El plan de operaciones “TIPNIS”, fue emitió el 7 de septiembre. La oposición cree que hubo orden política y apunta al exministro Sacha Llorenti.
Policía entregó al Gobierno el plan de intervención a la marcha 18 días antes
El plan de operaciones, denominado “TIPNIS”, fue emitió el 7 de septiembre.
Página Siete/ La Paz – 17/11/2011
Dato. El documento, al que tuvo acceso Página Siete, está firmado por el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban. El escrito fue entregado por el ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, al Ministerio Público.
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Unos 18 días antes de la represión policial a indígenas en la localidad de Chaparina, cerca de Yucumo, la Policía diseñó el plan de operaciones llamado “TIPNIS”, a través del cual se anunciaba un “auxilio humanitario” para los marchistas, la logística y demás acciones. Todo en coordinación con el Ministerio de Gobierno.
El plan de operaciones N° 11/2011 “TIPNIS” fue emitido el 7 de septiembre, 18 días antes del operativo policial que derivó en golpes y una serie de maltratos por parte de efectivos a los indígenas que marchaban a La Paz.
El documento, al que tuvo acceso Página Siete, está firmado por el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban; el director nacional de Planeamiento y Operaciones, coronel Carlos Flores Cuéllar; y el jefe del Departamento Nacional de Operaciones, coronel Franz Alvarado.
“El Comando General de la Policía Boliviana, a través (…) de los comandos departamentales de Policía de La Paz y Beni; a orden se encontrarán en estado de apronte y listeza a fin de reaccionar de manera inmediata y oportuna ante posibles alteraciones del orden legal (…) debiendo ejecutar operaciones policiales de control y seguridad para sentar las bases de autoridad, restablecer el orden público precautelando los derechos humanos y garantías”, señala la misión del plan de operaciones.
A solicitud de la Fiscalía, el ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, presentó este documento al Ministerio Público. Sobre su contenido, dijo ayer escuetamente que el plan “es una actividad rutinaria, simplemente eso. Toda actividad tiene un plan, ¿no es cierto?”.
El documento señala que la Policía actuará “ante la posibilidad de existir una denuncia interpuesta en el Ministerio Público y por existir un requerimiento fiscal, que ordena a la fuerza pública para que ésta proceda a realizar el ‘auxilio humanitario’ (intervención) de la marcha indígena originaria por atentar contra la vida y la salud de mujeres, niños y ancianos que se encontrarían marchando”. La intervención se realizó sin orden fiscal.
“Personal de la Dirección Nacional de Salud, entre médicos, enfermeras en ambulancias ingresarán…acercarse con la finalidad de cuidar la salud de las personas… y proceder a la inmediata evacuación de los mismos en buses para su traslado a un centro médico”. Sin embargo, el operativo fue violento.
Dentro de la parte operativa, se señala que “el comandante operativo hará conocer al Comando General las novedades de importancia en el momento que éstas se produzcan”. Asimismo, indica que “el comandante operativo remitirá al Comando General el informe de las acciones realizadas”. Se conoció que el jefe del operativo fue el general Óscar Muñoz, ex subcomandante.
“El día D a la hora H, de acuerdo con la responsabilidad asignada, avanzarán al área de operaciones para realizar el auxilio humanitario, intervención de la marcha indígena originaria, que posterior a la evaluación médica por personal especializado, proceder a la evacuación de mujeres, niños y ancianos para ser trasladados a un centro médico”, dice el plan en su fase operacional.
Plan sugería que efectivos sean jóvenes
Una de las instrucciones que debían dar los comandantes departamentales era la de “organizar adecuadamente al personal operativo de los organismos y unidades operativas de su jurisdicción, comprometiendo en lo posible la participación de jefes, oficiales y policías jóvenes para el cumplimiento del presente PLANOP (plan operativo). Asimismo, se instruía “requerir el apoyo logístico necesario del Ministerio de Gobierno para el cumplimiento exitoso de la misión”, así como la dotación de medios, equipo y armamento policial reglamentario con el uso exclusivo de agentes químicos no letales.
Hay luces sobre la orden operativa de la represión; oposición pide al autor político
La Fiscalía estableció que el general Muñoz dio la orden para la acción operativa en Yucumo. El exministro de Gobierno afirmó que la orden la dio Farfán, éste lo negó.
La Razón – Iván Paredes – La Paz
A 53 días de la represión a la marcha indígena, salen a la luz detalles sobre cómo y quién organizó la parte operativa de la intervención, pero aún está en debate si la Policía actuó bajo orden política. La oposición cree que sí hubo orden política y apunta al exministro Sacha Llorenti.
En el Movimiento Al Socialismo (MAS), mientras tanto, guardan silencio sobre el curso de la pesquisa. Los diputados oficialistas Edwin Tupa y Emiliana Aiza evitaron comentar las revelaciones que surgieron hasta hoy y se limitaron a señalar que la indagación está en manos de la Fiscalía.
Un contingente de al menos 500 policías reprimió la marcha indígena el 25 de septiembre en Yucumo, Beni. Los uniformados golpearon, amordazaron y maniataron con cinta adhesiva a los marchistas. La Fiscalía inició de oficio y a denuncia del jefe del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado, la investigación para establecer responsabilidades.
