Fiscalía dice que el Órgano Judicial boliviano tiene muchas dificultades para investigar los casos de lavado de dinero en el país.
Bienes inmuebles incautados por sospecha de lavado de dinero en Cochabamba. El caso se encuentra actualmente en proceso en instancias judiciales. Daniel James Los Tiempos
Ministra admite fallas en lucha contra el lavado de dinero
Los mayores obstáculos para resolver las denuncias y casos relacionados con lavado dinero en Bolivia son la falta de autoridades judiciales comprometidas y capacitadas en este tipo de casos, los problemas para aplicar y cumplir la norma y una Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) muy pequeña, explicó ayer la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo.
Para el fiscal del Distrito Judicial de Cochabamba, Camilo Medina, el Órgano Judicial tiene muchas dificultades para investigar los casos de lavado de dinero en el país.
La autoridad dijo que también hay dejadez de los jueces y un Ministerio Público débil, razones por las que Bolivia no ha avanzado en la lucha contra el denominado “blanqueo”.
“Hemos visto una dejadez por parte de los jueces que es alarmante”, indicó Suxo en una entrevista con Los Tiempos.
La Ministra explicó así por qué —entre 2006 y 2010— no hubo ninguna sentencia condenatoria en 44 casos de lavado que llegaron a la justicia, mientras la UIF recibió un total de 835 denuncias relacionadas en ese mismo período, de acuerdo con datos del informe de evaluación mutua sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, elaborado en junio de este año por el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud) con la colaboración del Gobierno de Bolivia.
Para Suxo, también existen dificultades en la ejecución de lo que dicen las leyes. “Hay muchas cosas que están en la norma, diría que hay una hiperinflación de normativa para todo, lo que no hay es concientización, pero no sólo de las autoridades sino también de la ciudadanía sobre el cumplimiento de la norma”, añadió.
Entre las deficiencias normativas que el Gafisud halló está la inadecuada tipificación de la legitimación de ganancias ilícitas contenida en el Artículo 185 bis del Código Penal, modificado por la Ley 004.
Suxo señaló también que la UIF boliviana es una entidad muy pequeña, con personal reducido que, si bien está capacitado en el tema, no es suficiente.
“A veces también hay bancos que se niegan a dar información o tardan en dar información. Esa es una de las razones por las que se hizo el decreto para exhortar a los bancos a que den información oportuna, clara, para este tipo de acción. Es una cultura en la que estamos empezando a trabajar”, destacó la autoridad.
Agregó que el Ejecutivo ha hecho avances para generar normas que permitan hacer frente a la legitimación de ganancias ilícitas y destacó la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz —que se aplica especialmente a casos de corrupción—, así como el endurecimiento de las sanciones en el Código Penal.
Organismos tienen “moldes”
La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, dijo que algunos organismos, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tienen “moldes” a los que quieren que todos los países se adecúen y muchas veces no es posible.
Para la autoridad, esa puede ser la explicación del porqué el GAFI ha puesto a Bolivia en una lista de 10 países cuestionados por sus deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero.
El país comparte puesto con Etiopía, Kenia, Myanmar, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Sri Lanka, Siria, Turquía y Cuba, de acuerdo con el último informe del GAFI. Por debajo sólo se encuentran Irán y Corea del Norte.
“Hemos dado avances importantes que no se los toman en cuenta. Lo que pasa es que a veces en este tipo de organismos como el GAFI hay moldes (…) quieren que todos se adecúen a un molde y no es posible porque Bolivia tiene una realidad totalmente diferente, incluso en comparación a Perú, a Colombia, que son países de la región y mucho más con EEUU y Europa”, explicó Suxo.
Los Tiempos