN FARFÁN, NO HABÍA ORDEN FISCAL PARA EL OPERATIVO
Farfán dice que no había orden fiscal para intervención policial a la marcha.
Declaración. Asegura que la orden pudo provenir del general Muñoz o de Llorenti
La Razón
El exviceministro de Gobierno Marcos Farfán reveló en sus declaraciones a la Fiscalía que el Ministerio Público no tenía orden fiscal para intervenir la marcha indígena. Agregó que la orden pudo provenir del exministro de Gobierno Sacha Llorenti o del subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz.
Operativo. Un uniformado lleva a dos indígenas detenidos. Ambos están maniatados.
Consultado sobre quién ordenó la acción policial, Farfán responde ante la Fiscalía: “Existen dos posibilidades, o el general Muñoz toma una decisión propia o recibe órdenes superiores del Ministerio de Gobierno, sobre la base de una orden directa desde La Paz del Ministerio de Gobierno”.
Farfán, quien estuvo en la zona del conflicto el 25 de septiembre, negó haber dado la orden de intervención porque carecía de orden fiscal. “El general Muñoz avanza hacia la intervención sorprendiéndome, debido a que media hora antes se había quedado en que no era procedente un operativo sin que intervenga el Ministerio Público”, reveló en la declaración que dio ante la Fiscalía, y a la cual tuvo acceso La Razón.
A diferencia de Farfán, Llorenti, en reiteradas oportunidades afirmó que la acción policial contó con requerimiento fiscal; sin embargo, el fiscal general, Mario Uribe, y la fiscal del Distrito, Betty Yañíquez, informaron el 26 de septiembre de que no dieron ninguna orden en ese sentido.
Un contingente de al menos 500 policías reprimió el domingo 25 de septiembre la marcha indígena en Yucumo, Beni.
Golpearon, amordazaron y maniataron con cinta adhesiva a marchistas. El exviceministro reveló en su declaración que el operativo de “evacuación” debía ejecutarse el lunes 26, porque hasta entonces contarían con la orden para que “en presencia de fiscales y con su participación se realice el operativo el día lunes 26 en la mañana, brindándose de esta manera todas las garantías que la Constitución otorga a todas las personas”.
Llorenti y Farfán renunciaron a sus cargos dos días después de los hechos de violencia. El exministro aseguró que la orden de intervención la dio el exviceministro, quien negó responsabilidad sobre lo sucedido.
Farfán añadió que lo ocurrido un día antes del operativo le hace suponer que hubo una orden antelada. “Cuando me presento (la noche del sábado 24) a la reunión de la plana mayor, ya contaban ellos con tres variantes del plan de intervención, por lo que presumo que la Policía tenía una orden antelada para dicho efecto”.
Tras la represión policial, los indígenas que marcharon en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) desde Trinidad a La Paz, fueron trasladados en buses hasta Rurrenabaque, desde donde debían ser llevados vía aérea a sus lugares de origen. Los pobladores hicieron abortar el operativo.
Farfán informó ante la Fiscalía que la parte logística de la acción policial fue cubierta por el despacho del Ministerio de Gobierno, a través del jefe de Gabinete, Ramiro Delgado.
El general Muñoz afirmó también ante la Fiscalía que actuó bajo órdenes superiores, emanadas del Ministerio de Gobierno. Su abogado, Héctor Tapia, evitó revelar el nombre de quién habría dado la orden, porque ahora forma parte de la investigación.
El general fue suspendido del cargo de subcomandante de la Policía y hoy guarda detención domiciliaria por orden judicial. El director de la Universidad Policial, coronel Óscar Chávez, también fue suspendido de su puesto para que asuma defensa por lo que pasó en Yucumo.
Denuncian la violencia
Representantes de las organizaciones indígenas CIDOB y APG, y la oposición política, por separado, plantearon juicios de responsabilidades contra el presidente Evo Morales, por la violencia en Yucumo. El MSM presentó una denuncia penal.
Indígenas piden revelar nombre del que ordenó
La dirigencia indígena pidió al vicepresidente Álvaro García revelar el nombre de quien ordenó la represión en Yucumo y al exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, declarar ante la Fiscalía, para contribuir en el esclarecimiento de lo sucedido el 25 de septiembre.
La dirigente indígena Miriam Yubanové recordó que el Vicepresidente informó de que conocía quién dio la orden de intervención. “Ahora que diga el nombre si es que quiere colaborar a la investigación y al respeto de los derechos humanos”, demandó.
El 25 de septiembre, un contingente de al menos 500 uniformados reprimió en Yucumo, Beni, la marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Los marchistas fueron golpeados, maniatados y amordazados con cinta adhesiva.
El dirigente Lázaro Tacó confía en que la investigación avance para establecer responsabilidades y sanciones. “Dejemos que la investigación avance, pero acá existen culpables y como ministro de Gobierno (Sacha Llorenti) creemos que fue quien dio la orden. Él debe ir a declarar”, afirmó.
Llorenti, quien renunció dos días después de la represión, anunció que se presentará a la Fiscalía para aportar en la investigación. “Voy a presentarme de manera voluntaria para prestar declaraciones sobre este tema”, afirmó la exautoridad en una entrevista con La Razón.
Chávez sugiere careo entre Llorenti y Farfán
El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, sugiere un careo (aclarar aspectos contradictorios) entre las exautoridades Sacha Llorenti y Marcos Farfán para establecer quién dio la instrucción de intervenir la marcha indígena utilizando la fuerza policial.
“Se ve que hay una declaración y hay otra que hay que analizar y contrapesar, eso por parte del fiscal. Hacer los careos pertinentes, hacer que las partes digan su verdad, no somos los jueces, tenemos que someternos todos para saber la verdad histórica de los hechos”, afirmó Chávez según un reporte de la agencia ANF.
El jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, inició un proceso legal para establecer responsabilidades sobre lo ocurrido en Yucumo, Beni.
El subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz, fue suspendido del cargo para que se someta a una investigación. La justicia determinó su detención domiciliaria, mientras que la Fiscalía continúa con la toma de declaraciones de los vinculados en los sucesos del 25 de septiembre.
Chávez evitó referirse a las declaraciones que hizo Farfán a la Fiscalía. “No podemos especular sobre lo que diga una u otra autoridad hasta que no tengamos un panorama completo”, afirmó.
La diputada Elizabeth Reyes (UN) pidió al Gobierno no encubrir al exministro y denunció que éste trabaja en Palacio. El fin de semana salió de Palacio, junto con el vicepresidente Álvaro García. El fiscal José Ponce es la autoridad que investigará el caso en reemplazo de Marco Antonio Vargas.