Juez denuncia presiones en el caso Rózsa

Cree que el Ministerio de Gobierno puede denunciarlo. Los jueces del Tribunal de Sentencia se designarán en 40 días. De los 39 acusados de terrorismo, 18 huyeron del país.

imageEl juez Ricardo Maldonado. Foto Los Tiempos

Juez habla de presiones en el caso Rózsa

Proceso. Cree que el Ministerio de Gobierno puede denunciarlo.



Cecilia Dorado, El Deber

Seguramente me van a iniciar procesos o denunciar, pero yo no actúo en base a presiones”, advirtió ayer el juez quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Ricardo Maldonado, como respuesta al malestar que habría existido en el Ministerio de Gobierno  por la exclusión de algunas pruebas y la cesación de la detención preventiva de dos acusados en el caso Rózsa.

Maldonado, en entrevista con EL DEBER, admitió que no es la primera vez que sucede. Recordó el “impasse” que tuvo con esa instancia en julio pasado, cuando otorgó detención domiciliaria a Juan Kudelka, que llevaba cerca de 11 meses recluido en el penal de San Pedro de La Paz, acusado por el caso terrorismo. En ese entonces, los abogados del Ministerio de Gobierno apelaron la decisión del juez y lo recusaron, pero Maldonado se negó a dejar el caso.

El pasado viernes, el juez excluyó del caso por la ausencia de fiscal el acta de inspección técnica ocular efectuada en el estand de Cotas y Fegasacruz el 17 de mayo de 2010, lugares donde casi un año antes se encontraron armas, explosivos y documentos relacionados al supuesto grupo terrorista liderado por Eduardo Rózsa.  También levantó la detención preventiva para Hugo Melquiades Vásquez y Hugo Paz y les dio detención domiciliaria y fianza, además ordenó el traslado de Alberto Melgar de la cárcel de Palmasola a Mocoví (Beni).

“Tal vez (el Ministerio de Gobierno) me inicie procesos, no sé, pero ayer (el viernes) apeló al finalizar la audiencia. La molestia del Ministerio es por haber excluido pruebas como la inspección al estand de Cotas y Fegasacruz donde estaban las armas. Yo he obrado en justicia, no le debo nada al Ministerio de Gobierno, mi resolución está plenamente fundamentada, porque esa prueba (la inspección ocular) no ha sido legalmente obtenida, no hubo fiscal”, enfatizó.

Consultado sobre si el arsenal valdrá o no como prueba, Maldonado dijo que será el Tribunal de Sentencia el que determine eso dentro del juicio oral que abrirá contra los 39 imputados. Con relación al operativo policial en el hotel Las Américas, realizado el 16 de abril de 2009, Maldonado dijo que esa prueba es válida, aunque se hizo sin presencia fiscal ni orden judicial, ya que “la Policía tiene facultades de intervención ante el fuego cruzado que existió, son situaciones que se pueden dar por la seguridad del Estado”.

Este medio intentó comunicarse con representantes del Ministerio de Gobierno y el fiscal Marcelo Soza, pero no fueron encontrados.

Abogados preparan las apelaciones

La reacción no se deja esperar. Gary Prado, hijo y abogado del general Gary Prado Salmón, consideró que ninguna de las pruebas excluidas por el juez es relevante. “El juez solo excluyó el acta, no la inspección (al estand de Cotas y Fegasacruz), por lo tanto esto no ayuda a nadie. La exclusión que hizo es un decorado para que se diga que se hizo algo, nunca fueron pruebas determinantes”, insistió.

“Se nota la presión del Gobierno sobre el juez para emitir una resolución que vulnera los derechos y garantías constitucionales”, enfatizó al ratificar que esta semana apelarán el fallo.

“La justicia jugó con un árbitro parcializado y  ha dejado en estado de indefensión a muchos de los acusados”, lamentó Luis Orlando Reyes, abogado de David Sejas, quien anunció una apelación y, si es necesario, un amparo constitucional.

La semana que se inicia, el juez remitirá los obrados a la Corte Superior de Distrito de La Paz donde, por sorteo, se decidirá cuál de los siete tribunales de sentencia se hará cargo del juicio que, antes de iniciarse, debe seguir un proceso. Entretanto, una de las salas penales resolverá las apelaciones que se presentarán.

Alistan las apelaciones en caso Rózsa

ALEGAN IRREGULARIDADES.

imageLos acusados por el caso Rózsa al finalizar el juicio en la Corte Superior de Distrito de Cochabamba, el viernes.

Los Tiempos.- Ayer, Gerardo del Prado, defensor de Elod Toazo y Mario Tadic; Pedro Rivero, defensor de Alcides Mendoza, y Paulo Peredo, de Juan Adalberto Torres, ratificaron que tienen hasta el martes para presentar su apelación.

Asesores del Ministerio de Gobierno anunciaron el viernes que también apelarán el fallo a la Corte Superior de Distrito de La Paz porque no están de acuerdo con la exclusión de varias pruebas de parte de Maldonado, juez de Instrucción Quinto en lo Penal Cautelar.