El exviceministro de Gobierno Marcos Farfán estuvo en la zona de conflicto y reveló en sus declaraciones a la Fiscalía que el también exministro de Gobierno Sacha Llorenti instruyó la intervención policial el 24 de septiembre, aunque ese mismo día aplazó el operativo hasta el lunes. Señaló que el suspendido subcomandante de la institución del orden, general Óscar Muñoz, dio curso al operativo y que incluso instruyó a los uniformados utilizar cinta adhesiva.
“O el general Muñoz (con detención domiciliaria) toma una decisión propia o recibe órdenes superiores del Ministro de Gobierno”, planteó Farfán.
El diputado de la opositora Convergencia Nacional (CN), Tomás Monasterios, consideró que Muñoz no actuó el 25 de septiembre sin una instrucción directa del Gobierno. “La Policía siempre respetó la cadena de mando en todos los operativos, por más pequeño que sea. Acá existe una orden que salió del Gobierno y falta definir quién la dio”, afirmó el legislador.
La Fiscalía estableció que la orden operativa la dio Muñoz, que a su vez, también en declaración ante el Ministerio Público, afirmó en su descargo que recibió instrucciones superiores provenientes de La Paz. No fue revelado el nombre de quién dio la orden.
Llorenti, en una entrevista con La Razón, niega haber impartido la instrucción de intervenir y afirmó que se rompió la cadena de mando en la acción policial de ese domingo, aunque Farfán reveló que el exministro tuvo información permanente de lo que ocurrió y que incluso pidió anoticiar de lo sucedido a la prensa.
El diputado opositor Luis Dorado pidió a la Fiscalía convocar al comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, para que explique de dónde vino la orden de intervención policial. “Es la primera vez que un subjefe o un subalterno manda en la Policía”, criticó.
Hasta el momento, sólo Llorenti identificó a Farfán, parte del Gobierno el 25 de septiembre, como la persona que dio la orden de intervenir. El exviceministro, empero, rechazó la acusación y afirmó que no tenía atribuciones de esa naturaleza.
Un día después del operativo, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, aseguró a la red Uno que la orden para la acción policial “vino de nosotros, como Gobierno”.
Para el senador opositor Marcelo Antezana fue el presidente Evo Morales quien instruyó el operativo. “El soldado no puede haber dado una orden para que se mueva un avión, eso viene del Capitán General”.
El comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Tito Gandarillas, reveló el 10 de octubre que autorizó el envío de aviones al Beni para trasladar a los indígenas marchistas a sus lugares de origen.
Del Granado pidió ayer a la Fiscalía la detención preventiva del exministro de Gobierno, por considerarlo el “principal” autor de la intervención policial a la marcha indígena. El fiscal del caso, José Ponce, evitó hacer comentarios sobre el curso de la pesquisa.
El fiscal Vargas dejó el caso
Recusación
El fiscal Marco Antonio Vargas fue alejado de la investigación del caso Yucumo por una recusación de la defensa del general Óscar Muñoz. El fiscal José Ponce asumió la responsabilidad de la indagación.
El Defensor pide destituir a la Fiscal de Distrito
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, solicitó ayer al fiscal general, Mario Uribe, destituir e iniciar un proceso a la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, por incumplimiento de obligaciones y por obstaculizar el trabajo de la Defensoría en la elaboración del informe sobre la intervención policial a la marcha indígena.
Villena envió una nota a la Fiscalía General en la que hace conocer que, en el marco de sus competencias, solicitó a Yañíquez copias de la declaración del general Óscar Muñoz sobre los hechos en Yucumo. La fiscal respondió que no podía atender el pedido porque el cuaderno de investigaciones lo tenía el fiscal Marco Antonio Vargas, quien desmintió este extremo.
Yañíquez, refiere un documento de la Defensoría del Pueblo, condicionó su colaboración y pidió la presentación de un memorial hasta las 20.00 del viernes 11 de noviembre, no obstante que ya existían dos requerimientos con la misma solicitud enviados el 1 y 7 de noviembre. El cuaderno de investigación fue enviado al nuevo fiscal del caso José Ponce, pero sin el requerimiento defensorial. Ante estos hechos, pide el procesamiento y destitución de la fiscal.
Fiscalía convocará a más personas
El fiscal del caso Yucumo, José Ponce, informó de que elaboran una lista de personas que serán citadas a declarar en el marco de la investigación destinada a establecer los hechos y responsabilidades de la represión a la marcha indígena.
“Tenemos nombres de varias personas, pero no vamos a adelantar ninguna situación al respecto”, anticipó.
Ponce asumió el mando de la indagación en reemplazo de su colega Marco Antonio Vargas, quien fue recusado por la defensa del suspendido subcomandante de la Policía, general Óscar Muñoz. El jefe policial guarda detención domiciliaria y es acusado de haber dado la orden operativa de intervención.
El fiscal explicó que el equipo de investigadores a su cargo analiza el contenido de los cuadernos de indagación para definir las acciones que se van a tomar en los próximos días.
Ponce no descartó la posibilidad de un careo entre las exautoridades Sacha Llorenti y Marcos Farfán, pero —señaló— “puede haber más personas involucradas en estos careos”. El ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, negó haber sugerido un careo entre Llorenti y el exviceministro Farfán.