Organizaciones de Bolivia piden vigencia de agenda de Octubre

Actores y sectores sociales que formaron parte de las protestas de octubre de 2003 consideran que esta agenda “está más vigente que nunca”, más aún después de lo sucedido con los indígenas del Tipnis en días pasados.

image El dirigente Óscar Olivera.



Contradicen al presidente Evo Morales, quien en una concentración masiva del MAS, el 12 de octubre pasado, dio por cumplida la “agenda de octubre 2003” y convocó a las organizaciones y sectores sociales para elaborar una nueva en diciembre próximo.

Esta convocatoria fue reiterada el 31 de octubre pasado e incluso Morales dio pautas sobre los temas que deben entrar en ese debate, como el de la subvención a los carburantes.

Según el Mandatario, la agenda 2003 se cumplió con la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos (dos hechos que los anota como los logros más importantes de su primer mandato), y la industrialización de los hidrocarburos uno de los mandatos que aún faltaba cumplir, ya se habría encaminado con la inauguración en días pasados de la construcción de una planta de separadora de hidrocarburos en Yacuiba.

Según la autocritica realizada por algunos legisladores del MAS, entre ellos Roberto Rojas (La Paz) otro punto de la agenda que no se cumplió es el enjuiciamiento de Sánchez de Lozada y su gabinete por la masacre en El Alto de octubre de 2003.

El 17 de octubre de 2003, con la renuncia y huida del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada terminó la denominada “guerra del gas”, declarada en contra de la intención del gobernante de vender gas a Chile y que fue violentamente reprimida.

Dejó como resultado más de 60 muertos y 400 heridos, pero además como mandato para los nuevos gobernantes una agenda social, política y económica.

“Primero hay que ver si Evo estuvo o no en el país en las luchas de octubre de 2003, para que asuma como suyo algo de lo que no fue parte, él de hecho no la conoce (la agenda), por tanto, menos puede asegurar haberla cumplido”, sostuvo el dirigente de la Coordinadora por el Agua y hoy integrante de un grupo de disidentes del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), Óscar Olivera.

En el balance del cumplimiento de la agenda, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) son aún más duros con el presidente Morales. Consideran que no se dio la nacionalización de los hidrocarburos, Sánchez de Lozada y sus ministros aún están libres, el modelo económico de libre mercado establecido por el 21060 está vigente y no hay una reactivación productiva, ni generación de nuevas fuentes de trabajo.

Según Olivera, la agenda de octubre, por la que se convulsionó el país hace ocho años, exigía sobre todo transparencia, participación plena de la ciudadanía en la toma de decisiones, el establecimiento de un nuevo modelo estatal. “Fue para decir principalmente un basta al saqueo y el despojo de los recursos naturales por los sectores neoliberales y capitalistas”. “Hoy vemos que no hay transparencia en la toma de decisiones, están decidiendo el futuro del país los mismos sectores. El proceso de nacionalización de las empresas petroleras no es tal, se han hecho procesos de recuperaciones con dudosas indemnizaciones, pero además hoy, el manejo de estas empresas es absolutamente cerrado y partidario; por tanto, no hay transparencia ni participación en la definición del destino de estas empresas”, aseveró Olivera.

Un programa “a medida”

Para el exdirigente de la Coordinadora del Agua, Óscar Olivera, el llamado del Gobierno de Evo Morales a una “cumbre social” para diciembre sólo busca enterrar la agenda de octubre 2003, porque quiere que las cosas se mantengan como hasta ahora, que unos cuantos sigan decidiendo por todos, seguir subordinados a la grandes intereses externos, que continúe el saqueo de nuestros recursos.

Pero, además agregó quiere construir una nueva agenda a su medida, porque quienes asistirán a esa cumbre serán con seguridad sectores afines a su Gobierno y al MAS.

“Eso no lo vamos a permitir, la agenda de octubre 2003 sigue vigente y no va ser sustituida por una agenda del MAS que es lo que se quiere, para decir que ése es el mandato del pueblo”, precisó el exdirigente fabril.

Contrariamente, sectores como los empresarios y la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) acogieron la propuesta de elaborar una nueva agenda. La Cámara Nacional de Comercio, a través de su presidente Óscar Calle, respaldó la posibilidad de elaborar una nueva agenda sobre todo económica, conjunta entre Gobierno, empresarios y otros sectores sociales.

LOS PLANTEAMIENTOS DE LA AGENDA

La agenda de octubre de 2003 se fijó en el proceso de derrocamiento del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada por su intención de vender gas a Chile. Entre los puntos centrales están:

CONSTITUYENTE

La agenda se fijó como prioridades políticas la inclusión social a partir de la convocatoria a una Asamblea Constituyente para que redacte una Constitución Política del Estado (CPE) con nuevas reglas de juego en el escenario político nacional y económico, para beneficiar al pueblo.

Sin embargo, la Asamblea Constituyente no cumplió su objetivo, el debate sobre los cambios se resolvió fuera del hemiciclo en torno a las autonomías, la capitalidad plena y otros temas y el proyecto de Constitución aprobado mediante referéndum, fue resultado de un pacto político-partidario en el ex Congreso Nacional.

Hoy, a más de dos años de su vigencia está en entredicho la aplicación y cumplimiento de ese texto Constitucional por el propio Gobierno.

HIDROCARBUROS

La nacionalización de los hidrocarburos, la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la industrialización de los recursos naturales eran tres mandatos centrales de la agenda 2003. El Gobierno de Morales, el 1 de mayo de 2006 como una primera medida política, “estatizó” los campos petroleros y gasíferos y a partir de allí creó bonos sociales como parte de la “democratización de la economía”.

Para muchos, no hubo esta nacionalización sino sólo fue una transferencia o migración de los contratos petroleros aprobados por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada con las empresas transnacionales a otras, como Repsol YPF, Petrobras e incluso Pdvsa.

La refundación de YPFB es evaluada como un total fracaso, porque fue administrativo y no operativo, dando lugar a una mayor corrupción, el caso del exlíder del MAS, Santos Ramírez.

El proceso de la nacionalización, industrialización de los hidrocarburos y del aparato productivo como fue planteado en octubre de 2003, debía representar la captación de un excedente económico, pero el gasolinazo de 2010 y el que se puede dar en diciembre próximo, muestra todo lo contrario.

JUICIO DE RESPONSABILIDADES

La agenda también fijó como mandato para los nuevos gobernantes, el enjuiciamiento de los autores de la represión de El Alto. El juicio por los delitos de genocidio en su forma sangrienta se desarrolló y concluyó el mes pasado, pero sin la presencia de Gonzalo Sánchez de Lozada y nueve de sus ministros que están fuera del país y no hay avances en los trámites para su extradición.

La sentencia condenatoria se dictó contra cinco ex jefes del Alto Mando Militar y dos ministros, estos últimos se acogieron al perdón judicial.

Los Tiempos – 6/11/2011