En tanto, Maldonado defendió ayer su resolución, “he obrado en justicia, tanto así que acusados y acusadores han quedado inconformes con el fallo”, dijo ayer el juez que rechazó las declaraciones en sentido que estaría favoreciendo al Gobierno con su decisión.

“Yo no recibo presiones de ningún lado para tomar mis decisiones y por es razón ahora tengo problemas con el Gobierno y los acusados”, dijo el juez. Los acusados tienen tres días a partir del momento del fallo para presentar su apelación ante el mismo juez Maldonado. Éste deberá remitir la documentación a una instancia superior, en este caso la Corte Superior de Justicia de La Paz, para que ese tribunal resuelva la apelación.

Gerardo del Prado, abogado de Elod Toaso y Mario Tadic, dijo ayer que apelará el fallo al considerar que está viciado de irregularidades. “Hay una prueba que no tenía ninguna incidencia al ser anulada”, reclamó.

Del Prado dijo que lo más preocupante es que en su resolución el juez Maldonado ha afirmado que el operativo en el hotel Las Américas fue legal, “cuando en realidad las pruebas demuestran lo contrario”.

“Lo único que nos queda es apelar esta resolución, por ley tenemos una plazo hasta el martes. Vamos a hacer que un tribunal superior revise la acción del juez y establezca un nuevo esclarecimiento de esta serie de irregularidades que se han presentado en el juicio de dos años”, afirmó Del Prado. Insistió en el hecho de las autoridades judiciales reconozcan que el operativo no ha sido legal, y que hubo torturas y violaciones a los derechos humanos.  “Creemos que el juez Maldonado es independiente y que se trata más de un error de percepción de lo que es y no es legal”, dijo.

Pedro Rivero, abogado de Alcides Mendoza, otro de los acusados por el caso Rózsa, confirmó también que presentará una demanda de apelación.

En tanto, Paulo Peredo, defensor de Torres, dijo que de principio el juicio fue incompleto. “Ha sido una resolución que ha empezado por los pies y ha terminado en la cabeza. Una prueba es que se ha promovido varios incidentes pero el juez en su parte resolutiva no fundamenta por qué se los ha rechazado”, dijo.

Juez Maldonado se defiende

El juez Ricardo Maldonado, que resolvió enviar a juicio oral a los 39 implicados en el caso Rózsa, dijo ayer que su rol no fue establecer la inocencia o culpabilidad de los acusados, “simplemente mi labor fue sanear el proceso”.

Aseguró que actuó en justicia “porque he anulado pruebas que no estaban legalmente apoyadas. Por ejemplo, inspección al stand de Cotas donde se denunció la existencia de armas la he anulado, porque no había la presencia de un fiscal en ese operativo.

Dijo que los acusados tienen todo el derecho de apelar pero que solamente un tribunal superior puede determinar si tienen o no razón.

Maldonado lamentó también que el Ministerio de Gobierno esté molesto por su trabajo porque por motivos humanitarios “he dado detención domiciliaria a dos acusados”.

“El Gobierno también va a apelar porque me acusan de pertenecer a un logia en Santa Cruz y de favorecer a Gary Prado”, dijo .

Los jueces del caso Rózsa se designarán en 40 días

De los 39 acusados de terrorismo, 18 huyeron del país. Las observaciones de los defensores fueron rechazadas por el juez Ricardo Maldonado.

La Prensa – 6/11/2011

El juez Ricardo Maldonado dispuso que en el término de 40 días se forme el tribunal de sentencia que juzgará a los 39 acusados de terrorismo, después de haber concluido la etapa de instrucción del proceso.

Durante esa parte del juicio, se lleva a cabo la investigación, se obtienen las pruebas correspondientes y se las pone a consideración de un juez cautelar, quien debe validarlas para que sean utilizadas en la fase oral del proceso penal.

La madrugada del 16 de abril de 2009, un operativo policial abatió a Eduardo Rózsa Flores, quien comandaba una célula irregular, cuya finalidad declarada por su propio líder era la defensa de Santa Cruz y, en su caso, la secesión del país.

Las decisiones del juez. El juez Ricardo Maldonado determinó que las pruebas aportadas por el fiscal Marcelo Soza son válidas con excepción de tres, que no fueron obtenidas legalmente.

Después de que se forme el tribunal, se abrirá el juicio oral, público y contradictorio, que concluirá con la sentencia.

Otto Ritter, abogado de uno de los acusados, el general en retiro Gary Prado Salmón, anunció que apelará el fallo judicial.

Entretanto, Zoilo Salces protestó por la ausencia de los autonomistas de Beni y Santa Cruz que abandonaron a su suerte a los acusados por este caso.

12 personas permanecen bajo detención preventiva y nueve, con arresto domiciliario por este caso.

La célula de Eduardo Rózsa flores estaba compuesta por militantes de extrema derecha, como árpád Magyárosi y Micheal Dwyer.