El exsubcomandante de la Policía boliviana afirmó que la orden salió del Ministerio de Gobierno. Juez dispuso la detención domiciliaria y el arraigo del general Óscar Muñoz.
“La orden salió del ministerio”
El exsubcomandante de la policía guardará detención domiciliaria.
Por Roberto Charca H. – La Prensa – 10/11/2011
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Corte de La Paz: General Oscar Muñoz
El fiscal Marco Antonio Vargas reveló anoche que la orden de reprimir a los indígenas que marchaban hacia La Paz el 25 de septiembre pasado “salió del Ministerio de Gobierno”.
Una columna de originarios marchaba hacia La Paz en demanda de que no se construya una carretera por el medio del TIPNIS.
Vargas aseguró que ése fue el contenido de la declaración hecha por el exsubcomandante de la Policía general Óscar Muñoz, quien fue imputado de genocidio, vejaciones y violación a los derechos humanos.
En la audiencia cautelar, se reveló también que el sábado 24 por la noche, el Comando General de la Policía se reunió para evaluar la forma en que el canciller David Choquehuanca fue llevado por los indígenas para romper un cerco policial y las conclusiones de ese encuentro fueron puestas en conocimiento de las autoridades en la ciudad de La Paz.
El fiscal, siempre con base en el testimonio de Muñoz, dijo que un cuarto de hora después se recibió un llamado telefónico del Ministerio de Gobierno, que ordenó desarrollar el operativo.
Detención domiciliaria. El juez Ricardo Maldonado, en atención al pedido formulado por el Ministerio Público, dispuso la detención domiciliaria y el arraigo del oficial de alta graduación.
Muñoz comandó el contingente policial que intervino con violencia la marcha de los indígenas y, sin contar con orden judicial alguna, dispuso el traslado de los marchistas a sus distritos de origen.
Durante el operativo, las imágenes de la televisión mostraron la dura represión ejercida por los uniformados contra los movilizados.
Muñoz señala al Gobierno por la acción en Yucumo
Represión. La Fiscalía ordenó la detención domiciliaria del Gral.
La Razón – C.Corz, W.Farfán – La Paz
El suspendido subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz, reveló a la Fiscalía que salió del Ministerio de Gobierno la orden de intervenir la marcha indígena. No fue revelado el nombre de quién dio la orden porque será parte de la investigación.
La información fue presentada por el fiscal Marco Antonio Vargas en la audiencia judicial en la que ordenaron la detención domiciliaria del general, quien comandó el operativo en el que reprimieron a indígenas que marchaban entre Trinidad y La Paz para rechazar el proyecto carretero por el TIPNIS.
Muñoz fue aprehendido el martes, tras prestar declaraciones ante la Fiscalía. En la audiencia, que se extendió por más de dos horas, Vargas señaló que el acusado explicó que el 24 de septiembre, un día antes del operativo, estaba en la ciudad de Santa Cruz.
El fiscal relató que Muñoz detalló que una autoridad del Ministerio de Gobierno lo contactó por teléfono y ordenó su traslado a Yucumo, de forma inmediata.
“Muñoz admite que ha sido una autoridad del Ministerio de Gobierno que ha ordenado intervenir y desplazar a gente el 25 de septiembre tras una reunión de análisis y planificación de operación policial, reunión que fue el 24 en Yucumo entre altos jefes policiales y miembros del Ministerio a través del ‘(vice)ministro de Gobierno que era Marcos Farfán’”, afirmó el fiscal. La orden de intervención se dio 15 minutos antes del operativo.
Imágenes de televisión mostraron que el director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas, estuvo en el operativo, mientras que el exministro de Gobierno Sacha Llorenti reveló el 27 de septiembre que Farfán estaba en el lugar de los hechos y ordenó la intervención. El acusado, quien también renunció, dijo en ese entonces que siempre actuó bajo órdenes superiores.
Muñoz lloró tras escuchar la decisión del juez Ricardo Maldonado. La pesquisa tiene como base la denuncia del jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, quien incluyó en el caso a Llorenti, Farfán y a autoridades de la Policía Boliviana.
Vargas manifestó que tienen el nombre de la autoridad, pero que no lo revelarán porque es parte de la investigación. Otras dos denuncias penales y dos demandas de juicios de responsabilidades buscan esclarecer lo sucedido.
Muñoz fue suspendido del cargo el 6 de octubre. La Razón reveló el 28 de septiembre que la ministra de Justicia, Nilda Copa, y otras autoridades solicitaron en la denuncia de toma de rehén del canciller David Choquehuanca en Yucumo, la intervención de la marcha, de ser necesario.
Buscan anular la ley corta
Organizaciones sociales afines al oficialismo organizan una movilización y posterior concentración para el 2 de diciembre para exigir al Gobierno la anulación de la ley corta que vetó la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.
El asambleísta departamental y dirigente cocalero Édgar Tórrez informó de la movilización. “Al menos 100 mil personas nos vamos a concentrar exigiendo la derogatoria de la ley”, afirmó.
El cacique y corregidores de comunidades aglutinadas en el Consejo Indígena del Sur (Conisur) encabezarán la manifestación, adelantó Tórrez y aseguró que existen anuncios del sector de iniciar acciones legales para abrogar la ley corta. Estas iniciativas serán respaldadas por los cocaleros, porque “estos indígenas viven en el lugar y serán beneficiados con el camino”, sostuvo.
La marcha indígena, encabezada por dirigentes de la CIDOB, APG y el Conamaq, logró la aprobación de la ley que vetó obras en el parque.
Aplazan debate sobre reglamento del TIPNIS
El diálogo sobre la reglamentación de la ley corta que declara intangible al TIPNIS fue aplazado hasta el 22 de noviembre. Los indígenas denuncian que el Gobierno no tiene “voluntad política” para terminar de resolver sus demandas y condicionan una inspección al parque a la aprobación del decreto reglamentario.
El dirigente indígena Lázaro Tacó informó de que el Gobierno sólo observó los conceptos de la propuesta de reglamento que presentaron y que limita la intangibilidad al núcleo del parque, garantizando las actividades amparadas en los planes de manejo.
El Gobierno informó de que en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) hay actividades industriales vinculadas a la explotación de madera, turismo y cuero de saurios. El vicepresidente Álvaro García afirmó el martes que el Gobierno hará cumplir la intangibilidad.
Tacó señaló que el Ejecutivo aplazó hasta el 22 de noviembre el diálogo sobre el reglamento, que definirá aspectos como la intangibilidad. Añadió que recibieron una carta del ministro de la Presidencia, Carlos Romero, invitándolos a inspeccionar, junto al presidente Evo Morales, la comunidad de Santo Domingo, ubicada en el territorio indígena.
“Rechazamos la propuesta, ya que bajo qué parámetros se realizaría esta inspección si no hay un reglamento”, informó. La marcha indígena logró vetar obras en el TIPNIS.