Piden solución dialogada al conflicto limítrofe entre Potosí y Oruro

Potosí impulsa proyecto de ley para delimitación y da  plazo hasta el 20 de noviembre para su respectivo tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Legisladora pide solución dialogada al conflicto limítrofe entre Potosí y Oruro

La Paz, 1 nov (ABI).- La senadora del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), Carmen García, pidió el martes a los representantes de los departamentos de Potosí y Oruro encontrar soluciones al conflicto pendiente de límites mediante el diálogo.

    "Invoco a los hermanos de ambos departamentos a que se realice un diálogo como instancia democrática y que cada una de las partes no mantengan una posición radical sino más bien muestren amplitud y comprensión, de esa manera se va a poder llegar encontrar soluciones al conflicto", argumentó.



    A su juicio, el conflicto no puede continuar acrecentando enfrentamientos y avasallamientos entre departamentos "hermanos", por lo que, llamó a los dirigentes de ambas regiones a iniciar un dialogo en busca de soluciones definitivas.

    Por su parte, el representante de la población de Coroma, en el departamento de Potosí, Esteban López, pidió a las autoridades del Ejecutivo buscar una  solución al conflicto en base a los "documentos históricos" que tienen ambos departamentos.

    "Lo que nosotros queremos es que se respeten nuestras tierras y los documentos históricos y ancestrales que tenemos sobre el título de propiedad de esas tierras en conflicto, y lo mismo debe hacer Oruro, entonces la determinación la tomarán las autoridades correspondientes y el pueblo boliviano, quienes verán con estos documentos quién tiene la razón", sustentó.

    El departamento de Oruro reclama un territorio sobre la frontera con Potosí, que abarca las comunidades de Coroma y Quillacas, donde se han registrado avasallamientos.

Potosí impulsa proyecto de ley para delimitación

image PLAZO HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE.

El Potosí y agencias

En reunión con la Ministra de Autonomías Potosí se presentó toda la documentación histórica y, ante la ausencia de la delegación orureña, se priorizó la entrega de la propuesta de ley especial en el Departamento para solucionar el conflicto limítrofe entre Coroma (Potosí) y Quillacas (Oruro), señalando como plazo el 20 de noviembre para su respectivo tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El gobernador potosino, Félix Gonzáles, manifestó a el Potosí que “ante la negativa de Oruro ha trabajar de manera conjunta, ya que sólo participó de la reunión su Gobernador, hemos decidido presentar la propuesta de Ley que se elaboró en Potosí dando un plazo para su tratamiento hasta el 20 de noviembre”.

Asimismo, la autoridad, explicó que para prevenir futuros enfrentamiento en la zona se solicitará al Gobierno la militarización del sector limítrofe que comprende aproximadamente 100 kilómetros. “Vamos a solicitar la militarización para evitar enfrentamientos con resultados que las familias orureñas y potosinas podríamos lamentar”, dijo.

Documentación ancestral

El curaca mayor del distrito de Coroma del Departamento de Potosí, Esteban López, pidió que se solucione el conflicto limítrofe en base a documentación ancestral que tienen respecto a las zonas en conflicto.

"Hemos pedido una ley especial para el caso Coroma-Quillacas de Oruro, que diga que la solución al conflicto limítrofe sea en base a los documentos ancestrales”, indicó.

Dijo que no pretende tener un enfrentamiento con el Departamento de Oruro, sino una "pelea en base a documentos" para que, de esa manera, el pueblo boliviano vea quién tiene la razón.

Reunión fallida

Oruro no asistió a la convocatoria que hizo el Gobierno para este lunes y solucionar el litigio limítrofe que tiene con Potosí.

La ministra de Autonomías, Claudia Peña, criticó la actitud de los representantes orureños y culpó al Comité Cívico de esa región de impedir un encuentro entre los sectores en conflicto.

“Debemos llamar la atención respecto de las determinaciones que están sosteniendo las autoridades de Oruro. Hay una resolución departamental liderada por el Comité Cívico que prohíbe atender estas convocatorias”, puntualizó la autoridad.