Proyecto. El plan involucraría a jueces y fiscales especializados en adolescentes.
El Viceministerio de Justicia plantea crear un sistema especializado en resolver la situación de adolescentes en conflicto con la ley penal, que involucre a fiscales y jueces aptos para tratar esta problemática. Además, propone procesos rápidos y sanciones alternativas a la detención.
El Alto. Jóvenes de una pandilla se reúnen. Este tipo de grupos son vulnerables a cometer delitos.Foto: Archivo Victor Gutierrez
El “Sistema de Justicia Penal Especializado para Adolescentes” pretende diferenciar el procedimiento cuando sean personas de entre 14 y 18 años las que se vean involucradas en la comisión de algún ilícito, para que sus casos se traten de modo diferenciado y no lleguen a manos de administradores de justicia para adultos.
La Mesa Técnica “Justicia Juvenil” y el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, que elaboraron el anteproyecto de ley que busca establecer y regular este sistema de justicia, confrontaron y consensuaron la norma con 67 instituciones involucradas con la niñez y adolescencia en Bolivia.
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El proyecto prevé la creación de Juzgados de Control Jurisdiccional de Justicia Penal para Adolescentes, Juzgados de Sentencia y la Sala de Justicia Penal para Adolescentes. El Consejo de la Magistratura sería responsable de la implementación gradual de estas instancias. Además, se establece que la capacitación de los jueces y vocales que administren justicia para este sector debe estar a cargo de la Escuela de Jueces del Estado.
Alcance. Los juzgados, en este caso, estarían conformados por un magistrado de justicia penal para adolescentes, una secretaria abogada, auxiliar y oficial de diligencias, además de equipos multidisciplinarios que les brinden apoyo integral.
“Se busca que la justicia penal para adolescentes se tramite mediante un sistema de justicia penal diferenciado, a través de un procedimiento especial y con asistencia de personal especializado, que les trate como personas en proceso de desarrollo físico, mental, espiritual, emocional, moral y social, que respete su dignidad, derechos y garantías”, señaló el viceministro de Justicia, Nelson Marcelo Cox, remitiéndose a los principios del proyecto de ley que proponen.
Los adolescentes que estén entre los 14 y 18 años, y a quienes se les atribuya la comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o leyes especiales, estarán amparados por este sistema, según prevé el proyecto. “No podrá juzgarse a una o un adolescente en la vía ordinaria penal para adultos”, se anota.
Entre los requisitos para ser juez o vocal de los juzgados de este sistema, se exige que los mismos tengan especialidad o experiencia en derechos de la niñez y adolescencia, derechos humanos y el área penal, pero sobre todo no contar con antecedentes de violencia intrafamiliar.
Fiscales. En los procesos penales seguidos contra adolescentes en conflicto con la ley, el Ministerio Público actuará con fiscales que cumplan los mismos requisitos señalados en el párrafo anterior y “si fuere necesario requerirán asistencia de expertos en adolescencia o de un equipo multidisciplinario”, conforme al proyecto, que también ordena que los fiscales no estarán sujetos a rotación ni desplazamiento, salvo y en forma exclusiva, para la atención de casos de esa especialidad.
La detención preventiva de adolescentes podrá aplicarse sólo como medida de último recurso (Art. 52) y la duración máxima del proceso se establece en 18 meses (Art. 60); vencido el plazo, de oficio o a solicitud de parte, se declarará extinguida la acción penal. En cuanto a sanciones, éstas se dividen en socio-educativas y privativas de libertad. Las primeras incluyen prestación de servicios a la comunidad y libertad asistida.
Si se determinara la detención del adolescente, debe ser en un centro especializado hasta cumplir la sentencia, aunque también se establece que cumplidos los 18 años podría ser remitido a un centro penitenciario.
Hay una cárcel para jóvenes
En el país sólo existe un centro destinado a la reclusión de jóvenes y adolescentes que tienen conflicto con la ley. Está ubicado en el municipio de Viacha (La Paz) y alberga a 71 personas.
El Centro de Inserción Social Juvenil “Kalauma” (Piedra y Agua) fue inaugurado en agosto y tiene una capacidad para 300 jóvenes infractores de la ley, de acuerdo con Régimen Penitenciario. Este centro, construido con una inversión de $us 1,5 millones, pretende constituirse en un espacio de rehabilitación de jóvenes y adolescentes comprendidos entre los 16 a 21 años, donde se les brindará educación y se les enseñará un oficio para que lo ejerzan tras salir del centro.
Régimen Penitenciario anotó que este centro se construyó en base a un modelo pedagógico de la Asociación de Protección y Asistencia a los Condenados (APAC), que busca transformar a los privados de libertad en miembros productivos para beneficio de sus familias y de la comunidad.
Apoyo. Para hacer realidad el proyecto, fue necesaria la participación del Vicariato General de la Diócesis de El Alto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Unidad Técnica Local de la Cooperación Italiana y Antonella Scarnecchia, entre otros.
De acuerdo con el viceministro de Justicia, Nelson Cox, “se ha constatado que las condiciones en las que los adolescentes guardan detención preventiva y cumplen condena no son adecuadas (…) en los centros no realizan actividades en beneficio de su desarrollo integral”, por lo que se destaca la labor que empiezan a hacer en Kalauma.
La Razón – Ernesto Calizaya